Manifestantes con morteros caseros
durante enfrentamientos con fuerzas policiales en Masaya, Nicaragua, el martes.
Se cree que murieron cuatro personas durante los choques. Credit Oswaldo
Rivas/Reuters
MASAYA, Nicaragua — Es un
ejército muy particular y descomunal.
Armados con morteros caseros,
escondidos tras bufandas y máscaras de esquí, los luchadores de Masaya estaban
agachados el martes detrás de las barricadas construidas para proteger las
calles de su ciudad en rebelión.
Comenzaron los disparos y
respondieron con explosivos improvisados, al tiempo que voluntarios intentaban
refrenar el avance hacia el centro de la ciudad de fuerzas paramilitares y
policías. Conforme los atacantes rompían con las barricadas, los defensores
corrían por las calles vacías, frente a familias que veían todo desde las
puertas de sus casas listas para apurarse dentro si se acercaba el peligro.
Pero al final del día la
resistencia no tenía cómo enfrentarse al poderío de los hombres enviados por el
presidente Daniel Ortega, con la intención de rescatar a un comandante policial
encargado de contener el levantamiento en Masaya, pero que terminó siendo rehén
durante semanas.
El día empezó con el repique
de las campanas de la iglesia, para alertar a los ciudadanos de Masaya, y
terminó con cuatro muertos y más de treinta heridos. Pero la ciudad se mantiene
desafiante.
“El que hayan llegado a la
ciudad no significa que nos vamos a rendir”, dijo Yubrank Suazo, portavoz en
esa zona para el movimiento estudiantil 19 de abril.
Han pasado dos meses desde
que los nicaragüenses se levantaron de manera masiva para demandar el fin del
gobierno de Ortega, un repudio al hombre que ha dominado la vida política del
país por casi cuarenta años. El poderío inicial de las protestas, cuando
parecía que tan solo el enojo en las calles sería suficiente para tumbar a
quien fue el héroe de la revolución de 1979, ahora se ha topado con la realidad
de que Ortega y Rosario Murillo, la vicepresidenta y primera dama, se mantienen
atrincherados.
Ha surgido una campaña de
terror por parte de las fuerzas paramilitares respaldadas por el gobierno,
usualmente acompañadas por policías antimotines, que parece estar pensada para
amedrentar a los ciudadanos para que se resignen.
Al mismo tiempo, el gobierno
está involucrado en negociaciones atropelladas con una alianza de grupos
opositores, entre ellos los estudiantes que desataron el movimiento,
empresarios y organizaciones agrícolas.
El funeral de Jorge Carrión, quien
falleció durante la represión de las protestas en Masaya Credit Inti
Ocon/Agence France-Presse — Getty Images
En las calles, muchas
personas dicen que quieren fuera a la pareja presidencial. La conferencia
episcopal, mediadora en el diálogo, ha propuesto que haya elecciones
anticipadas para marzo (el mandato actual de Ortega terminaría en 2021).
El Departamento de Estado
estadounidense dijo que “las elecciones anticipadas representan un camino hacia
adelante constructivo” y el embajador de Estados Unidos ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, llegó el martes a Managua para reunirse
con la oposición y el gobierno.
Jaime Wheelock es, junto con
Ortega, uno de nueve comandantes revolucionarios del Frente Sandinista de
Liberación Nacional de los años setenta, y para él el diálogo es la única
manera de salir de la crisis política actual.
“Me preocupa que la violencia
escale, que se convierta en un conflicto armado de baja intensidad”, advirtió
Wheelock, quien se alejó de la política después de que el sandinismo perdió las
elecciones de 1990. “La comunidad internacional no parece entender lo seria que
es la situación y mientras no lo hagan la población nicaragüense queda
indefensa”.
