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El dueño de un restaurante de tacos, el
hijo de un tortillero, la esposa de un
minero, el hijo de un empresario de licores, familiares con antecedentes
delictivos, ha sido el perfil de algunas de las víctimas de secuestro en Baja
California. La autoridad informó a los empresarios que los secuestradores son
parte de un crimen organizado, pero no cárteles
Le apuntaron con un arma
larga y después de incapacitarlo con una pistola de choques eléctricos, se
llevaron al joven de un concurrido negocio en el Bulevar Agua Caliente, el 23
de abril en Tijuana. La madre se vio obligada a negociar con los secuestradores
y pagó el rescate antes que las autoridades encontraran al muchacho.
La mujer fue advertida: “Los
tenían ubicados”. Además, los criminales le dieron detalles para probar la
amenaza:
“Escúcheme, tiene dos pinches horas para
deshacerse del gobierno”.
“No te hagas pendeja, yo sé todo”.
“Parece que no quieren a su hijo”.
“Voy a ir a tirar a su pinche chamaco
en la casa”.
“Otra pendejada más y le vamos a empezar
a mandar dedos a su casa”.
Al joven lo lastimaban para
que gritara mientras lo contactaban por teléfono con su familia, ello fue parte
de la serie de amenazas que la madre se vio obligada a enfrentar, en el caso
más reciente de secuestro ocurrido en Tijuana que concluyó con la captura “en
flagrancia” de dos hombres. De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH) de
la Policía Ministerial, ambos fueron identificados como “cuidadores” de la
víctima, y vinculados a proceso el miércoles 2 de mayo.
Pero otros casos no han sido
exitosos.
Era el hijo de un yonkero. Un
mes atrás un grupo de hombres se lo llevó contra su voluntad del negocio
ubicado en Simón Bolívar e Insurgentes, pidieron dinero para regresarlo con
vida a su familia. Negociaron por dos semanas y de repente no hubo más
comunicación, días después el muchacho fue encontrado asesinado.
“Era un tema del papá”,
justificaron las autoridades que apoyaron a la familia. Ampliaron: “Quienes se
dedican al secuestro no ganan nada con matar a su víctima si no han recibido el
dinero”, como sucedió en este caso, aseguraron los funcionarios de seguridad.
Este es uno de los secuestros
de los que tuvo conocimiento el Grupo Coordinación, pero que no se encuentra
contabilizado entre los ocho mencionados por la procuradora Perla del Socorro
Ibarra -con cuatro víctimas rescatadas- e incluidos en la estadística estatal
entre enero y abril de 2018. El detalle: la familia no tuvo la confianza para
denunciar ante las autoridades.
Este caso tampoco es parte de
las 14 privaciones contabilizadas entre enero y abril, esas que de acuerdo al
subprocurador de Zona de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge
Álvarez, incluyen personas o familiares de las mismas, con antecedentes de
narcomenudeo y delitos contra la salud, y que asegura, suman apenas el 12.28
por ciento de las 114 denuncias recibidas por ese delito.
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Para las autoridades, en otro
extremo están los que llaman “secuestros, secuestros”.
Ella es una mujer de origen
coreano, su esposo un minero con recursos y negocios en San Antonio de Las
Minas. El 20 de abril, Eduardo Jiménez, José Hernández, Jesús Ramos y Desiré
Espinoza, los cuatro a bordo de un automóvil sedán gris y usando una pistola
calibre 40, privaron de la libertad a la fémina en la calle Ciclón en la
delegación Playas de Tijuana sección Costa de Oro, en el segundo acceso.
Huyeron y en el camino le
preguntaron a la dama por sus bienes y los de su esposo, advirtiendo de la
petición de un rescate. Tras una persecución, policías municipales los
interceptaron. Los captores fueron apresados y la víctima liberada en la
colonia San Ángel, Delegación San Antonio de los Buenos.
Aunque los delincuentes no
llegaron a pedir dinero como rescate, en la PGJE acreditaron la intención de
hacerlo y, debido al perfil de la mujer, fue tipificado “…este es secuestro”. A
diferencia del “levantón”, donde se llevan gente para cobrarles deudas de
drogas u otros delitos.
Así es como filtra la
fiscalía a las víctimas, el problema es que a pesar de ser enterados de la
comisión de otros delitos al investigar los secuestros, las autoridades optan
por resolver lo local y no investigar el resto.
