Fotos: Cristian Torres
Las dos convocatorias emitidas por el
Gobierno del Estado para presidir la Comisión Local de Búsqueda, han sido
declaradas “desiertas”. La primera, ante la nula respuesta de interesados, y la
segunda, porque los aspirantes no cuentan con estudios profesionales. Algunas
organizaciones civiles aseguran no haber sido informadas sobre el tema, y sobre
el citado requisito, lo consideran irrelevante para desempeñar un buen papel
Pese a que Baja California se
encuentra entre las entidades con mayor incidencia en el tema de
desapariciones, es poco el trabajo que se realiza por parte de las autoridades,
coinciden Miguel Ángel García Leyva y Alma Díaz, representantes de dos
colectivos dedicados a la búsqueda de personas ausentes.
En ese contexto, resulta
contradictorio que a seis meses del plazo para integrar la Comisión Local de
Búsqueda, aún no se cuente con titular, personal o plan de trabajo.
Es más, según los arriba
mencionados, el Gobierno del Estado ni siquiera ha sostenido un acercamiento
formal con ellos para hablar sobre ese tema que, a su juicio, requiere una
amplia difusión.
Por su parte, el secretario
general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, comentó que se han emitido dos
convocatorias en el Diario Oficial del Estado, una en mayo y la otra en junio
-un mes después del plazo máximo-, pero ambas se han declarado desiertas debido
a que los aspirantes incumplen con los requisitos mínimos para encabezarla.
Según la última cifra dada a
conocer por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas
(RNPED), disponible en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Procuraduría de Justicia local
desconocía el paradero de mil 024 personas que fueron vistas por última vez en
Baja California, de las cuales 258 se registraron este año, siendo mujeres de
entre 15 y 19 años los casos más frecuentes en 2018.
COMISIÓN DEBIÓ SER INSTALADA DESDE ABRIL
El 17 de abril fue la fecha
fatal para que se designara al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda,
órgano autónomo del gobierno cuyo objetivo es coordinar la investigación y
resultados de los casos registrados en la entidad.
El Secretario General de Gobierno
Francisco Rueda Gómez
Este organismo viene
contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, en vigor desde enero, y establece la homologación de criterios para
la búsqueda de personas en todo el país, además de la creación de una base de
datos genéticos a nivel nacional.
De acuerdo con Melba Adriana
Olvera, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja
California (CEDHBC), aunque es una Ley reciente, ya tendría que estar
funcionando, o por lo menos tener designado a un titular para dicha
institución. Además, confirmó que la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) no cuenta con el banco de ADN del que debería disponer. Sin
embargo, reconoció que existe trabajo en ese sentido y pronto podría
subsanarse. De hecho, de las 30 denuncias interpuestas ante la CEDHBC por el
tema de desapariciones, justamente ese es el tema de origen.
De las dos convocatorias
lanzadas, refirió Francisco Rueda Gómez, en la primera no hubo un solo interesado,
mientras que en la segunda, los aspirantes no cumplieron con uno de los
requisitos para ocupar el cargo, específicamente el de la profesionalización,
es decir, no contaban con título y cédula.
“Ya estamos prácticamente en
pláticas con ellos para que nos propongan perfiles, hemos recibido nombres. Lo
que establece la Ley, marca y debe cumplirse, el perfil que marca la Ley debe
ser un profesionista, y ahí es donde hemos batallado; tienen un perfil social y
comprometido, pero les falta ese requisito, ya en coordinación con las
asociaciones civiles, un perfil que ellos acepten y propongan”, declaró el
funcionario estatal.
La Ley establece que para
ocupar el cargo en la Comisión, el aspirante debe ser nacido en México, no
tener condenas a algún delito doloso, contar con título profesional; no haber
sido líder de algún partido político dos años atrás; haber desarrollado
trabajos en la materia de desaparición forzada por lo menos dos años atrás y
contar con conocimientos, experiencia de diez años en el tema de políticas
públicas, derechos humanos, búsqueda de personas, entre otros.
Melba Olvera, de la CEDHBC,
aseveró que ningún aspirante pudo cumplir con el perfil, debido que los
activistas en la materia normalmente son forzados por las circunstancias y no
porque tengan estudios previos. Es decir, sufrieron un hecho traumático y son
víctimas, por lo que en la mayoría de los casos no cuentan con especialidad
académica.
La activista Alma Díaz,
integrante del colectivo Madres Unidas y Fuertes por Nuestros Desaparecidos,
consideró que aunque se encuentra estipulado en la Ley, consideran que un
perfil ideal no necesariamente tendría que estar relacionado con sus estudios, sino
con la empatía hacia las víctimas.
Agregó que necesita ser un
investigador honesto y que en verdad informe de lo que ocurre en sus casos.
