Jesús Ramírez Cuevas, vocero
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dice que si en la consulta
ciudadana resulta Texcoco el sitio donde quede el nuevo aeropuerto de la Ciudad
de México, varias cosas cambiarán. Se van a revisar adjudicaciones, contratos,
subcontrataciones y cómo se fueron adquiriendo y vendiendo los terrenos en la
zona donde se realiza la obra. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no
sólo fue laxo, sino tolerante con irregularidades que se fueron dando en el
proceso de construcción y tienen que ser corregidas. No las hará jamás de
manera transparente el gobierno que dejará de serlo en un mes y medio, pero sí
lo debe hacer el entrante.
La obra en Texcoco está a
cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, una empresa de
participación estatal mayoritaria, que publica en red toda la documentación
sobre licitaciones, adjudicaciones, opiniones de los testigos sociales y los
diversos mecanismos de transparencia. Hasta el 7 de septiembre pasado, según un
reporte del Instituto Mexicano de Competitividad sobre los trabajos
aeroportuarios, las adjudicaciones directas representaron el 0.5% del importe
total, mientras que las licitaciones públicas correspondían al 88%. Un total de
292 empresas -90% aproximadamente son mexicanas- participan en los 274
contratos de la obra. Sin embargo, esto no significa que sean plenamente
transparentes.
No necesariamente se
encontrarían irregularidades en las licitaciones y sus adjudicaciones, sino en
algo subjetivo que entra en un terreno de opacidad, como es el conflicto de
interés. Según funcionarios federales, hay dos personajes cercanos al
presidente Peña Nieto que han participado activamente en el proyecto sin dar la
cara, sino detrás de dos de las empresas que han ganado licitaciones. Uno es el
expresidente Carlos Salinas, y el otro es el empresario Juan Armando Hinojosa,
que fue el operador inmobiliario en la adquisición de la casa blanca del
presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.
La participación de ellos no
significa automáticamente un acto ilegal, pero su involucramiento tendría que
ser revisado para determinar si su acceso al presidente influyó a que se les
asignaran parte de las obras. No es un elemento fácil para determinar si hubo
irregularidades o un delito, pero sí sería importante que una revisión de sus
contratos arroje luz para tener certidumbre que pudieron haber sido únicamente
gestores, o incluso co-inversionistas, pero sin preferencias en el proceso de
las licitaciones. Otro caso similar es la barda perimetral de 70 kilómetros que
protege la zona del nuevo aeropuerto, cuya construcción fue entregada a la
Secretaría de la Defensa Nacional. Otra fuente señaló que existen indicios que
la obra fue subcontratada al yerno de un importante general en activo.
La anatomía de los contratos
está en la mira del próximo gobierno, pero el énfasis probablemente debería
estar en los servicios no aeroportuarios y los bienes raíces. Los servicios no
aeroportuarios involucran a todos los locales que renten las aerolíneas, las
empresas que requieran de oficinas y bodegas, los restaurantes, hoteles,
arrendadoras y establecimientos comerciales. En el caso de estos últimos, desde
hace más de un año están asignados, e intentos de autoridades estatales para
rentar espacio y promover a sus entidades, han sido inútiles. El análisis de
quiénes se quedaron con esos espacios y cómo se asignaron, podría arrojar
indicios que permita saber si hubo información confidencial que fue entregada
para el beneficio de individuos o grupos empresariales, y sus nexos con
funcionarios del gobierno federal.
En el caso de los bienes
raíces, la adquisición de terrenos se ha venido haciendo desde hace casi 20
años, cuando estuvo en el horizonte la construcción de un nuevo aeropuerto.
Funcionarios federales consultados sobre este tema, no negaron que esto haya
sucedido, pero desestimaron que formara parte de un círculo de corrupción o
donde hubiera conflictos de interés. En todo caso, la plusvalía de los terrenos
en las zonas colindantes con el nuevo aeropuerto, ha hecho que se estén
ofreciendo departamentos a precios accesibles, con la zanahoria de que una vez
terminada la obra, el valor de sus propiedades se va a multiplicar. La pregunta
a hacer es quién vendió los terrenos a las desarrolladoras inmobiliarias.
El trabajo que enfrentará el
próximo gobierno, si Texcoco es el sitio donde se termine el nuevo aeropuerto,
no va a ser sencillo, por la complejidad para encontrar irregularidades y
porque los intereses económicos se cruzan. Desde octubre de 2015, el entonces
senador Alejandro Encinas planteó en un informe las posibilidades de corrupción
inmobiliaria, detallando el modus operandi del grupo mexiquense cercano a Peña
Nieto. No hubo acusaciones directas sobre la construcción del nuevo aeropuerto,
pero mostró el camino por donde empezarán a buscar.
Si se llega a fondo, muchas
otras cosas van a saltar, porque los intereses empresariales no corren sobre
una sola pista, ni benefician sólo a una parte interesada. Por ejemplo, si no
fuera Texcoco, se tendrían que revisar los intereses empresariales del
constructor José María Riobóo y del futuro secretario de Comunicaciones, Javier
Jiménez Espriú, en la Base Militar de Santa Lucía, que tanto promueven, o
analizar los porqués se incorporó la modernización del aeropuerto de Toluca en
el último momento, que beneficia a OHL, utilizada por la oposición de Peña
Nieto como símbolo de la corrupción en infraestructura, y al empresario Alfredo
Miguel, muy cercano al presidente y a varios miembros del entorno cercano del
presidente electo.
Intereses económicos hay por
doquier. Visto fríamente, ese no es el fondo del problema. El fondo es
determinar si hubo preferencias y favoritismos, actos irregulares o ilegales.
Eso, en Texcoco o en cualquier otro sitio donde quede el nuevo aeropuerto, no
se puede permitir.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ VIERNES, OCTUBRE 19, 2018 - 06:18)
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