Foto: Cortesía
Tras la caída de Mariano Maldonado Mejía
“El M1” y de sus principales operadores a finales de 2015 y 2016, el secuestro
de migrantes se redujo sustancialmente en Mexicali. Sin embargo, la incidencia
se recrudeció a mediados de 2017, cuando la banda resurgió, dirigida por su
hermana Sara
Desde que el Grupo
Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) capturó
a Mariano Maldonado Mejía, conocido como “El M1”, y a sus principales
operadores, entre ellos su hermano Lucio “El Jabalí”, a finales de 2015 y
principios de 2016, la organización criminal apodada como “Los Emes”-que
monopolizaba el secuestro de migrantes en Mexicali-, sufrió una fractura que
suspendió sus actividades ilícitas por completo. Pero en 2017 pudieron
detectarse nuevos casos.
Esto desconcertó al Grupo
Coordinación, cuyas áreas de inteligencia ubicaron una nueva célula delictiva,
dirigida por Sara Maldonado Mejía -hermana del “M1”-, quien con sus hijos y ex
integrantes de “Los Emes”, reestructuró las operaciones del secuestro de
migrantes y modernizó su modo de operación, a través de un sistema definido y
exprés, disfrazado de inmobiliarias y documentos falsos para limpiar su rastro.
“Existen más células
dedicadas al secuestro de migrantes, pero la de los Maldonado es prioritaria
por su alto nivel de actividad”, afirmó un investigador integrado al Grupo
Coordinación.
En Mexicali, las autoridades
detectaron alrededor de siete secuestros de migrantes el año pasado y cuatro en
lo que va de 2018. Sin embargo, presumen que un gran porcentaje no son
denunciados.
El Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública del Estado (CCSPE) y el activista Sergio Tamai, acusan la
falta de registros fidedignos debido a las víctimas. Pese a esto, consideran
urgente definir políticas públicas entre Estado y Federación para combatir este
crimen que deja una ganancia de millones de dólares.
“LOS EMES”
Originarios de Pachuca,
Hidalgo, Mariano y su hermano Lucio -quien purgaba una condena de secuestro en
Pachuca, pero en 2012 fue liberado por un comando armado que interceptó un
vehículo de Policía que lo trasladaba a realizarse exámenes médicos- utilizaron
sus redes delictivas en el centro del país y llegaron a Baja California para
formar la agrupación que corporaciones identificaron como “Los Emes”, con
operatividad en esta frontera y en el Estado de México, Puebla y Ciudad de
México.
Respaldados presuntamente por
sus hermanos José Artemio “El Trabado” o “El Michoacano”; Gerardo, conocido
como “El Shrek”, además de Reyna y Sara, los Maldonado Mejía diseñaron una
estructura criminal que operaba desde su entidad de origen.
Foto: Cortesía.- Nuevo organigrama de
“Los Emes”
Según datos recabados por el
Grupo Coordinación, desde el vecino país del norte contactaban a personas
interesadas en cruzar familiares por la frontera de manera ilegal. Al cerrar el
trato eran “enganchados” con sus cómplices en entidades del centro del país
para trasladarlos a Tijuana y posteriormente a Mexicali, donde sería más fácil
cruzarlos ante medidas de seguridad más holgadas.
En la Capital
bajacaliforniana, los secuestraban y resguardaban en alguna casa rentada, donde
golpeaban a las víctimas y violaban a las mujeres, para luego pedir fuertes
sumas de dinero a cambio de su liberación.
La agrupación operó a la
sombra de la sociedad hasta abril de 2015, cuando un grupo de migrantes logró
someter a sus captores y escapar de una residencia localizada en Los Pinos, lo
que generó un enfrentamiento a balazos entre secuestradores y víctimas que
culminó en la intervención policíaca donde se detuvo a tres integrantes de la
agrupación, de los cuales uno era menor de edad y recobró su libertad en
cuestión de días.
José María González,
subprocurador de Investigaciones Especiales, estableció que el crimen fue
perpetrado por una banda que ya estaba involucrada en por lo menos 17 plagios,
algunos con órdenes de aprehensión vigentes.
En octubre de 2015 capturaron
a “El Jabalí”, y, en enero de 2016, al “M1”, este último recluido en el penal
de Tijuana, acusado de secuestro agravado.
SE REESTRUCTURAN CON FAMILIA Y EX “EMES”
De acuerdo a los avances en
investigaciones en proceso, en 2017 detectaron que Sara Maldonado Mejía, había
reiniciado los secuestros de migrantes, actividad delictiva que realiza en
complicidad con sus hijos Salvador Alcázar Maldonado “El Chava” o “Gordo”, entre otros ubicados
por apodos como “Saúl” o “El Borrego”, “El Chamek” y “El Cochi”, comenzando a
apalabrar víctimas.
Alcázar, quien no supera los
25 años de edad, se encuentra prófugo de la justicia al ser identificado como
uno de los involucrados en una balacera suscitada en la colonia Los Pinos en
abril de 2015, donde tres personas resultaron lesionadas por proyectil de arma
de fuego, luego que lograran desatarse y someter a sus captores, para después
huir.
Las indagatorias y
declaraciones refieren como parte de la agrupación a Jazmín Morales Cruz,
Aracely Hernández Juárez, Roberto Carlos y Fidel Antonio González Magaña,
quienes apoyan a la agrupación delictiva en labores de logística.
