Aunque la SCJN ordenó al Congreso
legislar sobre el haber de retiro, no precisó mecanismo alguno ni parámetros,
por lo que diputados pueden definirlo de manera libre, dando posibilidad -según
el abogado Juan Manuel Molina- hasta de ofrecerles un año de sueldo y romper
cualquier relación con la institución. En tanto, el diputado Andrés de la Rosa
afirma que dicha legislación quedará lista antes de terminar el año y,
reconoce, no se contempla que el beneficio alcance a jueces, secretarios y
actuarios, por lo que no estarían obligados a incluirlos
Aunque la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el recurso interpuesto por el Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJE)
en torno a la obligación de Congreso local para legislar en materia del haber
de retiro para magistrados, no existe parámetro específico que defina
cantidades, tiempo, ni aportaciones, por lo que los diputados son libres de
hacer prácticamente lo que quieran.
Por lo menos es el análisis
realizado por Juan Manuel Molina, quien en su momento interpuso un recurso
legal contra el haber de retiro impuesto durante la titularidad del magistrado
Jorge Armando Vásquez, mismo que pretendía sueldos de por vida para el selecto
grupo de juristas y, en caso de muerte, alcanzaría a esposas, hijos y
concubinas.
Según el abogado, esto quiere
decir que los diputados pueden definir el criterio que les plazca, incluso
podrían copiar el Artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
Jalisco, que establece el pago en una sola exhibición por 12 meses de sueldo y
14 días de salario por año laborado.
Esto sería muy diferente al
primer esquema manejado por los titulares del TSJE, sin embargo, diputados
pretenden primero escuchar la propuesta de magistrados y definir su postura
luego de concluir con los trabajos de una comisión especial formada en la Junta
de Coordinación Política durante su última reunión.
La controversia
constitucional 13/2018, promovida por el Poder Judicial y revisada el 22 de
agosto por el ministro Javier Laynez Potisek en la Segunda Sala, reconoce
omisiones del Congreso del Estado en la falta de legislación sobre el tema, por
lo que obliga a definir el reglamento de haber de retiro a más tardar el
próximo periodo ordinario, que comprende de diciembre al último día de febrero,
y surtirán efecto a partir de la notificación al Poder Legislativo.
PANISTAS DIVIDEN VOTOS Y DEVUELVEN LISTA DE ASPIRANTES
A MAGISTRADO
Con una evidente división en
el bloque panista -donde se incluye a la diputada perredista Rocío López
Gorosave, que vota todo en favor del gobernador-, legisladores no pudieron
ponerse de acuerdo para elegir a uno de los 16 aspirantes a ocupar la vacante
que dejó el ex magistrado Félix Herrera Esquivel, al cumplir los 70 años de
edad, y devolvieron la lista para realizar un nuevo proceso de selección.
Lo anterior en una insólita
decisión que, pese a que la aplastante mayoría panista, fue imposible ponerse
de acuerdo en las tres rondas de votación que se realizaron de manera secreta,
tal y como ha ocurrido en los últimos procesos de selección.
Alrededor de las 5:00 pm
comenzó la sesión extraordinaria de pleno en el Congreso del Estado, donde
hicieron presencia los 25 legisladores. El único punto sobre la mesa era la
elección de magistrado y desde el principio de la sesión se comprendía –por
rumores de asesores y asistentes- que no hubo consenso entre legisladores y los
emisarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Luego de aprobarse la orden
del día y el Dictamen 74 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, presidida por el diputado Andrés de la Rosa, se dio inicio a
la votación secreta.
En las tres rondas, sólo dos
contrincantes acapararon la mayoría de los votos: los jueces Lourdes Molina y
Marcelino Zepeda obtuvieron juntos poco más de la mayoría calificada requerida
para ocupar el cargo.
Con diez votos a favor,
Molina ganó la primera ronda de votación, seguida por Zepeda Berrelleza, que
alcanzó los ocho sufragios; el resto se distribuyó entre Pedro Galaf Hernández
García, con tres; Ana Carolina Valencia Márquez, Carlos Alberto Ferré Espinoza
y María Elías González, con uno, respectivamente; y un voto nulo.
Dado que ninguno de los
aspirantes obtuvo las 17 menciones, se tuvo que someter a otra votación, la
cual ocurrió prácticamente de manera inmediata, pues los legisladores sólo se
pararon para conversar brevemente y compartir algunas risas.
