Mientras que autoridades penitenciarias
extinguieron más de una decena de prisiones en el país durante 2018, la
capacidad instalada aumentó y la sobrepoblación global disminuyó. Aún se
registran altos índices de sobrepoblación focalizados sobre todo en los estados
de México, Durango, Hidalgo y Morelos. Salieron de la lista de los penales más
sobrepoblados -Ciudad de México y Sonora-. En Baja California, el Cereso de
Tijuana presenta poco más del 20 por ciento de excedente de personas privadas
de libertad
Aunque los problemas de
autogobierno y -en menor grado- de sobrepoblación continúan en el sistema
penitenciario nacional, durante el último semestre, por lo menos 16 prisiones
cerraron sus puertas definitivamente en diversas entidades del país, principalmente
en Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.
El Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRES), dependiente de la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), recibió la notificación de los gobiernos
estatales sobre el fin del funcionamiento de las referidas cárceles, en su
mayoría administradas por autoridades municipales.
Trascendió que la
finalización de actividades en las prisiones, se debió a una serie de
recomendaciones realizadas por las Comisiones de Derechos Humanos, tanto
estatales como la nacional, para tener mejores medidas de seguridad, control y
trato digno a las personas privadas de la libertad.
Pese a ello, y aunque el
fenómeno va a la baja, todavía se registra sobrepoblación en 114 de un total de
342 centros penitenciarios que quedan en el país, según las estadísticas de la
dependencia federal hasta el último día de mayo, cuando se reportó una
población penitenciaria global de 203 mil 364 internos internas, 94.7 por
ciento del sexo masculino.
Por su parte, el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2017, practicado en 198 de los
establecimientos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), que va desfasado un año atrás en su información sobre la
capacidad de ocupación de los penales y su población, destaca el excedente de
presos en las prisiones, que en gran número, presentan anomalías, falta de
autoridad formal y funciones delegadas en los internos.
Entre las insuficiencias
detectadas, se encuentran la separación entre procesados y sentenciados,
deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de
dormitorios, cocina y comedores; poco personal de seguridad y custodia,
hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Y como aspecto muy importante, las condiciones de autogobierno o gobierno
compartido que privan en estos lugares.
PASAN A LA HISTORIA
A inicios del nuevo milenio,
en México llegaron a existir 448 cárceles, y en 2014, casi 260 mil personas
privadas de la libertad. En ese entonces, la capacidad para albergar a esa
numerosa cantidad de recluidos era de poco más de 197 mil espacios. La
sobrepoblación era brutal. Paulatinamente, el número de reclusos ha ido en
descenso y las estancias se han incrementado hasta abatir la sobrepoblación
global, no así la focalizada en ciertos estados y centros carcelarios.
Las políticas en la materia,
que incluyen el cambio de sistema penal y la entrada en vigor de las reformas
constitucionales relacionadas con derechos humanos, han motivado el cierre de
gran cantidad de penales. Basta con señalar que al concluir 2017 se contaba con
358 establecimientos en los que se disponía de 212 mil 82 espacios para un
total de 204 mil 617 privados de libertad.
Al concluir mayo de 2018, el
número de prisiones decreció a 342 cárceles tras el cierre de 16 de esos
recintos, aunque la capacidad aumentó a 215 mil 377 espacios y la población
penitenciaria se redujo a 203 mil 364 prisioneros, por lo que -“en teoría”- ya
no existe sobrepoblación, al disponerse de 12 mil 13 “vacantes”.
El 30 de mayo reciente, las
autoridades penitenciarias del Gobierno del Estado de Nuevo León informaron a
la Secretaría de Gobernación, a través del oficio AAP/NADH/645/2018, del cierre
de once cárceles, entre municipales y distritales. Aunque algunas de esas
instalaciones ahora serán utilizadas como centros para el cumplimiento de
sanciones administrativas.
Las prisiones neoleonesas que
dejaron de funcionar como tales, son las ubicadas en las localidades de
Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Linares, Cadereyta Jiménez, Montemorelos,
San Pedro Garza García, Doctor Arroyo, Villaldama, Cerralvo, China y Galeana.
En su mayoría, la Comisión de los Derechos Humanos había recomendado su cierre
para dignificar las condiciones de las personas encarceladas y se promovió su
traslado a centros estatales.
