Octavio Rodríguez Araujo
Ahora que la suprema corte de justicia de la nación (así con
minúsculas) ha dictaminado que la libertad de expresión está por encima de las
afectaciones al honor y a la reputación de las personas y empresas periodísticas
(La Jornada), haré uso de mi libertad de expresión para decir que
Calderón me está amenazando en mi calidad de firmante de la denuncia presentada
ante la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra y de algunos de sus
empleados (García Luna, Galván y Saynez) y El Chapo Guzmán, entre
otros.
La denuncia no es contra el gobierno de la República, pues en estos casos
no tienen cabida en la CPI, sino contra personas con responsabilidad pública y
atribuciones de mando sobre policías, soldados y marinos que han asesinado,
desaparecido y atropellado a muchos mexicanos, violando sus derechos
constitucionales y también sus derechos como seres humanos.
Ningún presidente de la República, en 44 años de escribir en periódicos, me
había amenazado por lo que firmo. No sé cómo Calderon cumplirá su amenaza, pues
los delitos contra el honor fueron eliminados del Código Penal Federal.
Ya no
son delitos los golpes y otras violencias físicas simples, injurias, difamación
y calumnias. Si el principal inquilino de Los Pinos recurre al Código Civil
Federal (artículo 1916), en el mejor de los casos podría acusarme, junto a otras
23 mil personas (y las que se agreguen), por daño moral, ya que podría
argumentar (con el apoyo de un sicólogo de reconocida solvencia) que con la
denuncia mencionada hemos menoscabado su integridad síquica (la física no ha
sido tocada).
Sin embargo, deberá tomar en cuenta que el Código Civil dice que
se trata de un ilícito si tal posible afectación es ilegítima, pero no es el
caso pues hemos recurrido a una corte penal reconocida y avalada por el Estado
mexicano.
Que con dicha denuncia hayamos afectado la integridad síquica de
Calderón, a juzgar por su reacción, no es nuestra culpa. Personalmente siempre
he pensado que quien se arriesga a jugar el papel de presidente de un país tiene
la piel dura y sabe que se expone a ser criticado.
¿En qué consiste la amenaza de Calderón? Las imputaciones en la denuncia son,
para él, infundadas e improcedentes, verdaderas calumnias y acusaciones
temerarias (es su opinión, y hasta podríamos decir que es respetable), pero
luego viene la amenaza:
por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros nacionales e internacionales. Proceder legalmente contra los 23 mil firmantes. Esta es la amenaza.
Lo que hemos pedido es una investigación y todavía falta que la denuncia sea
aceptada por la CPI. Personalmente espero que sí sea procedente y que se hagan
las averiguaciones pertinentes. Alguien tiene que ser responsable por los
crímenes que la
guerrade Calderón ha provocado, por la tortura, por las violaciones al artículo 16 constitucional y otros relacionados con las garantías individuales.
Muchos somos los que hemos opinado sobre estos temas, tanto en las
páginas de este diario como en las de otros medios.
El pueblo mexicano conoce
mejor que nadie los excesos cometidos por las autoridades en contra de inocentes
e incluso de presuntos culpables.
Miles de inocentes han perdido la vida en
operativos y acciones de policías, militares y marinos, y hay claros
testimonios de ello, así como de violaciones a mujeres por parte de los mismos.
Hemos visto también fotografías y videos de tratos inhumanos y de tortura a
presuntos hampones, y hasta de asesinatos en lugar de los juicios legales que
ordenan nuestras leyes.
Una cosa es que sean delincuentes de la peor ralea y
otra que se les trate como perros rabiosos acorralados. Todo mundo merece un
juicio justo y, desde luego, la demostración de sus culpas.
La scjn (así con minúsculas) sentó precedente en el litigio de La Jornada
contra Letras Libres que, como bien señala el editorial de este
diario del martes pasado, abre la puerta para que cualquier actor social pueda
formular, sin temor a consecuencias legales, toda suerte de calumnias contra
terceros, así sean tan disparatadas e infundadas como el libelo publicado en la
revista dirigida por el ultraderechista y mentiroso Enrique Krauze (sobre el
calificativo
mentiroso, me baso en el libro de Manuel López Gallo, Las grandes mentiras de Krauze, Ediciones El Caballito, 1997).
Aun así,
los abajofirmantes de la denuncia ante la CPI no estamos formulando calumnias ni
mucho menos difamando a nadie. Los hechos y los datos asentados en el expediente
respectivo han sido ampliamente documentados.
Es mi opinión, señor Calderón, que su reacción a nuestra denuncia, encabezada
por el joven y brillante abogado Sandoval, ha sido desmedida y más propia de una
personalidad autoritaria que de un demócrata apegado a derecho.
Modestamente le
sugiero que no lleve el asunto ante la scjn (así con minúsculas) porque ésta
está obligada a contestarle que por encima de las que usted llama
imputaciones falsas y calumniosasestá la libertad de expresión.
Esta es
la paradoja del litigio entre nuestro diario y la revista Letras Libres: La
Jornada ganó perdiendo y usted y sus empleados García Luna, Galván, Saynez,
etcétera, quedaron desprotegidos jurídicamente para actuar en nuestra contra.
Nadie sabe para quién trabaja.
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