En sueldos excesivos, cheques que no
fueron cancelados, pagos a personal sindicalizado, pagos con dinero que no
estaba destinado a sueldos, pagos a personas que nunca trabajaron o que no
tenían los requisitos para ocupar una plaza, dinero destinado a pagar
prestaciones, salarios que se dieron a personas que ya no trabajaban, que nunca
firmaron un contrato o que tenía licencia sin goce de sueldo. Así se fueron más
de 2 mil millones de pesos en 20 estados del país.
Una revisión de la Auditoría Superior de
la Federación realizado por SinEmbargo encontró que en esas entidades hace
falta dinero por aclarar y otro que ya catalogado como daño al erario, que se
ejerció en gastos personales, específicamente en salarios.
Las partidas de las que salió ese dinero
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y
Prospera, en su componente de salud.
Ciudad de México, 22 de
octubre (SinEmbargo).- En 2017, 20 estados de la República Mexicana pagaron 2
mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones que estuvieron
fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales.
De acuerdo con la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del
gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se
encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de
salud, sirvió para pagar salarios.
Por ejemplo, en sueldos
pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que
trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con
dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil
437 pesos; en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban
contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos
y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de
personal sindicalizado.
El resto de las maniobras
para pagar sueldos son sueldos que superan el monto establecido por ley;
cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no
cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que
ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un
contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a
personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos
duplicados.
La cantidad total son 2 mil
093 millones 188 mil 291 pesos más los rendimientos financieros “que se
hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria
de la Tesorería de la Federación”, según lo indica la auditoría.
No se puede saber la cantidad
exacta de cuánta gente fue la beneficiada de esas políticas, pero se tiene un
registro de al menos 7 mil 685 “trabajadores” que cobraron con dinero que
estaba destinado a salud.
De acuerdo con datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
en México 15.5 millones de personas tienen carencia por acceso a los servicios
de salud y en este caso, los “trabajadores” de los gobiernos estatales fueron
en su mayoría personas que debían estar en hospitales o en unidades móviles de
salud.
Los 10 estados que lideran
esa lista son Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí,
Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México.
Les siguen la Ciudad de
México, Jalisco, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Baja
California, Chihuahua y Nayarit.
Los 12 estados a los que no
se les encontró este tipo de uso al dinero federal son Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos,
Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
QUITAN A SALUD
MICHOACÁN: 568 MILLONES 065 MIL 784 PESOS
La entidad gobernada entonces
por Silvano Aureoles Conejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es
la entidad que más dinero gastó en sueldos opacos, cuando el 22.8 por ciento de
su población total tiene carencia a los servicios de salud.
La ASF en 2017 no encontró
pruebas del ejercicio de 332 millones 089 mil 329 pesos que, según los centros
de trabajo de salud del Gobierno del Estado, se utilizó para pagar a mil 434
trabajadores, de los cuales mil 232 no trabajaron y de 202 no había datos en la
Verificación Electrónica Personal Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud.
Hubo otra observación por 88
millones 408 mil 661 pesos que los Servicios de Salud de Michoacán destinaron
para el pago de remuneraciones de personal de honorarios, concepto que no era
financiable con recursos del programa.
También se le pidió aclarar 1
millón 104 mil 918 pesos por pagos realizados a cuatro trabajadores que durante
la inspección física del Hospital General “Dr. Miguel Silva” no fueron
localizados en su área de trabajo, y el hospital no presentó justificación
alguna de su ausencia.
TAMAULIPAS: 555 MILLONES 116 MIL 517 PESOS
Bajo la administración del
panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, la carencia por acceso a los servicios
de salud se ha mantenido constante y se ubicó en 2016, en 12.8 por ciento.
Con la revisión de una
muestra de 150 expedientes de personal con categoría de médico especialista y
médico general “A”, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud, la ASF verificó que tres trabajadores no contaron con la
documentación que acredita el perfil académico correspondiente, por lo que se
efectuaron pagos improcedentes por concepto de sueldos por 1 millón 543 mil 343
pesos.
Otro más fue por 1 millón 162
mil 616 pesos por destinar recursos de la Cuota Social y la Aportación
Solidaria Federal 2017 para el pago de personal comisionado al sindicato.
Esta fue la única entidad en
la que se registraron pagos duplicados por 25 mil 312 pesos de siete pagos
duplicados a tres trabajadores en las quincenas 13, 14 y 15 de 2017, y en las
quincenas 3 y 4 de 2018.
TABASCO: 401 MILLONES 845 MIL 602 PESOS
En la entidad gobernada por
Arturo Núñez Jiménez, la ASF encontró que para el pago de la nivelación
salarial del personal estatal correspondiente a la nómina de 2016, se pagó con
recursos de y no se acreditó su devolución. El daño al erario por esa acción
fue de 264 millones 888 mil 318 pesos.
La otra observación realizada
fue por destinar recursos del Fondo 2017 para el pago de 68 millones 478 mil
642 pesos de cuotas patronales de las nóminas estatales del ejercicio fiscal
2016 al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), concepto
que corresponde a gasto corriente y que no era financiable con el Fondo.
CAMPECHE: 116 MILLONES 816 MIL 596 PESOS
Se determinó un daño al
erario público por 112 millones 820 mil 840 pesos luego de que Campeche no
logró justificar que 393 personas, que fueron pagadas con los recursos del
Fondo, trabajaron en algún área médica de los Servicios de Salud durante el
ejercicio fiscal 2017, esto con base en la revisión a la plataforma denominada
“Validación Electrónica del Personal”, en la cual están las cédulas analíticas
de visita a establecimientos de salud.