El segundo encuentro tuvo
modificaciones, pero no sustanciales, pues la jueza Lourdes Molina subió en
preferencias al obtener once votos, seguida de Zepeda Berrelleza, con ocho; los
demás fueron Hernández García, Valencia Márquez y Angulo Guzmán, que obtuvieron
dos, una y tres selecciones.
A diferencia de otras
ocasiones, los legisladores no pidieron un receso para negociar en lo oscurito
y decidieron continuar con la selección, a sabiendas que ninguno de los
aspirantes alcanzaría la mayoría.
En la tercera vuelta el
ganador fue el juez Marcelino Zepeda Berrelleza, quien obtuvo diez sufragios,
seguido de Molina, con nueve. En esa última votación apareció también el juez
Álvaro Castilla Gracia, con dos votos; Pedro Gadaf Hernández García, Valencia Márquez y Ángulo Guzmán alcanzaron
de manera respectiva, dos y un voto.
Curiosamente, mientras se
desarrollaba la votación, el diputado Raúl Castañeda Pomposo gritó “No vas a
ganar” a un legislador que se encontraba del otro lado del pleno, seguido de un
gesto burlesco, lo que confirmó que no hubo consenso.
Al término de la tercera
ronda, la presidenta de la Mesa Directiva, Rocío López Gorosave, indicó que la
lista se regresaría al Poder Legislativo para reiniciar el proceso de
selección, teniendo un mes para analizar nuevos prospectos.
Al ser entrevistado después
de la sesión, Andrés de la Rosa Anaya comentó que se respetaron las decisiones
de los legisladores que analizaron todos los perfiles, pero lamentablemente no
se pudieron poner de acuerdo.
Sobre si hubo una división
del Partido Acción Nacional al momento de la elección, el legislador comentó
que sus compañeros de bancada tuvieron una definición de los prospectos, por lo
que la lista de 16 aspirantes tuvo que enviarse de regreso.
De la Rosa Anaya agregó que
el Poder Judicial deberá tomar las medidas correspondientes y tratar de
solventar la vacante que permanecerá por lo menos durante un mes; tomando en
cuenta que ya no quedan magistrados supernumerarios, el pleno del Tribunal
podría funcionar con 16 magistrados, por lo menos de forma indefinida.
Será dentro de 30 días cuando
concluya el proceso de selección y se emita una nueva lista donde podrían
ingresar los mismos prospectos, o bien, nuevos aspirantes que estarían listos
para ser votados. Mientras tanto, la Primera Sala del Tribunal Superior de
Justicia del Estado en materia civil permanecerá incompleta hasta que los
legisladores concluyan con el proceso, ya que también se cuenta con una vacante
para ocupar el espacio de magistrado supernumerario.
Esto quiere decir que no
podría ser retroactivo -lo que dejaría fuera a los ex magistrados Félix Herrera
y Raúl González Arias- como lo intentaron en los actos reclamados, pues
pidieron que se legisle y se responsabilice de “todas las consecuencias y
efectos que produzcan o hubiesen producido”, a raíz de no haber emitido la
legislación en la materia. Sin embargo, este último renglón fue desechado por
el ministro, al considerarlo “genérico”.
HABER DE RETIRO ES LEGAL, PERO TAMBIÉN INMORAL: MORENO
Pese a que comprende que como
institución están obligados a cumplir las leyes y mandatos de la autoridad
suprema de justicia, el diputado Luis Moreno considera que la solicitud de
magistrados para beneficiarse con un haber de retiro es inmoral.
Al igual que Juan Manuel
Molina, Moreno opina que las condiciones económicas que prevalecen en la
entidad no permiten que la ciudadanía absorba gastos en favor de personas que
ya ni siquiera laborarán, sobre todo porque no han aportado nunca para su
retiro.
Moreno aclaró que no está en
contra de la sentencia, pero sí de la figura, independientemente que el máximo
tribunal del país ya la avaló, por lo que ahora sólo queda regular esa medida y
obtener recursos de donde sea necesario.
“Es una cuestión más moral
que legal, vivimos en una sociedad con profunda polarización y donde en el
Estado quienes más ganan, son los del Poder Judicial; no hay otra figura de
servidor público que goce de prestaciones permanentes, incluso de haber
ejercido su función. Es verdad que tienen prohibiciones, no pueden trabajar más
que eso, pero saben a lo que van, cuando aspiras a ser magistrado como
presidente municipal, regidor o diputado, sabes a lo que te enfrentas y de lo
que no gozas, y en este caso ellos lo saben”, reflexionó.
Para Molina García, una
herramienta útil para terminar con el problema es que se elimine el candado que
impide a los magistrados litigar durante dos años, restringiendo que no puedan
llevar sus propios casos.