EX SOCIO
Lo primero que encontraron
las autoridades tras el secuestro del
muchacho en el negocio Licodega el 23 de abril -rescatado el día 26-,
fue que Salvador Parra, el padre de la
víctima, internado en un centro de rehabilitación por temas de alcohol, tenía
antecedentes por delitos en Estados Unidos.
En Tijuana había sido
detenido -y liberado- en diciembre de
1997 como parte de un operativo realizado por soldados y policías federales,
tras catear 50 lujosas residencias en los cinco municipios de Baja California,
que de acuerdo a la versión del narcotraficante Arturo Eng Guerrero, estaban
ligadas a las actividades ilícitas del Cártel Arellano Félix (CAF).
“Pero eso fue hace 21 años,
quedó en libertad y no se encontraron actividades delictivas recientes”,
arguyeron las autoridades.
Versiones extraoficiales
proporcionadas a ZETA refieren que previo a sus actuales negocios lícitos de
importación y venta de licores, el padre de la víctima tuvo alianzas con delincuentes para traficar licor.
Entonces su socio era un sujeto
identificado solo con el apellido de Martínez, quien estuvo preso en Estados
Unidos. De acuerdo a la visión de este hombre, parte de esos recursos se usaron
para fundar los negocios lícitos -de los que él quedó fuera- en los que Parra
tiene un nuevo socio, eran de él y se los deben.
Respecto a la supuesta deuda,
lo que aparece en el expediente oficial salió de la declaración de la víctima,
quien explicó que mientras lo maniataban, los secuestradores le decían que el
socio de su papá -Emmanuel Quezada-, su compadre, le debe dos millones de
dólares y que como socio, Parra tiene que responder por ello; el muchacho dijo
desconocer a quién se referían.
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Al final, el joven fue
privado de la libertad, amenazado y maltratado física y psicológicamente, los
secuestradores pidieron un millón de dólares para liberarlo, después 2
millones, y terminaron recibiendo una parte de lo que requerían.
Durante la audiencia de
control de detención realizada tras la captura en flagrancia de José Manuel
Camacho Vizcarra y Julio Arturo Martínez Corrales, quienes a decir de los
agentes cuidaban a la víctima en la casa de seguridad con el número 20851 de la
calle San Juan del fraccionamiento Otay Magisterial, en el acta de inspección
de esa escena los investigadores
indicaron que encontraron un mensaje instruyendo “…en caso de necesitar comida
para ustedes o el amarrado llamar a Daniel Martínez ‘El Jou’ o ‘You’”.
En la audiencia de
vinculación, el Ministerio Público aseguró que Arturo Martínez, capturado
mientras estaba a un lado de la víctima maniatada con cinta gris en ojos, pies
y manos, había confesado el secuestro e implicado a Camacho, sin embargo,
mientras la agente del Ministerio Público refería los cargos, él negaba
contantemente con la cabeza, y al ser vinculado se dirigió a la juez: “Quiero
hablar, es que mintieron, me dijeron que no tenía que decir nada…”, fueron sus
palabras antes de ser reconvenido por la juzgadora para que hablara con su
abogado.
La próxima audiencia fue
pactada para el 3 de septiembre de 2018, para dar tiempo al Ministerio Público
de buscar antecedentes, huellas y socios
de los detenidos para la comisión de este secuestro.
CARGAMENTO PERDIDO
Entre secuestro y “levantón”,
la PGJE trabajó el caso del hijo del dueño de una tortillería en Montes
Olímpicos, donde fueron detenidos Vicente Ontiveros, Adrián Domínguez, Eusebio
Gutiérrez, Arturo García y Alfredo Lara, pasada la 1:30 pm del 17 de abril ,
minutos después de haberse llevado a la fuerza al joven que fue rescatado casi
de manera inmediata.
Mientras huían, los hombres
le preguntaban a la víctima de las propiedades que podría tener su familia para
responder por su vida.
Oficialmente los detenidos no
aceptaron declarar, sin embargo, de manera no oficial, autoridades del Grupo
Coordinación detallaron que se trataba
del cobro de una cuantiosa deuda.
