El dictamen de la Cámara de
Diputados sobre la revocación de mandato, deberá ser rechazado por mal hecho,
tendencioso y antidemocrático. Prevé solicitarlo con el 3% de firmas del padrón
-el estándar en las naciones es 20%- con un umbral de participación del 25%, el
respaldo del 33% del Congreso y el Senado, o una solicitud del Ejecutivo.
Establece que sea un referéndum concurrente con las elecciones intermedias, cuando
lo normal es después del medio término, para eliminar el factor de la
popularidad del gobernante. Es decir, prepararon un manjar para el paladar del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el Senado, donde querían
debatirlo y aprobarlo este mismo jueves, no se va a poder. El coordinador de
Morena, Ricardo Monreal, admite que no hay consenso y que se tendrá que
discutir de manera más amplia. La oposición afirma que el dictamen es
inaceptable, pero su argumento es que no quieren que la fotografía de López
Obrador esté en la boleta electoral porque haría campaña por candidatas y
candidatos de Morena. Se puede argumentar que tienen razón. Si eso sucediera,
es probable que Morena los barra en las elecciones y que algunos partidos como
el PRI y el PRD, caminen a su desaparición.
Con una visión de corto
plazo, la oposición quiere legislar una reforma de gran calado. Intelectuales y
políticos han identificado otro riesgo, abrir la puerta a López Obrador para
que busque la reelección presidencial en 2024, a lo que el presidente respondió
con la firma de un compromiso donde garantiza que su mandato termina como lo
manda la Constitución, en este caso, el artículo décimo quinto transitorio de
la reforma de 2014, el 30 de septiembre de ese año. El debate de la revocación
del mandato está atrapado en la coyuntura política.
López Obrador realizó dos
referéndums sobre la revocación de mandato cuando gobernaba la Ciudad de
México, en 2002 -a los dos años de haber iniciado- y en 2004, pero no en 2003,
cuando se realizaron elecciones intermedias. Aduce que el cambio de año es por
razones de costo -papelería y capacitación de funcionarios de casilla, por
ejemplo-, lo que parece baladí frente a decisiones costosas en materia
presupuestal, pero altamente redituables para su narrativa de cambio, como la
venta del avión presidencial que, hasta la fecha, sólo ha costado su hospedaje
en Estados Unidos y su mantenimiento, o el despilfarro de 100 mil 300 millones
de pesos porque 700 mil personas, muchas de ellas en zonas Indígenas y rurales
en Chiapas, Tabasco y Veracruz, votaron contra la construcción del aeropuerto
en Texcoco.
El presidente, un animal
político en el más puro sentido aristotélico, muy consistente en su repudio
maderista de la reelección, quiere mantener el poder, pero no para él sino para
Morena, a fin de consolidar su proyecto de nación. Esto no se le puede
criticar. Lo ilógico y absurdo sería que no quisiera hacerlo. El poder se
ejerce y se procura extender para poder consolidar todo aquello que comenzó.
López Obrador es un enamorado de la democracia participativa, donde el
referéndum es una parte vital de su metabolismo. Por ello acompaña el dictamen
con consultas ciudadanas, para que queden plasmadas dentro de la Constitución.
Sin embargo, la revocación de mandato no es un recurso que necesariamente
fortalezca la democracia, sino que, de acuerdo con una línea de pensamiento
amplia, la limita. En América Latina, los únicos países que tienen este recurso
a nivel presidencial son Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos
la discusión se dio desde los Papeles Federalistas en el Siglo 18, y hasta hoy
no se aplica a nivel presidencial.
Una de las razones que se
aducen sobre la fragilidad del recurso en una democracia, es cómo puede ser
utilizado por grupos de interés para dañar a un funcionario electo. Es el caso
que se dio en 2003 en California, donde se revocó el mandato al gobernador Gray
Davis -el último de ese nivel que haya perdido el cargo por un referéndum-,
como resultado de una campaña financiada por un diputado federal que deseaba
sustituirlo, grupos de interés de derecha y extrema derecha, y por una crisis
energética exógena al estado. Pero hay otros factores más importantes.
Uno de ellos tiene que ver
sobre la certidumbre política. En países donde los mandatos son fijos, el
sistema crea certidumbres para la gobernanza. Plantear la revocación de mandato
a la mitad del término, reduce el periodo de planeación gubernamental a tres
años, insuficientes para el desarrollo de cualquier proyecto de largo plazo,
para la implementación de políticas públicas, para el entorno de inversiones y
para la estabilidad política. En países donde existe la revocación de mandato,
se llegan a dar paralizaciones de los funcionarios electos para evitar las
malas evaluaciones de los electores. El otro es el impacto en la legitimidad,
donde al ganarse una elección, el mandato es para cumplir con el plazo
establecido, por lo cual, al incorporar el recurso a medio término, altera esa
legitimidad y daña el orden de la sociedad, a la que se pretendía dotar de un
instrumento democrático para empoderarla.
El ideal político sería tirar
a la basura la iniciativa de López Obrador y legislar sobre una ley que
contribuya constructivamente a la propuesta: regresar a periodos de cuatro años
de gobierno -como hubo hasta Lázaro Cárdenas-, pero con reelección. De esta
manera, el presidente tendría cuatro años para poner en marcha su gobierno y
entraría, si así lo desea, en un proceso de reelección, que en la práctica es
un referéndum sobre la gestión del gobierno. Esto sería lo mismo, pero mucho
mejor.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/21 DE MARZO DE 2019)
No hay comentarios:
Publicar un comentario