Aunque fue creada y aprobada bajo la
Presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el fin de la
administración de Enrique Peña Nieto, la Reforma Laboral cumple seis años de
estar en vigor.
Fueron seis años de implementación y los
resultados son claros: hubo beneficio para los empresarios, pero para el grueso
de la población, del norte y del sur, con o sin estudios, se tradujo en
pobreza, de acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana.
Este periodo de prueba de seis años deja
retos para la siguiente administración, que deberá investigar los vicios que se
crearon bajo el amparo de la flexibilidad laboral y la inserción de México al
mercado global.
Ciudad de México, 24 de
octubre (SinEmbargo).- La administración de Enrique Peña Nieto es la que se
encargó de implementar la Reforma Laboral que heredó de Felipe Calderón
Hinojosa. El saldo es claro: el 63 por ciento de la población asalariada de
México gana de uno a tres salarios mínimos.
De 2013 a 2018 se crearon 4
millones 676 mil 314 empleos con un salario de uno a dos salarios mínimos. En
el mismo periodo se perdieron 2 millones 348 mil 898 empleos que ofrecían
mínimo más de dos salarios mínimos y hasta más de cinco salarios mínimos, según
el informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado por
el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y del Observatorio de Salarios de
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de Puebla.
Estas cifras publicadas en la
recta final de la administración del Presidente Peña Nieto son consideradas el
balance final del primer sexenio en que se puso a prueba la Reforma Laboral.
El grupo de investigadores de
esas instituciones coincidieron en que se crearon empleos precarios y se
perdieron los mejor remunerados, lo que indica que no solo se afectó a la
población con menor nivel educativo, sino que la flexibilidad laboral y la
oferta al extranjero de mano de obra barata, también terminó por afectar a la
población con mejor preparación académica.
El estudio realizado a partir
de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que los
empleos que ofrecen un sueldo de un salario mínimo, ubicado en 2018 en 88.36
pesos, crecieron 1 millón 486 mil 566; los que ofrecen más de uno y hasta dos,
lo hicieron en 3 millones 189 mil 748.
Luego viene la disparidad en
las cifras: hubo 251 mil 520 menos
empleos que ofrecían más de dos y hasta tres salarios mínimos; 1 millón
058 mil 065 menos empleos de más de tres y hasta cinco salarios mínimos y 1
millón 039 mil 213 menos empleos de más de cinco salarios mínimos.
“El 60 por ciento de los
trabajadores asalariados viven en condiciones de precariedad: no tienen
seguridad social, prestaciones de ley, contratación definitiva, laboran más de
8 horas y reciben remuneraciones debajo de la línea de pobreza del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, señala el
estudio.
Y seis años después, la
Reforma Laboral sería uno de los elementos clave en la persistencia de la
pobreza, ya que el 64 por ciento de los trabajadores perciben entre 1 y 3
salarios mínimos, cuando de acuerdo al Coneval, se requieren de 4 salarios
mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la
línea de pobreza monetaria.
“La política laboral de este
sexenio viene con la inercia de la inclusión de México en el mercado
internacional como país de bajos salarios. La Reforma Laboral fortaleció la
contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un
mecanismo central. Le quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en
materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes
capas de población trabajadora en la situación de pobreza: outsourcing, Reforma
Laboral, el mercado internacional, son una bomba atómica que aplicó el gobierno
de Peña Nieto: generación de empleos precarios, cuyo resultado es la
persistencia de la pobreza y la desigualdad en el México del siglo XXI”,
comentó Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la
Universidad Iberoamericana.
EL ALTO COSTO DE LA REFORMA
El informe se centra en que
los empleos que se están creando son de mini salarios y los empleos que han
disminuido son los de la parte media hacia arriba.
La promesa inicial del
gobierno de Peña Nieto fue la creación de 500 mil nuevos empleos cada año. En
su más reciente tanda de spots con motivo del on motivo de su sexto y último
Informe de Gobierno, el Presidente habló de los “logros alcanzados” con la
Reforma Laboral. “Sin duda, éste ha sido el sexenio del empleo”, dijo y
presumió que en su administración se crearon 4 millones de empleos.
Según los números del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del sexenio de Peña
Nieto, se generaron 3.5 millones de nuevos empleos, pero no se sabe si cada
afiliación al IMSS representa un nuevo empleo o la formalización de uno ya
existente, además de que la mayoría de esos empleos creados ofrecen salarios de
entre uno y tres salarios mínimos.
Datos de México ¿Cómo vamos?
señalan que la informalidad en el país es más alta que en otras regiones con
PIB per cápita similar; incluso hay menos informalidad en Venezuela, Chile,
Brasil y México está casi al nivel de Colombia y El Salvador.
Por esta razón, el
crecimiento de afiliados al IMSS, parece “atípico” si se compara con el
crecimiento del PIB real.
Y con los nuevos datos, lo
que se pone en duda es la calidad de esos empleos creados. ¿Qué es lo que hace
un gobierno para que el resultado sea ese?
De acuerdo con Reyes
Hernández, en el sexenio de Peña se conjuntaron varias cosas. Primero, la
inercia que ya venía arrastrando de los sexenios anteriores con la inserción de
México al mercado internacional con la oferta de los bajos salarios, es decir,
cuando se decide que la principal arma de competitividad será la mano de obra
barata, “no la inversión en tecnología ni infraestructura, sino las bajas
remuneraciones”, explicó el investigador.
