El
gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha focalizado como uno de sus principales
objetivos en materia de seguridad, acabar con la operación de las máquinas
tragamonedas en Baja California, negocio al que señalan como uno de los
causales de la delincuencia infantil y juvenil, elevando su posesión,
transporte y uso, a un acto de corrupción de menores.
El
negocio es sumamente redituable, pues según el vicefiscal regional Pedro Ariel
Mendívil, se obtienen alrededor de 3 mil pesos diarios de cada unidad instalada a lo largo del Estado,
cuya proliferación fue permitida por pasadas administraciones que no atacaron
el tema con la seriedad que merece.
La
estrategia jurídica contra los maquineros y el aseguramiento de inmuebles, data
desde el 20 de noviembre de 2019, cuando en el Periódico Oficial del Estado se
publicó una serie de reformas al Artículo 261 del Código Penal estatal,
adicionando varios puntos que especifican la producción, uso, traslado y
posesión de máquinas tragamonedas como un acto de corrupción de menores.
Entre
los puntos a destacar en la reforma se encuentra:
“Se
impondrá prisión de 3 a 6 años y de doscientos a quinientos días de multa a
quién produzca, acondicione, manufacture, trafique, comercie, suministre
máquinas tipo tragamonedas y similares habilitadas para realizar apuestas en
lugares públicos y/o clandestinos, sin las autorizaciones correspondientes”.
Asimismo,
“… habrá lugar al decomiso de los bienes producto de las conductas antes
descritas que procuren, faciliten o induzcan a la corrupción de menores”.
Bajo
estos argumentos, la Fiscalía General del Estado ha asegurado inmuebles, y en
algunos casos, se han generado nuevos delitos por la ruptura de los sellos.
La
hipótesis de Bonilla Valdez y de los fiscales, es que menores de edad tienen
acceso a estas máquinas, y es precisamente en estos puntos donde se les ofrece
la primera cerveza, el primer cigarro o el contacto con la droga; también han
detectado robos domiciliarios cometidos por menores con adicciones, y presumen
que su primer contacto fue precisamente con las máquinas de apuestas.
El
vicefiscal regional incluso comentó que detectaron a narcomenudistas que se
benefician con estas máquinas.
“Sí
hay una vinculación (con narcomenudistas), quizá es la caja chica de los grupos
delincuenciales; las cantidades son millonarias, las que se perciben de manera
diaria, mensual”, señaló el funcionario.
ZETA
logró confirmar, por medio de diversas fuentes allegadas al combate a la
inseguridad, que Felipe Eduardo Barajas Lozano, conocido como “El Omega”, uno
de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en Mexicali, es propietario
de numerosa cantidad de “maquinitas”.
LA OPERACIÓN DE LOS “MINICASINOS”
Son
alrededor de 2 mil “maquinitas” instaladas en diversos puntos de la ciudad. La
Fiscalía General del Estado ha detectado que su operación era visible y que
nadie los molestaba, pese a las ganancias que genera y el daño a la salud
pública que ocasiona respecto a las adicciones, sobre todo en los infantes.
Esta
premisa sostuvo el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, quien en entrevista
dio a conocer que dichas máquinas son trasladadas a Baja California desarmadas
desde el continente asiático, o bien, son adquiridas en el interior de la
República -Jalisco, uno de los puntos más identificados- y se trasladan hasta
esta entidad.
Su
adquisición es sencilla. De hecho, a través de páginas de internet como
mercadolibre.com o directamente en redes sociales, pueden comprarse a partir de
mil 300 pesos.
Una
vez aquí, los “maquineros” convencen a las tiendas de abarrotes a que -por una
módica cantidad- les permitan tener estos juegos de azar en sus negocios,
adquiriendo así un recurso extra por el simple hecho de resguardar las
tragamonedas. Cada día o cada semana, dependiendo de la ubicación y
concurrencia, sujetos acuden al local y retiran el dinero.
Según
el vicefiscal Mendívil, para retirar el dinero de todas estas máquinas, es
necesaria la intervención de gran cantidad de personas. Aunque reconoció que
desde que asumieron la responsabilidad, han obtenido importantes resultados
como el decomiso -en una primera etapa- de 96 máquinas. Posteriormente se logró
el retiro de 114 unidades, además de asegurar 16 inmuebles y realizar 19 cateos
en diversos puntos de la ciudad.
Mendívil
García aseveró que actualmente existe una unidad especializada para investigar
a los “maquineros”, lo que ha permitido realizar diligencias importantes y
“reventar” almacenes habilitados como casinos clandestinos, los cuales llegan a
resguardar hasta doce o trece unidades de azar, sin permiso de operación y que
otorgan premios de hasta 5 mil pesos cada una.
Coincidentemente,
las zonas con mayor incidencia en robo domiciliario y otras modalidades, son
precisamente donde más máquinas tienen identificadas, y ejemplificó el Valle de
Mexicali, la colonia Baja California, Pueblo Nuevo y algunas comunidades del
Oriente de la ciudad, con altos índices delictivos.
