Pese a que la gran mayoría de los
prófugos extranjeros que se refugian en Tijuana son buscados por el delito de
violación a la libertad condicional, es de considerarse que en la ciudad se ha
detenido a personas que han cometido delitos como delincuencia y agresión
sexual a menores, secuestro, tráfico de personas y asesinatos. Detenciones que,
de acuerdo a las estadísticas, han ido incrementando ligeramente, ante las
facilidades que encuentran en el cruce hacia este territorio y por la sencilla
forma de pasar desapercibidos en la ciudad
Alan Machain, ciudadano
estadunidense de 35 años de edad que formaba parte de la pandilla Compton
Barrio 70, fue detenido en Tijuana el 21 de junio de 2017, por elementos de la
Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Desde 2008, el Departamento
de Policía de Los Ángeles, California, lo buscaba por haber cometido homicidio
contra César Valenzuela, un joven plomero que había sido contratado a
principios de octubre de ese año para realizar algunos arreglos en un domicilio
que Machain habitaba en Silverlake, en el Condado de Los Ángeles.
Informes del Departamento de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en
inglés) refieren que el 8 de octubre de 2008, Valenzuela fue reportado como
desaparecido por sus familiares y, cinco días después -13 de octubre-, la
Policía encontró su cuerpo en el hogar donde estaba laborando; le habían
disparado mientras trabajaba en el baño y uno de sus brazos había sido
cercenado en varios trozos.
Luego del asesinato, Machain
salió del domicilio, usó las tarjetas de César en varios cajeros y tiendas
departamentales -elementos que validaron su responsabilidad- y salió del país
hacia el lado mexicano para refugiarse en León, Guanajuato, donde estuvo
durante cinco años.
Posteriormente regresó a la
frontera norte para refugiarse en Tijuana, donde estuvo radicando otro par de
años en diversas colonias, hasta que fue detenido por autoridades municipales
en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).
El caso de Machain es uno de
los 195 fugitivos de la Ley que han sido detenidos por dicha corporación en lo
que va de la presente administración municipal de Tijuana -diciembre de 2016 a
agosto de 2018-, luego que aquí se refugiaban clandestinamente, los cuales se
suman a los 16 que han sido detenidos por la Policía Estatal Preventiva (PEP)
en lo que va del año -de enero a julio 27-.
La mayoría ostentan cargos
por violación a la libertad condicional -92 casos-, robo, asalto a mano armada,
robo de vehículo, posesión de drogas, violencia doméstica o amenazas, aunque
también los hay por delitos mayores como importación de drogas, delincuencia y
agresión sexual, secuestro, tráfico de personas y homicidio.
Fugitivos que ven en Tijuana,
y en Baja California en general, un lugar accesible para refugiarse gracias a
las facilidades que hay al momento del cruce hacia este territorio, las
bondades que brinda la ciudad para “camuflarse” entre la gama de personas que
aquí habitan y principalmente por la cercanía que brinda la ciudad a quienes
cometen delitos en el Estado de California.
SITUACIÓN DE CONSIDERACIÓN
Para especialistas en la
materia consultados por ZETA, quienes prefirieron omitir sus nombres, ésta es
una situación “de consideración”, a la que todas las corporaciones e
instituciones correspondientes deben prestar la atención oportuna,
principalmente porque los fugitivos implican un riesgo para la propia
ciudadanía, en el entendido que “aquí puedan replicar sus fechorías”.
No solamente por los que
llegan del país vecino para refugiarse en la ciudad, sino por los que llegan
del interior del país, quienes incluso suelen inmiscuirse o ser cooptados por
grupos del crimen organizado que operan en la ciudad, incluso de países centroamericanos bajo la
“excusa” de solicitar asilo, o que se inmiscuyen en las caravanas migrantes.
Como lo hizo saber el coordinador de la Unidad de Inteligencia de la SSPM,
debido a que en ese sector también han identificado algunos prófugos.
“Es sabido que quien comete
un delito tiene una probabilidad mayor de que lo vuelva a cometer, y en el caso
de los homicidas, secuestradores o agresores sexuales, es para tenerse en
cuenta, de ahí la importancia de la coordinación que se ejerza entre las
autoridades de ambos países”, señaló uno de los especialistas.
Para las instituciones de
seguridad, el medir el nivel o rango de peligrosidad de una persona es
complicado porque en el contexto de que los delitos se generan en otros países
no es medible y cada uno de los casos tiene diferentes características.
