La mecánica del crimen, junto con los antecedentes de
los presuntos responsables, como se ha detalló en este espacio en su momento,
los había narrado Zerón. Tenían a los asesinos, y sabían el lugar donde los
habían matado, incinerado y tirados en bolsas, explicó. No tenían un móvil
claro, aunque Murillo Karam identificó como autores intelectuales a José Luis
Abarca, en ese entonces Alcalde de Iguala, y a su esposa María de los Ángeles
Pineda Villa, hermana de los jefes de Guerreros Unidos. El problema en ese
entonces no era explicar lo que habían sucedido en Iguala, sino la omisión y
negligencia del Gobierno federal para evitar que sucediera. La Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda los había investigado
durante un tiempo por lavado de dinero, pero nunca actuó. La PGR ignoró las
peticiones de la Fiscalía General de Guerrero para que procesara a Abarca como
presunto responsable del asesinato, de propia mano, de un líder del PRD opuesto
a él. De haberlo hecho, la red de protección institucional se habría roto.
¿Pudo haber evitado el crimen? Probablemente.
En esos momentos de otoño de 2014, el Presidente era
criticado por no haber actuado con prontitud para esclarecer el crimen, y
pagaba los errores de sensibilidad y oficio de dos de sus más cercanos
colaboradores: el subsecretario de Gobernación, su compadre Luis Miranda, y el
entonces Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Miranda no
entendió la gravedad de aquel ataque cuando el ex Gobernador de Guerrero, Ángel
Heladio Aguirre, le informó lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre
antes de que desaparecieran. El domingo 28, tras una exposición de Murillo
Karam en Los Pinos, donde dijo que todo era un conflicto entre
narcotraficantes, se optó, pese a que la PGR debió haber actuado por el tipo de
presunto delito involucrado, por dejarlo en manos del gobierno de “los
guerrerenses”. Nuño ratificó el lunes 29, en su reunión semanal de estrategia,
que era un asunto del ámbito municipal.
La ausencia del Gobierno federal durante 15 días
transitaba rápidamente de convertirse de un crimen local, a uno de
responsabilidad federal. La preocupación en el Gobierno se mantenía. ¿Cómo
explicarlo a la opinión pública para que tuviera credibilidad? La entonces
Subprocuradora de Derechos Humanos, Eliana García Lagunes, sugirió que se
invitara a expertos extranjeros para que acompañaran la investigación. El
gobierno, decía, no tenía ninguna otra opción para tener legitimidad y
credibilidad en la investigación. Era el único camino para evitar lo que temía
Peña Nieto, que lo recordaran como “el asesino de los normalistas”. García
Lagunes, acercó al Equipo Antropológico Forense Argentino con los padres de los
normalistas de Ayotzinapa, y le propuso a Murillo Karam a Emilio Álvarez Icaza,
en ese entonces secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que le abrió la puerta al Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), que se convirtió en una pesadilla para el gobierno.
La razón de tanto desencuentro fue que la versión del
gobierno, llamada por Murillo Karam “la verdad histórica” por sugerencia de
Zerón y contra la opinión de varios investigadores de la PGR, fue descalificada
por expertos internacionales. La versión es que los normalistas fueron
asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, contiguo a Iguala, donde se
demostró científicamente que había cenizas que pertenecían a uno, sólo uno, de
los jóvenes desaparecidos. La versión fue atacada por violaciones en la cadena
de custodia, el protocolo que establece que las evidencias de un crimen no
hayan sido alteradas. El 8 de diciembre de 2014, el equipo de peritos forenses
argentinos dijo que no podía confirmar que esas evidencias hubieran sido
tomadas de sitio donde dijeron las autoridades.
A aquellas críticas se le fueron sumando otras más.
En su reporte final sobre el caso, el GIEI documentó
que la PGR utilizó la tortura para forzar declaraciones de los inculpados y que
violó el debido proceso, como demostró al presentar fotografías de Zerón con
uno de los presuntos culpables en una reconstrucción de hechos ilegal en Cocula
a finales de octubre de ese año. Este punto ha sido fundamental para argumentar
ilegitimidad e ilegalidad en la investigación que llevó a la “verdad
histórica”, aunque Zerón siempre ha defendido que actuó dentro del margen de la
ley. La opacidad sobre evidencias y métodos empleados por la PGR, abonó a la
falta de credibilidad del gobierno y tiene en entredicho su alegato jurídico.
El señalamiento que no quería Peña Nieto de pasar como el Presidente que
“asesinó a los estudiantes” se convirtió, en estos cuatro años, en una verdad
política.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/24/09/2018 | 04:02 AM)
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