Fotos:
Cortesía.- Manuel Andrés Roa Gutiérrez – Felipe Eduardo Barajas Lozano, el
Omega – Hector Gilberto Carrasco Santana “El Chamuko”.
Precisamente
la noche del martes 18 de febrero, elementos de la Policía Investigadora
“reventaron” unos abarrotes llamados Orozco en la colonia El Refugio, una
pequeña demarcación ubicada en los alrededores de Santa Isabel, al Poniente de
la ciudad, de las de mayor incidencia delictiva en la Capital del Estado.
Ahí
se logró incautar tres máquinas y se clausuró el inmueble, el cual podría ser
decomisado por la Fiscalía General del Estado a través de un juicio, debido a
las nuevas reformas en materia penal que facilitan la extensión de dominio,
cuya aprobación se realizó -según el secretario general de Gobierno, Amador
Rodríguez Lozano- hace aproximadamente dos meses.
Por
su parte, Mendívil García pidió a la ciudadanía que ya no se preste a recibir
estas máquinas, pues corren el riesgo de perder su patrimonio por obtener un
poco más de dinero. La facultad de solicitar el decomiso de la propiedad es de
la Fiscalía y se lleva a cabo a través de un juicio de carácter civil.
LOS OPERADORES
Evidentemente,
un negocio de esta magnitud deja grandes dividendos a sus propietarios. Fuentes
de inteligencia de la Mesa de Seguridad identifican a varios individuos detrás
de ese negocio.
Según
fuentes consultadas, Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, lugarteniente
del Cártel de Sinaloa, tiene entre 200 y 250 máquinas distribuidas en el Valle
de Mexicali; esas no se tocan, pues se sabe a quién pertenecen. Aunque su
actividad principal es el resguardo de la plaza y el narcomenudeo, bajo el
respaldo de un lugarteniente apodado “El Ruso”, del que poco se sabe, pues
tiende a ser sigiloso en sus operaciones, “El Omega” habría ampliado sus
operaciones a otro tipo de ilícitos.
Marcas
de la mafia
Barajas
Lozano comenzó a destacar en 2017, al sostener una rencilla armada contra otros
integrantes del Cártel de Sinaloa por el control de la ciudad, sobre todo
contra Vicente Martínez González “El Guilo”, quien habría huido del Estado para
refugiarse -acorde con algunas fuentes- en Sonora o Aguascalientes, a raíz del
asesinato de un elemento del agente municipal Ignacio Villagómez Robles en
Ciudad Morelos.
El
autor material de ese crimen era Jorge Eduardo Pérez Jiménez “El Charal”, uno
de sus operadores, abatido por policías municipales de San Luis Río Colorado,
Sonora en diciembre de 2019. A esta reyerta se le adjudican gran cantidad de
asesinatos en el Valle de Mexicali, sobre todo en la Zona Norte.
Fuera
de las máquinas adjudicadas a “El Omega”, el resto -según la misma fuente-
solían tener un acuerdo con policías de la Fiscalía General de la República que
tenían exclusiva facultad para incautarlas. Sin embargo, a raíz de la
intervención del Gobierno del Estado se han obtenido datos del combate a este
negocio ilícito.
Fuentes
ministeriales identifican claramente a algunos personajes como Héctor Gilberto
Carrasco Santana “El Chamuko”, quien ya ha sido detenido por otros delitos y al
que se adjudica la propiedad de varias máquinas, precisamente en la Zona
Poniente de la ciudad; su signo característico es un personaje caricaturesco
que hace honor a su mote.
Fuentes
de inteligencia le relacionan con otro operador de nombre Manuel Andrés Roa
Gutiérrez, el cual se considera el principal propietario de estas máquinas de
azar. Sin embargo, es poca la información, pues no cuenta con antecedentes ni
mandamientos judiciales hasta el momento.
Los
organigramas todavía no están perfectamente definidos, pero entre los negocios
ilícitos también figura el nombre de un empleado de la Oficialía Mayor del
Gobierno del Estado, de nombre Juan Ismael Fregoso Villalobos, quien fue
detenido por la Policía Ministerial del Estado y liberado posteriormente,
debido a una mala integración en la investigación en su contra por parte del
Grupo de Robos.
Según
la Fiscalía General del Estado, cuenta con antecedentes como allanamiento de
morada, robo a transeúnte y portación de placas robadas. A este individuo se le
relaciona también en el negocio de las máquinas, desde que fue videograbado en
una tortillería de la Zona Poniente de la ciudad en 2018.
ZETA
publicó el video donde se observa claramente la imagen del sujeto que en ese
momento -junto con otros dos individuos- se hizo pasar por agente ministerial y
se agenció una máquina establecida dentro del comercio. El hecho motivó a las
autoridades ministeriales a ponerlo bajo arresto, pero fue liberado al poco
tiempo.
Otro
de los operadores identificado por el Grupo Coordinación, es Julio Ernesto
Prado Camacho, al que se le adjudican algunas máquinas en Ciudad Guadalupe
Victoria y unas tantas -escasas- en el Oriente de la ciudad., al igual que un
individuo del que solo se sabe, lleva por nombre Luis Reyes.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 24 FEBRERO, 2020 01:00 PM)
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