Se ha publicado y documentado
que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios que pertenecen al Consejo
Mexicano de Negocios financiaron la elaboración de materiales para desacreditar
a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la Presidencia. Los
empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo,
que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la
gubernatura del Estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato
frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez,
compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de
la revista Letras Libres que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze.
La semana pasada ejecentral
-de donde quien esto escribe es socio-, publicó un reportaje titulado
“Operación Berlín: conjura AntiAMLO”, que daba cuenta del trabajo realizado,
que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la
campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición,
citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con
el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada
ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender
cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.
El reportaje coincidió con
una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó
rutas perniciosas. El día que apareció “Operación Berlín”, el jefe de la Unidad
de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto,
reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional, que estaban
investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, el
financiamiento de campañas negras contra el candidato López Obrador, y
eventualmente lavado de dinero.
Nieto hizo pública una red de
vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente
contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había
identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de
propaganda contra López Obrador. Nieto replicó de lo que había hecho un mes
antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía,
Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas
presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de
conflictos de interés y a sus familiares de lavado de dinero.
En ambos casos se puede
argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al
revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera
que exigen las instituciones internacionales. Darlas a conocer, junto con la
identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el
debido proceso y, en un país de leyes, tendría no sólo que anularse cualquier
juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que
debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley. Nieto
se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de
que lo que está buscando el gobierno que representa es una censura o, de
acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la
libertad de expresión.
Esta línea de pensamiento se
liga con lo que sucedió con la secuela de “Operación Berlín”. El énfasis en la
crítica y denuncia -en algunos casos- no fue contra quienes pagaron las
campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador
es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda
contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo
hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui
Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura. El historiador, que
ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un
linchamiento mediático, lo que si se revisa el comportamiento de las
consecuencias de las revelaciones, tienen sentido.
Nieto no lo consideró
relevante en su investigación, donde Krauze no aparece por ningún lado, pero es
la figura central de todo este episodio. Todo esto huele a podrido. El tema
brincó a la mañanera en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta
expresa, el presidente López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas
diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse.
Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho
menos, al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras
podrían ser tranquilizadoras, pero no lo son.
El patrón de insultos y
calumnias contra Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al
presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que
cuestione al presidente, aún cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de
los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales.
En un texto que publicó en el portal Sin Embargo Sanjuana Martínez, cercana a
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y nueva directora de
Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los
días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, “la guardia pretoriana” del
presidente.
La presión, el acoso, la
violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio
en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quien disienta del Ejecutivo. El
texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí
están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión. López Obrador es producto
puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de los que ahora atacan sus fieles,
contribuyeron, aún estando en desacuerdo con sus ideas como Krauze, a que estas
se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/20 DE MARZO DE 2019)
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