NO SE HAN DETENIDO LAS BÚSQUEDAS: RUEDA
Aunque no se ha instalado la
Comisión Estatal de Búsqueda, Francisco Rueda Gómez, de la Secretaría General
de Gobierno, expuso que los trabajos no se han detenido en las fiscalías
especializadas en la localización de personas ausentes, por lo que no existen
daños en la falta de nombramiento.
Recordando a sus familiares desaparecidos
“No se queda rezagado ningún
trabajo, eso lo hace la Procuraduría y trabajamos con las asociaciones de
desaparecidos. No hay atraso ni rezago, pero sí requerimos que haya titular,
para que se integre, que sea un órgano integrador entre el gobierno y los
ciudadanos, esa va a ser la principal responsabilidad”, destacó.
La procuradora de Justicia,
Perla del Socorro Ibarra Leyva, reiteró lo expresado por el funcionario
estatal, pero agregó que la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas continuará
operando de forma regular. Sin embargo, la instalación de la Comisión reforzará
las acciones y se adquirirá nuevo equipo, personal y capacitación en la medida
que se vaya cumpliendo con la legislación vigente.
Presumió la adquisición del
conocido geo-radar y de sabuesos especializados en la búsqueda de personas,
como una respuesta a las demandas de aquellos que buscan a sus familiares.
HAY DESINTERÉS DEL ESTADO EN EL TEMA
Para Miguel Ángel García
Leyva y para Alma Díaz, la actual administración se ha olvidado del tema por
completo, pues de lo único que puede jactarse, es la adquisición del geo-radar
y la compra de sabuesos, pero no ha brindado resultados importantes para las
familias afectadas y las asociaciones civiles.
Díaz señaló que “la atención
ha sido nula, la respuesta es total indiferencia, ni siquiera tienen la
atención de comunicarnos utilizando su vieja táctica de reemplazar al personal
de la fiscalía asignado y comenzar los familiares de los desaparecidos de cero,
debido a que no conocen los casos”, abundó.
Por su parte, García Leyva
opinó que en la pasada gestión sostenían reuniones con frecuencia para avanzar
en los temas, pero la relación con el gobierno actual se ha roto por completo.
El activista complementó que
ha tenido contacto con agrupaciones de Zona Costa para saber si hay
conocimiento sobre los trabajos en favor de los desaparecidos y ha recibido la
misma respuesta negativa.
A su dicho, nunca tuvieron
conocimiento de las convocatorias para la Comisión y tampoco se han preparado
perfiles por parte de las asociaciones civiles, o por lo menos no por solicitud
de Gobierno del Estado.
En lo referente al retraso en
el nombramiento, es una evidencia más de la poca importancia que las autoridades
dan al tema, lo cual resulta preocupante, pues obliga a los familiares de las
víctimas a emprender búsquedas sin protocolos de seguridad, derivando así
algunas amenazas de muerte en su contra.
Otro ejemplo, comentó, es la
Ley de Víctimas, al ser Baja California la última entidad en aprobarla, cuyo
monto para este primer año apenas alcanzará los 5 millones de pesos, cifra
considerada minúscula.
Para Melba Olvera, en este
caso podría no ser así, pues aún hay entidades que no han activado las comisiones
por el mismo motivo que en BC: la falta de personal capacitado en la materia.
DEBE SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO
La principal característica
de la Comisión Local de Búsqueda, es la autonomía, lo cual resulta dudoso para
las agrupaciones, ya que la Ley establece que el titular debe ser designado por
el Gobierno del Estado.
García Leyva consideró que el
titular debería ser designado por el Congreso del Estado, con el objetivo de
dar una mayor independencia, o bien, por un consejo especial comprendido por
expertos en la materia, tal y como ocurrió a nivel nacional con Roberto
Cabrera, actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Rueda Gómez afirmó que debido
a que no logró nombrarse a personas en el tema, evalúan la posibilidad de
recibir perfiles a través de las asociaciones civiles que puedan cumplir con
los requisitos, con la finalidad de incluirlos en la selección y se sientan
cómodos con quien los representará y ayudará investigar los casos.
Para finalizar, Olvera, de la
CEDHBC, advirtió que es una responsabilidad muy grande ocupar ese puesto, pero
es necesario dar una mayor difusión a las convocatorias, pues ha sido poca la
respuesta pese a la problemática en la entidad.
De los mil 024 desaparecidos
registrados en la entidad, 610 son hombres y 414 mujeres, teniendo un promedio
de 3.9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. Baja California se ubicaría
en el séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de Chihuahua, Guerrero,
Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa; y por encima de Veracruz y Zacatecas.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO/
LUNES, 8 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)
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