Sin embargo, consideran que
puede delimitarse en un rango “medio-alto”, ya que cualquier persona que ha
cometido un delito por sí mismo ya conlleva una conducta antisocial, y en su
caso hay quienes están “desalineados” mentalmente, pero en la mayoría de los
casos se trata de personas que “nunca van a dudar de poder actuar aquí o allá
en contra de una persona”.
Es el caso de Alan Machain,
quien no se contuvo solamente de disparar a su víctima, sino que “no tuvo
piedad” para cortar en trozos uno de sus brazos “sin aparente razón alguna”,
por su rango de peligrosidad incluso fue condenado a cadena perpetua en Los
Ángeles, debido al daño que provocó y por todo el tiempo que duró como
fugitivo.
CASOS RELEVANTES
Además de este caso, la SSPM
tiene registrados cuatro más de fugitivos que fueron detenidos y que por su
rango de peligrosidad, de acuerdo al delito cometido, han significado logros
importantes para la corporación y para la ciudad misma, debido a que “se sacaron
de circulación”.
Enzo Escalante es uno de
ellos, quien era buscado por el delito de homicidio y solicitado por el
sherifato de Los Ángeles; su alerta se dio el 8 de noviembre de 2016 y fue
detenido el 12 de enero de 2017.
Daniel Curtis Campos era buscado
por abuso sexual de menores por el sherifato de San Diego, su alerta salió el
15 de febrero de 2017 y se le detuvo el 4 de mayo del mismo año.
José Vázquez Brito era
buscado por intento de homicidio por la Corte Superior del Condado de
California, su alerta se dio el 14 de abril de 2014 y fue detenido hasta el 13
de junio de 2018, luego que se hiciera pasar por su hermano gemelo.
El caso más reciente de
relevancia es el de Timotheuse Berry, quien era buscado por posesión de
explosivos y de armas por el Departamento de Correcciones de Sacramento, su
alerta se dio el 8 de febrero de 2018 y fue detenido el 1 de septiembre.
Las autoridades no precisaron
los sitios exactos donde fueron detenidas estas personas, sin embargo,
compartieron que en todos los casos registrados, los fugitivos se han refugiado
principalmente en lugares como Zona Centro, colonia Libertad, Sánchez Taboada,
San Antonio de los Buenos y Playas de Tijuana.
MAYOR COORDINACIÓN, MAYOR EFECTIVIDAD
Una de las problemáticas que
aquejaba a las autoridades en este rubro, era que anteriormente “no había mucha
coordinación” con sus similares estadounidenses, lo cual generaba que fuera
todavía más fácil para los fugitivos el refugiarse en esta ciudad, además que
propiciaba que no hubiera estrategia para su localización y detención.
Sin embargo, desde que el
problema que “se aboca y atañe” a ambos lados de la frontera, se ha propiciado
“una mejor coordinación y por ende una mayor efectividad”, como bien señalaron
los entrevistados.
Autoridades coinciden que el
trabajo colaborativo ha sido muy eficiente en ese sentido, en gran parte
gracias a la participación y al papel que funge el INM en este sentido, quienes
a final de cuentas llevan la batuta para las cuestiones de deportación y
entrega a las autoridades del país vecino.
En el caso de la Policía
Municipal, el coordinador de Inteligencia expuso que ante la falta de agentes
federales, a dicha corporación le piden apoyo para fortalecer la situación y es
así como participan en la seguridad o en los operativos de detención.
En el caso de las alertas que
emiten las autoridades de Estados Unidos, son dos: una que se genera por medio
de una orden de aprehensión o una libertad condicional, o en su caso la Alerta
Amber, mediante las procuradurías de ambos países, así es como se genera un
enlace entre todas las instituciones, como las secretarías de Seguridad Pública
Municipal y Estatal; Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría
general de la República e INM.
Primero se hace la estrategia
de rastreo mediante la información que se comparte, se mete un boletín
informativo y cada una de las instituciones se enfoca en la investigación; una
vez que se gira orden de aprehensión por parte de la autoridad norteamericana,
las corporaciones se juntan y se trabaja directamente con el Instituto Nacional
de Migración para la deportación y entrega.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA /
LUNES, 17 SEPTIEMBRE, 2018 01:00 PM)
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