Eso marcó la tendencia de los
“nuevos empleos” o de la demanda de empleos. Éstos sería en la manufacturera,
la construcción, el comercio, en servicios y el sector primario –como jornalero
agrícola, en comercios y restaurantes, en servicios de recolección de basura y
limpieza–. Esos empleos son de baja remuneración y no requieren que el personal
sea altamente calificado, que tenga maestría y doctorado.
México se ubica en el último
lugar de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) donde la mano de obra fue la peor pagada durante
2016, ya que se paga un promedio de 14.63 dólares (la media es de 50.21 dólares).
Esa es una inercia que viene
de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; Peña no la modifica.
“En donde sí hay un punto que
le agrega Peña y que es la razón por la que registra una creación de empleos
elevada, es que con él se aplica la Reforma Laboral. Con la inserción al
mercado laboral, se empieza a contratar personal temporal bajo esa nueva ley
que permite ahorrar en los costos de contratación y despido. Ahí es donde viene
el boom: yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y te pago por fuera
–esto tendría que revisarlo el SAT– con outsourcing o en efectivo, una
compensación mayor. Yo te contrato con uno o dos salarios mínimos y si es un
trabajo un poco más calificado, te pago por outsourcing lo demás o en efectivo
o en honorarios”, sostuvo Reyes.
Este es un tipo de
“formalización”, que se generó. Las empresas registran a los empleados con uno
o dos salarios para cotizar más bajo en el Seguro Social y por otro lado pagan
con outsourcing o en efectivo para que compense lo que realmente debería ganar
un empleado.
“Esa irregularidad, tendría
la nueva administración como reto, identificar quiénes o qué empresas están
bajo esa modalidad simulando pagar uno o dos salarios mínimos cuando realmente
lo que se debe pagar son cuatro o cinco. Hacer eso le evita al empleador pagar
ahorros para el retiro, la seguridad social por una cotización de cinco
salarios. Están ocurriendo fenómenos que la autoridad que entra deberá de
investigar. Esa aplicación de la Reforma Laboral es la que se está abusando del
outsourcing y de los contratos por honorarios. Así se evitan pagar tanto
contribuciones a la seguridad social, el ahorro para el retiro e impuestos”,
agregó el investigador.
La población joven de entre
15 a 29 años se encuentra en el grupo más vulnerable de trabajadores en México.
De acuerdo con el Observatorio, el 81 por ciento de ellos no tiene un salario
digno, suficiente y mínimo que garantice el cumplimiento del Artículo 123
Constitucional.
Respecto a la seguridad
social, 8 millones 795 mil 702 jóvenes, el 59.8 por ciento, no cuenta con ella;
mientras que 4 millones 507 mil 233, el 30.2 por ciento, sí goza de esta
prestación de Ley. Sobre las prestaciones mínimas de ley y más, el 40.3 por
ciento de la población trabajadora mayor de 15 años cuenta con algún beneficio
laboral, superior al 37.4 por ciento que mostraban en 2005. Los trabajadores
sin prestación alguna que para 2005 eran el 45.5 por ciento, en 2017 fue de
42.4 por ciento.
En cuanto a los jóvenes,
ocurre una situación similar a la de la seguridad social, donde ser joven es
garante de no contar con derechos. Sólo el 31.9 por ciento de los jóvenes
cuentan con las prestaciones mínimas de ley y el 50.6 por ciento no tiene
prestación alguna.
El outsourcing está
permitido, lo que no es la simulación, recalcó Reyes. Si al trabajador se le va
a pagar cinco salarios, no se le tiene que registrar un salario mínimo en el
seguro social registrándolo legalmente y darle el resto del dinero por otra
vía, “es una simulación y se están evadiendo impuestos y contribuciones a la
seguridad social. Eso sí es algo ilegal y debe haber sanción para esas empresas
que recurren a este tipo de prácticas”.
Esas prácticas también tienen
implicaciones en la pobreza, ya que el
Coneval identifica a la población en situación de pobreza si alguien no tiene
por lo menos tres de los derechos sociales y está debajo del nivel de los
ingresos. Ese tipo de contratación de outsourcing priva a los trabajadores de
ciertos derechos mínimos.
“Entonces la precariedad
laboral es la que está abonando a que la pobreza en México no se resuelva, que
sea persistente.
Estas prácticas no solo
afectaron a la población que percibe salarios bajos por su preparación
académica, sino que también arrastró a los de mayor preparación. De acuerdo con
el informe, en el centro y norte del país, donde las actividades económicas
exigen más calificación en comparación con el sur del país, se registró una
reducción salarial proporcionalmente mayor al promedio nacional.
Reyes señaló que eso se dio
en las actividades donde se demanda trabajo con más educación y en las plazas
con más antigüedad. En las plazas en las que se podía ganar seis salarios
mínimos, se cambiaron a outsorucing con cuatro salarios y sin antigüedad.
“En el norte, con la entrada
del outsourcing hubo una reconfiguración de todo el empleo y una pérdida de
capacidad de negociación de los trabajadores al no haber sindicatos fuertes e
independientes en estas empresas, ubicadas en el centro y norte del país en las
zonas industriales”, concluyó.
(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/24 DE OCTUBRE 2018)
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