Aunado a ello, sugirió crear
una figura de Magistrado en Retiro, cuya función sea capacitar a jueces,
secretarios y actuarios sobre diversos temas a través de cursos en el Instituto
de la Judicatura del Estado.
Comentó que ya está
presupuestado ese recurso, por lo que no habría necesidad de generar aportaciones
extra, los magistrados tendrían una vida útil y no requerirían capacitadores
externos. Sin embargo, la propuesta no fue bien vista por los funcionarios.
NO ALCANZARÍA A JUECES, SECRETARIOS NI ACTUARIOS
El diputado Andrés de la Rosa
Anaya comentó que en ninguna parte del documento emitido por la SCJN fueron
contemplados jueces, actuarios y secretarios, por lo que no estarían obligados
a incluirlos en la reglamentación del haber de retiro.
“A reserva que tengamos un
proyecto, no existe ninguno, en el derecho comparado encontramos unas
definiciones que tienen que ver con que es a los magistrados a los que se les
otorga. Entonces, básicamente se va a circunscribir, al menos es lo que
tenemos, pero no es concluyente, hasta que se elabore el proyecto”, refirió.
La sentencia señala que
exclusivamente a los titulares del Poder Judicial, los cuales no han presentado
una propuesta al Congreso del Estado. Sin embargo, la Junta de Coordinación
Política ya evalúa los alcances y la cantidad de recurso que requerirían para
poder emprenderlo.
El abogado Juan Manuel Molina
aseguró que existe molestia por parte del sector jurisdiccional al no ser
incluidos en este tema, sobre todo porque magistrados lo hicieron parecer como
una lucha en favor del Poder Judicial, cuando sólo pretendían beneficiarse
ellos.
Agregó que actualmente “la
tropa” es la que realmente necesita garantías, pues su sueldo no es tan alto
como el del máximo grado en el escalafón jurisdiccional, y cuando llegan a
avanzada edad se les otorga -con suerte- una pensión humanitaria, lo cual
podría evitarse si se define un mecanismo de aportación económica con el que
todos los funcionarios pudieran jubilarse.
HABER DE RETIRO, ANTES DE CONCLUIR EL AÑO: DE LA ROSA
Pese a que el propio
gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, declaró que existe un fondo
aproximado a 45 millones de pesos para cubrir la primera parte del haber de
retiro, el diputado Andrés de la Rosa aseveró que la intención de la XXII Legislatura
es sacarlo adelante para el mes de diciembre, con el objetivo de poder
presupuestar los gastos que se generarían durante el próximo año.
“Nosotros seremos solidarios,
hay que ver qué propuesta presenta en la mesa, hay un fideicomiso, a ver en qué
sentido viene la propuesta, ya que la conocemos veremos, si no, sería
especular”, aseveró el gobernador al término del desfile cívico militar del 16
de septiembre.
Juan Manuel Molina, quien
fuera diputado cuando se presentó el haber de retiro, confirmó que había un
fideicomiso creado desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán, el
cual fue gestionado
por la magistrada María
Esther Rentería Ibarra, entonces presidenta. Sin embargo, el contrato señalaba
el primero de diciembre de 2015 como fecha límite.
En caso de no legislarse al
respecto, el recurso iría nuevamente a las arcas del Poder Judicial de manera
íntegra.
Según Molina, en caso que
dicho fideicomiso pudiera ser utilizado, no tendría que haber prisas para
reglamentarlo antes de terminar el año, ya que podría utilizarse para cubrir
las primeras necesidades, que serían solventar la pensión para el magistrado
Emilio Castellanos, quien se retiraría en 2019 al cumplir los 70 años de edad,
por lo que considera que la urgencia tiene un tema político de trasfondo.
De igual manera, dijo que
tendría que definirse la figura entre los magistrados más antiguos y la nueva
generación -las leyes bajo las que fueron elegidos son diferentes-, ya que
muchos de ellos ocuparán el cargo por 15 años, mientras que otros tienen más de
veinte años en el puesto, por lo que no pueden jubilarse en las mismas
condiciones.
Además del recurso, existen
otros puntos que complicarían la reglamentación del tema. El diputado de
Transformemos aseguró que se les viene el tiempo encima, pues en diciembre se
juntaría con la Ley de Ingresos, el Presupuesto
de Egresos y el nombramiento del magistrado y fiscal Anticorrupción, cuya
complejidad es evidente.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /EDUARDO VILLA LUGO LUNES, 24 SEPTIEMBRE,
2018 01:00 PM)
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