La rebelión de los criminales está en curso en Guanajuato. Esta
semana, en respuesta a un operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron
gente para bloquear carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío que se
conoce como “el triángulo rojo del huachicol”, igual a como se denominan los
siete municipios poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El
operativo militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no
pudieron entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos
líderes de bandas delincuenciales.
Las unidades militares entraron finalmente a una zona de guerra entre
el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez,
apodado El Marro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere
arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha
causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años
se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial
detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de lo que sucedía hace 15
años, cuando los criminales tenían control territorial en varias partes del
país. Sin embargo, hoy se ha agravado.
En el gobierno del presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa,
Milenio y el Golfo tenían control territorial en casi 100 municipios. Pocos en
el comparativo municipal en el país, pero demasiado. El control era absoluto.
Tenían en sus nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de
Financias y de Obras, el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban
protección en los estados y a jefes militares, y daban igualas a
periodistas –algunos corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad
de México-. En esos años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a
los municipios en el norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del gobierno
de Estados Unidos que querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a
ir por él a sus guaridas.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra
contra las drogas elevó las tasas de homicidios dolosos, se logró arrebatar a
los cárteles el control territorial en el país, que tuvo un retroceso en el de
Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de combatir a los cárteles, en su primer año
de gobierno. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede
en los campos de guerra del narco, es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca:
ninguna fuerza federal entra hasta que es insostenible su pasividad o evidente
su complicidad.
Actualmente se ha agravado el estado de cosas porque López Obrador
ofreció primero una amnistía a los narcotraficantes, lo que les permitió operar
con mayor libertad, y luego proclamó el final de la guerra contra el
narcotráfico porque, aseguró, no sirvió para nada, salvo para incrementar la
violencia. Lo que desató aún no alcanzamos a medir en su total consecuencia.
Santa Rosa de Lima no es un síntoma de lo que está pasando, sino una realidad.
Una de las externalidades que ha provocado el robo de combustible en El Bajío
es la cascada delincuencial provocada.
Un ejemplo es la carretera México-Querétaro, que se ha vuelto un
peligro a todas horas. Son varios los casos de privación de libertad y robo.
Uno de ellos reciente sucedió a las cinco de la tarde, cuando por unas llantas
la autopista, el vehículo donde viajaba una familia se detuvo. Cuando retiraba
las llantas llegó un convoy con 17 personas armadas y los privaron de su
libertad. Nunca dejaron de tener la pistola en la cabeza del hijo menor, y
obligaron al padre a darles todas sus tarjetas de crédito y darles su dirección
para que recogieran los tokens y le vaciaran las cuentas. Cuando lo hicieron,
los amenazaron: si cancelaban las cuentas, matarían al chofer, a quien habían
golpeado fuertemente. Si los denunciaba, sabían dónde vivían y los matarían a
todos.
No hay sorpresas. Enero fue el mes más violento en la historia, y la
tendencia de homicidios dolosos sugieren que 2019 será más rojo que 2018,
cuando se rompieron todos los récords. Esto no va a cambiar porque la
estrategia del gobierno lópezobradorista contempla sólo el combate a la
delincuencia del fuero común. Ni los cárteles ni el narcotráfico serán
enfrentados porque en el análisis del gobierno el problema no son ellos, sino
quienes roban, extorsionan, secuestran o cobran protección.
Es el mismo error que cometió Peña Nieto, quien soslayó que la
delincuencia organizada tiene ramificaciones indivisibles con la delincuencia
del fuero común. Si no los capos, sus subalternos y sus legiones de matones,
mutan de delito o participan en los del fuero común y los del fuero federal. La
estrategia de seguridad del gobierno federal toca únicamente a los delitos del
fuero común. Para esto, identificó 259 puntos en donde actuarán militares y
policías como fuerza de reacción rápida. Es decir, una especie de sistema de
emergencias 911.
La estrategia tendrá resultado positivos sólo en esas zonas en el
corto plazo, pero será funesto para el resto del país y, en esas mismas
regiones, en el mediano y largo plazo. Esto ya lo hemos visto. Esta estrategia
elevará los índices delictivos cada mes, y llevará al presidente a un fracaso
en el tema de la seguridad. Cuando se de cuenta del error, ya será demasiado
tarde, como sucedió con Peña Nieto. López Obrador está a tiempo de corregirlo,
pero necesita quién se lo explique correctamente, lo persuada de cambiar la
estrategia y que la lleve a cabo. Le conviene finalmente, pero tiene que
entenderlo.
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/7 DE MARZO DE 2019)
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