“¡INFÓRMATE BURRO!”

¿Con qué autoridad y bajo qué causales graves el entonces presidente de la LXI Legislatura, Rafael Buelna Clark, ordenó el cese de los 16 funcionarios de mayor jerarquía del Congreso y lo peor que con efectos a partir del día 18 de este mes?

¿Por qué los integrantes de la pasada y actual Legislatura mantuvieron en la total secrecía el despido masivo de los empleados del Poder Legislativo que supuestamente habían quedado “blindados” con la polémica reforma constitucional?

¿En qué consistía el acuerdo o la información generada en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) que sólo conocían Rogelio Díaz Brown y Ernestina Castro Valenzuela, y qué según la queja de la coordinadora parlamentaria de MORENA fue filtrada a los medios de comunicación y redes sociales por su homologo PRI?

¿Por qué tanto misterio en torno a la publicación del documento relativo al acuerdo de la CRICP citado en el punto 6 del orden del día y que, al final de cuentas nunca se publicó en la Gaceta Parlamentaria, pero sí se leyó en la plenaria?

No se quiere de mucha “sapienza”, como diría la presidenta Rosa María Mancha Ornelas, para llegar a la conclusión de que los acuerdos en lo oscurito, las alianzas tenebrosas, los pactos insondables y los compromisos sospechosos,  son una especie de Manual de Carreño para quienes llegan a gobernar desde el Poder Legislativo.

Lo dicta la experiencia: basta con que una vez se violente la norma para que esa costumbre se haga ley al seno del parlamento.

La moción de orden que esgrimió el diputado Díaz Brown para exhibir la transgresión flagrante al reglamento interno del Congreso, resultó tibia, blandengue.

Tanto que ni siquiera encontró eco en el resto de la “chiquillada” que lo mismo se queda pasmada cuando la presidenta no ata ni desata a la hora de dirigir la sesión y ni pío hacen cuando se pasa por alto la aprobación del acuerdo que nombra a los integrantes de la Comisión de Administración cuyo trámite de “urgente y obvia resolución” se votó dos veces.

Y en la segunda plenaria del primer período ordinario de sesiones de la LXII Legislatura empezó a descorrerse el velo sobre las prioridades e intereses de los grupos parlamentarios.

A nombre de la bancada de Acción Nacional, Eduardo Urbina Lucero, pone de manifiesto la visión municipalista al proponer un fondo de contingencia financiera para que los ayuntamientos puedan acceder a recursos extraordinarios para hacer frente a los compromisos en el arranque de las actuales administraciones.

Mientras que en la fracción del PRI, la iniciativa presentada por Rosa Isela Martínez Espinoza y secundada por Nueva Alianza, plantea modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para exentar del 100% de los ingresos que el trabajador obtenga por concepto de horas extras, jubilaciones, utilidades, indemnizaciones, etcétera.

El diputado coordinador del PANAL, Fermín Trujillo Fuentes, destacó la trascendencia de la propuesta que será remitida a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pues de los 58 millones de derechohabientes del IMSS, 19 millones son trabajadores, de los cuales un 70% percibe entre 1 y 4 salarios mínimos. Estos asalariados —dijo— están condenados a una tasa de remplazo del 55% del último sueldo que perciban al retirarse que será de 4 mil pesos y feria.

“¡Infórmate burro!”, fue el grito que surgió del público cuando Martín Matrecitos Flores pretendió poner en tela de duda la conveniencia y oportunidad de la iniciativa cuando se trata de una añeja demanda de los trabajadores, principalmente de los agremiados a la CTM.

“Por qué no la propusieron en su momento. Por qué hasta ahorita”, cuestionaba el legislador de MORENA quien con arrogancia digna de mejor causa sermoneaba: “esos partidos Nueva Alianza y Revolucionario Institucional son los que tienen sumido al país en esta situación. Ahora se quieren reivindicar. Qué bueno que retomen nuestras banderas. Van a tener eco con nosotros”, dijo.

Más tarde, la coordinadora de la fracción mayoritaria, Ernestina Castro, exhibía como trofeo ante los medios de comunicación una copia de la resolución judicial que negó la suspensión provisional a los empleados despedidos de forma anónima y quién sabe si de manera legal.

Ahora sí, lo que faltaba: un Congreso descabezado.

¿Y de los laudos laborales se hará cargo la austeridad republicana?

¡Qué empiece la rebatiña!

Es cuánto.

(DOSSIER POLITICO/ HÉCTOR FROYLÁN CAMPOS/ 2018-09-21)