Las autoridades penitenciarias
de Quintana Roo no se quedaron atrás y anunciaron medidas para promover mejores
prácticas hacia la población privada de libertad. En mayo, fue cerrada en forma
definitiva la Cárcel Municipal de Isla Mujeres y sus reclusos fueron enviados a
otras prisiones de la entidad. Mientras que, en el Centro de Retención
Municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), se hicieron adecuaciones para
pasar de 376 espacios a 405.
Por su parte, el Gobierno del
Estado de Zacatecas también cerró dos penales, tal y como lo publicó en el
Periódico Oficial del Estado el 2 de mayo de 2018 y se informó al OADPRES. Las
autoridades dieron cuenta de los acuerdos administrativos, por medio de los
cuales se decretó la extinción de los establecimientos penitenciarios distritales
de Juchipila y Teúl de González Ortega.
SOBREPOBLACIÓN
La entrada en vigor del
actual sistema de justicia penal -en su totalidad-, en junio de 2016, ha traído
consigo el beneficio de reducir la población en muchos de los centros
carcelarios del país, aunque su eficacia para impartir justicia siga quedando
en tela de juicio. Las prisiones de Ciudad de México que en el pasado llegaron
a albergar a más de 40 mil procesados y sentenciados, hoy están por mitad.
Increíblemente, en esos
penales de la Capital del país, el mes de mayo último cerró con una población
de 27 mil 243 personas privadas de la libertad, superado en número por los
centros carcelarios del Estado de México, donde contrario a la tendencia
nacional, cada vez crece el número de internos, que a la fecha suman 27 mil
520, casi 300 más que Ciudad de México.
Además del ex Distrito
Federal, salió de la lista de los primeros siete lugares de sobrepoblación
penitenciaria el Estado de Sonora, mientras que Durango y Tabasco, ocuparon tan
deshonrosos sitios. Nayarit cedió el primer lugar al Estado de México que, en
porcentaje, comparando el número de espacios contra la población existente,
rebasa por mucho la habitabilidad de sus cárceles. Los estados que se mantienen
en la lista, aunque con porcentajes menores que en tiempos recientes son,
además de Nayarit, Hidalgo, Jalisco y Morelos.
De los 342 penales del país,
la estadística más reciente destaca que en 114 existe sobrepoblación, siendo
mayoría el número de privados de la libertad con situación jurídica mixta, o
sea, que tienen procesos o condenas por imputárseles la comisión de delitos del
fuero común y del fuero federal en 87 establecimientos; mientras que en 27
prisiones hay excedentes de internos acusados exclusivamente por delitos del
fuero común.
La CNDH ha establecido que
las condiciones de sobrepoblación, y peor aún, de hacinamiento, generan
problemas que dificultan el funcionamiento adecuado de los centros
penitenciarios, como son la presencia de áreas de privilegios, autogobierno,
venta de drogas e introducción de armas y objetos prohibidos. Se alienta la
comisión de homicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos en general.
Las condiciones de
sobrepoblación son aún más graves cuando se presentan en centros de reinserción
femenil o mixtos con población femenina, donde en algunos casos las mujeres
privadas de libertad conviven con sus hijos menores de tres años de edad. Tan
solo en el DNSP 2017, se advirtió de la presencia de 444 niños que vivían en
las prisiones mexicanas, hijos de 417 reclusas.
BAJA CALIFORNIA
En los últimos cuatro años,
la capacidad ocupacional de los cinco centros penitenciarios de la entidad se
mantiene intacta; sin embargo, la población ha disminuido, aunque en dos de las
prisiones se mantienen índices de sobrepoblación muy por debajo de los niveles
que llegaron a tener.
En ese lapso, el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de La Mesa en Tijuana, logró disminuir una sobrepoblación de
168.86% -una de las mayores del país-, a solo 20.19%. En el caso del Cereso de
Mexicali, no existe información fidedigna, pues desde diciembre de 2013 las
autoridades penitenciarias de Baja California reportan los mismos espacios y
número de presos, pretextando que “continúan los trabajos de adecuaciones al
sistema”, por lo que -desde entonces- se repiten los datos mes a mes.
El penal “El Hongo II” se
mantiene subutilizado, con apenas una ocupación del 14.8% de su capacidad
total. A poco tiempo de su inauguración, en 2014, tenía una población de 952
internos, mientras que en mayo reciente reportó 682.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LUIS CARLOS SÁINZ/
LUNES, 16 JULIO, 2018 01:00 PM)
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