SECUESTRADORES SE MODERNIZAN
El seguimiento ministerial de
los casos evidencia que dos o tres días bastan para que secuestradores de
migrantes obtengan 20 mil dólares de dos víctimas en una sola operación. Tal
cantidad fue la que pidieron a familiares de una víctima originaria de Puebla y
Oaxaca, quienes accedieron a pagar, pero no alcanzaron a realizar el depósito
por la intervención de agentes de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE).
Mediante un comunicado de
prensa, el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales
(SIE) en Mexicali, David Lozano Blancas, dio a conocer que el 5 de julio se
logró la liberación de dos personas cautivas en una vivienda localizada en la
colonia 27 de Septiembre, a unas calles de las instalaciones de la II Región
Militar, donde existen varias viviendas abandonadas o en renta.
El inmueble de color amarillo
marcado con el número 1537 de Avenida
Planta Tijuana, fue “reventado” por policías ministeriales que tras labores de
investigación pudieron establecer este punto como una casa de seguridad en la
que rescataron a dos personas y detuvieron a tres integrantes de una célula
delictiva.
En el operativo fueron
detenidos Mario Pérez “El Concho”, Sergio Alexis “El Sensual” y Francisco
Sánchez “El Gordo”, todos originarios del Estado de México, uno de ellos
negociador, los otros dos cuidadores, pero ninguno lideraba la célula.
Vecinos habían reportado
actividades extrañas en dicho inmueble, movimiento de muchas personas durante
la madrugada, algunos gritos; uno de ellos afirmó que en una ocasión los
presuntos criminales llegaron a bordo de una camioneta Ford Expedition con los
cuatro neumáticos destrozados.
El activista Sergio Tamai
De acuerdo al informe, el día
de la intervención, los tres hombres salían de la casa cuando se vieron
rodeados por cuatro unidades de la Policía Ministerial; intentaron regresar a
la vivienda, pero fueron capturados. Al interior se encontraban las víctimas,
el negociador y un arma AR-15.
En una charla con elementos
de Antisecuestros, dijeron trabajar de manera independiente, pero reconocieron
haber pertenecido a la organización “Los Emes” y conocer a Sara y a su familia.
Reportes de la PGJE en
Mexicali, registran cuatro denuncias en 2018 por secuestro de migrantes, dos
están en proceso de integración. Sin embargo, las víctimas ya regresaron a sus
estados o países de origen, por lo que será complicado integrar las carpetas.
SECUESTROS DE DOS O TRES DÍAS
Las declaraciones de las
víctimas y cómplices detenidos, sirvieron a la PGJE para definir el modus
operandi de las nuevas células delictivas. De entrada, ya no golpean ni
torturan a los secuestrados, ahora el periodo del secuestro es más corto, de
dos o tres días, y en consecuencia solicitan cantidades inferiores de dinero.
Algunos llegan a Mexicali
“apalabrados”, otros son “enganchados” en los alrededores de las garitas. Les
piden hospedarse en hoteles de la Zona Centro de Mexicali, donde son recogidos y
trasladados a una vivienda rentada.
Estas nuevas células
delictivas independientes utilizan a empresas inmobiliarias para rentar casas
en colonias como Los Pinos, 27 de Septiembre, Villafontana, Jardines del Lago;
comunidades tranquilas con viviendas de gran tamaño, con puerta eléctrica y
reducida visibilidad desde el exterior.
Dichas empresas aceptan el
arrendamiento por uno o dos meses y reciben documentación apócrifa para
realizar el registro, el propietario nunca tiene contacto con el inquilino. De hecho,
la dueña del inmueble donde se rescató a los migrantes el 5 de julio en la
colonia 27 de Septiembre, resultó ser agente del Ministerio Público federal,
actualmente adscrita a Ensenada.
“Procuran usar la vivienda la
mayor cantidad de veces en un lapso de 30 a 60 días, como máximo, para luego
entregarla a la empresa inmobiliaria y posteriormente rentar otra”, comentó un
investigador.
UN TEMA INVISIBLE
Por deficiencias en el marco
jurídico y la nula intervención de la Procuraduría General de la República,
procesar a los secuestradores de migrantes es sumamente complicado, ya que con
frecuencia las víctimas se desentienden de los casos por miedo a ser
deportados, o bien, logran su objetivo de cruzar a Estados Unidos, donde se
vuelven ilocalizables.
El presidente del CCSPE, Juan
Manuel Hernández Niebla, así como el activista Sergio Tamai Quintero,
coincidieron en que es urgente definir políticas públicas para poder combatir
este tema, además de un reforzamiento en el marco legal.
“Es un tema diluido, es
terreno de nadie”, y según Hernández, incluso podría considerado un tema más
grave que los secuestros naturales, pero como sus orígenes son distintos, sus
estrategias de combate también deben serlo, por lo que no deben mezclarse.
Mientras que Tamai, quien
dirige el Hotel Migrante, dijo que a sus instalaciones llegan hasta diez
personas por semana, que han sido víctimas de secuestro, quienes no se atreven
a denunciar porque desean irse lo más pronto posible.
Agregó que desde que el Gobierno
Federal emprendió acciones para endurecer el tráfico de personas, proliferaron
estas agrupaciones dedicadas al secuestro, por lo que la única solución real
para combatirlo es permitir que tanto connacionales como centroamericanos
puedan cruzar libremente por México sin ser molestados por autoridades.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 16 JULIO, 2018
01:00 PM)
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