La agenda de la Iglesia prevé
que se reduzca el control férreo que Ortega ha establecido sobre los poderes
legislativo, jurídico y electoral desde que regresó al poder en 2006, y busca
garantizar que los partidos políticos puedan competir en elecciones limpias. El
presidente no ha dado respuesta clara a esa propuesta, aunque tampoco la ha
rechazado.
Ambas partes estuvieron de
acuerdo en el primer paso a tomar: invitar a organizaciones internacionales de
derechos humanos para investigar la violencia que ha resultado en más de 180
muertes en dos meses. Sin embargo, el gobierno no ha presentado las cartas de
invitación a esos organismos y la alianza opositora suspendió temporalmente el
diálogo el martes tras acusar que había incumplimiento.
“No puedes estar en un
diálogo por un lado, y matando y asesinando por el otro”, dijo Álvaro Leiva
Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH),
después de la violencia en Masaya. “No es posible”.
La vicepresidenta y primera dama,
Rosario Murillo, con Daniel Ortega en 2016 Credit Esteban Félix/Associated
Press
La intimidación se ha dado de
varias maneras. Hombres enmascarados tiran puertas durante la madrugada y se
llevan a presuntos sospechosos, francotiradores abren fuego durante protestas y
paramilitares desmantelan las barricadas construidas por los manifestantes con
tambos y piedras.
En un ataque que dejó
horrorizados a los nicaragüenses, seis integrantes de la familia Velásquez
Pavón, incluido un bebé y un infante, murieron el sábado cuando una turba de
enmascarados provocaron un incendio en el edificio donde estaba la tienda de
colchones y casa de la familia.
Una de las hijas que saltó
desde un balcón y logró sobrevivir les dijo a medios locales que las fuerzas
paramilitares habían demandado que la familia dejara entrar a un francotirador
para posicionarse en el techo. Cuando se rehusaron, los atacantes provocaron el
incendio e impidieron que la familia pudiera escapar.
Según la versión del
gobierno, los manifestantes son vándalos y terroristas, una postura que Murillo
repitió durante uno de sus discursos de mediodía el martes.
“Nuestro comandante Daniel”,
dijo, “está comprometido con frenar esa ola terrorista, esa ola de odio, de
crímenes de odio, de torturas, vejámenes, indignidades, secuestros, amenazas,
intimidación, quemas de viviendas de familia, atrocidades sin límites”.
No queda claro si la
violencia contra los opositores del gobierno logrará suprimir las protestas o
si más bien reforzará su determinación.
Las manifestaciones masivas
en Nicaragua en las primeras semanas se detuvieron cuando hombres armados
abrieron fuego durante una protesta el 30 de mayo, fecha en que Nicaragua
celebra del Día de la Madre, y murieron quince personas. Esta semana algunos
manifestantes se reunieron en una rotonda con cruces en honor a quienes
fallecieron por la violencia y ondearon banderas nicaragüenses.
“Estamos acá para retomar las
calles”, dijo Edwin Carache, de 27 años, uno de los líderes del movimiento
estudiantil. Y lanzó una advertencia para Ortega: “Si el pueblo te puso aquí,
el pueblo puede sacarte. Los ciudadanos empiezan a reclamar sus verdaderos
derechos”.
A Sara Maritza Oporto, de 47
años, le tocó ver de cerca la represión después de que su hijo, Guillermo
Sobalvarro, de 23 años, fue arrestado el viernes camino al mercado. Cuatro días
después lo único que sabía de él era que fue llevado a la cárcel de Managua
apodada el Chipote, y estaba ahí a la espera junto con otras madres,
repartiendo comida y jabón por medio de los barrotes.
“Voy a ser honesta”, dijo
Oporto, “he sido parte de las marchas en protesta y voy a seguir participando
porque no es un delito”.
Dijo que planeaba enviar a su
hijo a Costa Rica cuando fuera liberado, pero que ella se va a quedar. “Quiero
un país libre, donde ser joven no sea delito”.
(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ ELISABETH MALKIN/ 20 DE
JUNIO DE 2018)
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