Otra de las observaciones fue
por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, de los cuales no se presentó la
autorización por la Secretaría de Salud. Ahí se fueron 3 millones 995 mil 746
pesos.
En la entidad gobernada por
Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
10 por ciento de la población vive con carencia en acceso a los servicios de
salud.
SAN LUIS POTOSÍ: 114 MILLONES 802 MIL 953 PESOS
En esta entidad se fueron 7
millones 091 mil 884 pesos por pagar indebidamente a 18 personas con los
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; 97
millones 003 mil 071 pesos que se dieron a personal del que no laboró en las
unidades médicas adscritas al Seguro Popular y 4 millones 812 mil 456 pesos que
pe pagaron a personal que no estaba adscrito a las unidades médicas financiadas
con los recursos del Seguro Popular.
Otros 541 mil 543 pesos
fueron clasificados como daño al erario porque se pagó a personal que no
cumplía con el perfil con el que fueron contratados, también para trabajar en
el Seguro Popular.
GUERRERO: 112 MILLONES 165 MIL 809 PESOS
Una de las entidades más
pobres del país, gobernada por Héctor Astudillo del PRD, dejó que de los
recursos federales se utilizaran 33 millones 164 mil 855 pesos para el pago de
remuneraciones al personal sin la documentación comprobatoria y justificativa
del gasto; otros 36 millones 362 mil 067 pesos por destinar recursos del Seguro
Popular 2017 para el pago de la nómina del Seguro Popular del ejercicio 2018 y
4 millones 737 mil 016 pesos por pagar a 21 servidores públicos que no
acreditaron el perfil académico solicitado para la plaza.
En Guerrero, el 13.3 por
ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud, según los
datos de Coneval.
SINALOA: 88 MILLONES 761 MIL 724 PESOS
Esta es una de las entidades
que registró mayor variedad de formas en las que pagó salarios con dinero
federal 3 millones 335 mil 769 pesos por realizar pagos a 16 empleados de los
cuales se indicó que no laboraron en los centros de trabajo; 10 millones 031
mil 601 pesos por realizar pagos improcedentes a 37 personas que no se
encontraban laborando en los hospitales visitados y de los cuales no se
proporcionaron las justificaciones de las ausencias y 4 millones 333 mil 511
pesos por 668 cheques cancelados de los cuales no presentó la evidencia del
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Salud ni su aplicación en los
objetivos del fondo.
Se perdieron 385 mil 271
pesos por realizar pagos a personal que no se encontró realizando actividades
para las cuales fue contratado en el Hospital General de Guamúchil, Sinaloa.
Y otros 9 millones 922 mil
077 pesos por realizar pagos a 74 trabajadores de los cuales se indicó que
dicho personal no laboró en los centros de trabajo por lo que se erogaron
recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.
CHIAPAS: 78 MILLONES 591 MIL 473 PESOS
En el Estado más pobre del
país, gobernado por Manuel Velasco Coello, también Senador federal, se pagaron
63 millones 661 mil 740 pesos por el pago al personal sindicalizado con
recursos del Fondo de Salud de 2017 y 2 millones 367 mil 822 pesos a 10
servidores públicos que no acreditaron el perfil académico solicitado.
Mientras, en esa entidad, el
15 por ciento de la población no tiene acceso a los servicios de salud.
OAXACA: 77 MILLONES 154 MIL 297 PESOS
En otra de las entidades más
pobres del país, gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, del PRI, se pagaron 9
millones 406 mil 759 pesos a personal que ya estaba dada de baja y no se le
entregó a la ASF evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de
Salud por la cancelación de cheques.
Otros 29 millones 252 mil 628
pesos se dieron en pagos improcedentes a 129 personas que no se encontraban
laborando en las unidades médicas y de los cuales no se proporcionaron las
justificaciones de las ausencias.
Seis millones 814 mil 905
pesos se dieron a 16 trabajadores que no se encontraron laborando ni se
presentó la documentación que justifique su ausencia; 12 trabajadores eran
comisionados al sindicato.
Una de las cantidades más
grandes de dinero en esta entidad, fue por 22 millones 052 mil 419 pesos por
pagos realizados a 90 trabajadores de los que no se pudo verificar si prestaron
sus servicios a los beneficiarios del Seguro Popular.
ESTADO DE MÉXICO: 71 MILLONES 106 MIL 944 PESOS
En la entidad gobernada por
el PRI y aún bajo el mandato de Eruviel Ávila Villegas, se generó un daño al
erario por 17 millones 349 mil 268 pesos por pagar con cargo a los recursos del
Fondo de Salud a 55 empleados del personal eventual, federal y estatal, de los
que no se acreditó que contaran con el perfil de la plaza con la que fueron
contratados.
Otros 6 millones 184 mil 976
pesos se gastaron en pagos a 447 empleados que ya estaban dados de baja; 1
millón 456 mil 847 pesos por realizar pagos indebidos a 9 trabajadores que durante
las visitas físicas a trabajadores, con plazas financiadas con recursos del
Fondo, no se encontraron, ni fueron identificados por el responsable del centro
de trabajo y 9 millones 960 mil 187 pesos por realizar pagos en exceso con
recursos del Seguro Popular 2017 al personal eventual y al personal de nómina
regularizada.
(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/26 DE OCTUBRE 2018)
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