Foto: Cristian Torres
En el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, el jueves 7 de marzo de 2019 ya estaba listo
el proyecto que daba respuesta a las cuatro impugnaciones que se presentaron
contra la resolución del Tribunal Electoral Estatal de Baja California, en la
cual cambiaron un transitorio de la Ley para modificar de dos a cinco años el
periodo para la siguiente gubernatura del Estado.
El proyecto del magistrado
Indalfer Infante González, revocaba la sentencia del Tribunal Electoral Estatal
y regresaba el periodo de dos años para la gubernatura a elegirse el domingo 2
de junio de 2019.
Uno de los argumentos fue que
la impugnación presentada por la morenista Blanca Estela Favela se hizo de
manera extemporánea, es decir, fuera de los tiempos que marca la Ley para
impugnaciones. Por lo tanto, el Tribunal Electoral de Baja California, debió considerar
eso y “sobreseer la demanda del recurso al haberse interpuesto de manera
extemporánea, en atención a lo dispuesto en los invocados preceptos legales”,
confió un analista a esta columnista.
Efectivamente, el recurso de
Blanca Estela Favela fue presentado ante el Tribunal Electoral local el 22 de
enero de 2019, mientras que la convocatoria para la elección a gobernador de
Baja California para el periodo 2019-2021, fue publicada en el periódico El
Mexicano por el Instituto Estatal Electoral el 31 de diciembre de 2018.
Además, la convocatoria se
publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 4 de enero de
2019. Considerando que es válida a partir del día siguiente de la publicación
-5 de enero de 2019-, cualquier interesado debió impugnar en los tiempos
legales, del 6 al 10 de enero. No el día 22, como lo hizo la enviada de
Morena/Jaime Bonilla.
El magistrado hizo énfasis en
el Artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, que
textualmente establece: “Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco
días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o
la resolución que se impugna”.
Lo cual indica claramente que
la abogada Favela pudo haber impugnado desde los primeros días de enero de
2019, dado que la convocatoria del IEE se hizo pública el 31 de diciembre de
2018. Por alguna razón no lo hizo. O en ese entonces no era de su interés ser
aspirante a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional, o le era
indiferente que fuese de dos años, o nadie se lo había solicitado. Pero no lo
hizo y, cuando actuó, fue de manera extemporánea, por lo cual su recurso debió
sobreseerse en el ámbito local.
Pero no sucedió. Dos de tres
magistrados electorales locales votaron a favor de cambiar el transitorio y
dejar una gubernatura de cinco años.
Y efectivamente, el proyecto
del Trife estaba listo el jueves 7 de marzo y revocaría la sentencia local…
hasta que “alguien”, cercano de hecho a la Presidencia de la República, dio la
orden que el proyecto fuese regresado para su análisis a la sala judicial y no
fuese votado aún. Con ello, se detuvo de manera indefinida la resolución que,
de entrada, daba marcha atrás de la decisión local y regresaba el periodo de
dos años que fue votado en el Congreso del Estado de Baja California en 2014.
A la par de lo que sucede en
el Trife, en Baja California los demonios de la negociación y el interés
económico andan sueltos en el Congreso del Estado. Quienes están al tanto de
las “operaciones” políticas, informaron que es intención del diputado de
Morena, Héctor Mares, que en la sesión de hoy viernes 8 de marzo, se vote la
iniciativa que en su momento presentó la priista Patricia Ríos y que fue
congelada en ese Cámara, para cambiar el periodo de dos a cinco años de gobierno
en la siguiente administración.
Esto lo hace el diputado de
Morena y sus ahora aliados, cuando en el Trife existen cuatro impugnaciones
(una del PAN, una del PRI, una de Jaime Martínez Veloz y otra más de Francisco
Jiménez de la Peña) aún sin resolver, contra la resolución del Tribunal
Electoral local para, precisamente, ampliar el periodo de la siguiente
gubernatura.
Héctor Mares es de las
personas más cercanas y ligadas a Jaime Bonilla Valdez. Lo hizo diputado
federal cuando fue suplente, y le ha dado prácticamente el partido antes de
hacerlo diputado local al solicitarle a Víctor Morán que solicitara licencia al
cargo de legislador bajacaliforniano.
Para el madruguete que
quieren hacer en el Congreso del Estado tienen cómplices, pues a Morena, con
sus aliados no le alcanzan los votos. Son necesarios los del PRI, y
particularmente los del PAN. En el Revolucionario Institucional, los de Morena
aseguran contar con los favores de Marco Antonio Corona, y en el PAN, con la
querencia de Carlos Torres Torres, quien dicen, anda muy pegado a Morena por
razones afectivas personales.
Entre los tres, Mares, Corona
y Torres, aseguran el primero de 19 votos para hacer una reforma constitucional
y modificar el periodo de dos a cinco años. También presumen que no ha sido
gratis. Que ha costado, y ha costado dinero.
Considerando que los asesores
de Morena alardean que ya traen ocho de los trece votos del PAN, el mismo
jueves 7 de marzo por la noche tenía pensado arribar a Baja California el
dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, para meter orden entre los
legisladores azules, pues el gobernador Francisco Vega de Lamadrid o no puede,
o no ha querido, o ya adquirió compromiso con quien se asume será el primer
gobernador de Movimiento Regeneración Nacional en la entidad.
Y así, la transa de la
gubernatura de cinco años para cumplirle el capricho a Jaime Bonilla, se juega
en dos pistas: en controlar y/o manipular las decisiones del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, y en controlar y comprar los votos en el
Congreso del Estado de Baja California para hacer una reforma constitucional
que requiere de 17 levanta-dedos. Ojo, mucho ojo.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ADELA NAVARRO BELLO /VIERNES, 8 MARZO, 2019
05:00 AM)
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