Explicaron que el padre del
muchacho perdió un cargamento de enervantes en Los Ángeles, California, que ya
le habían cobrado varias veces – el 4 de abril le dispararon-, pero argumentaba
que él no tenía dinero ni droga, y por eso su cobrador había ordenado el
secuestro para que el padre pagara el rescate. Las autoridades conocen esta
versión, y para nada quedó consignado en el expediente del caso.
“ENTRE ELLOS”
“Para efectos de las
consecuencias y determinar qué tan peligrosos es vivir en una ciudad equis,
decimos ‘oye, se tuvo veinte secuestros’, y la respuesta es ‘fueron seis y 14
privaciones’”, comentó Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional
de Comercio en Tijuana, al referirse al informe que recibieron los empresarios.
“Como que decir privación no
es tanta bronca, volvemos a lo mismo criticable por parte de la sociedad y del
gobierno, de ‘se están matando entre ellos’. Una privación es, ‘se están
levantando entre ellos, se debían una lana y se la cobraron.’, pero es un tema
como el de la marihuana, que no hace daño, pero empiezas con la marihuana y ¿en
qué terminas?”, planteó, para continuar:
“Los que se dedican a privar
de la libertad ven que está fácil llevarse a los rivales y agarran a otro
igual, la diferencia es que ese otro no le debe dinero a nadie, ni es
delincuente”.
VERSIÓN
OFICIAL: CRIMEN ORGANIZADO, NO CÁRTELES
“El tema del secuestro está
en la mente y antes no lo traíamos, pero no vemos que el ambiente de
inseguridad este afectando la actividad comercial”, argumentó Escobedo.
“Entiendo que la diferencia
de lo que hoy se pudiera estar presentando en estos casos… no sé si decir
aislados, porque son seis, es que no son por cárteles, sino que es por gente
que busca dinero rápido, no hay una organización como antes, que secuestraban a
alguien y se lo vendían a otra
banda que tenía mayor nivel que ellos,
eso antes era común, pero es un tema que ya está en la agenda, que lo trae la
Procuraduría porque se han dado nuevos casos; algunas privaciones pudieran ser
secuestros o simplemente para continuar inhibiendo”, enfatizó el empresario.
“Oficialmente no traemos
incremento en secuestro, solo en privaciones, el Estado tiene entre 40 y 45 por
mes. Las privaciones de marzo 2017 a
marzo 2018 suben 18%, si analizamos el comportamiento de los delitos en el
Estado y en Tijuana, te vas a dar cuenta
que en la mayoría hay un avance, por marginal que sea, salvo homicidios y
narcomenudeo, ¿nos estamos agarrando de ahí para no apretar tanto?, tengo mis
dudas”, comentó, para rematar:
“Estamos esperando que las
nuevas estrategias empiecen a dar
resultados”.
ESTADÍSTICAS
De acuerdo a los números
dados por las autoridades a los empresarios, en enero se denunciaron dos
secuestros, uno en Tijuana y otro en Mexicali; en febrero solo se denunció uno
en Tijuana y en marzo uno en Tijuana y otro en Ensenada.
Compararon el primer
trimestre de 2018, con cinco secuestros, contra los seis registrados en 2016 y
los seis que se presentaron en 2017 en
el mismo periodo; reportaron una reducción del 17%.
Pero en abril de 2017 por
ejemplo, no hubo ninguna denuncia por este delito, mientras este año van tres,
y el yonkero que no se denunció.
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Para calmar a los empresarios
les recordaron que en el primer trimestre de 2008 se habían denunciado 32
secuestros, lo que no mencionaron fue que en aquel momento las
privaciones-levantones no se excluían, las denuncias se contabilizaban juntas.
Respecto a las privaciones
que de acuerdo al subprocurador en Tijuana registra 114 denuncias recibidas, de
las cuales solo 14 están relacionadas con “levantones”, también están los
informes de la Policía Municipal de Tijuana, que reportó haber realizado 35 IPH
por privaciones de la libertad en los primeros cuatro meses de 2018: siete en
enero, con seis detenidos; nueve en febrero, con dos aprehendidos; once en
marzo sin detenidos; y ocho en abril, con 18 detenidos.
Sin embargo, para tener una
idea de los resultados vale revisar y comparar, porque en abril, de los ocho
informes municipales, la PGJE en Tijuana
solo encontró elementos para judicializar dos por secuestro -en ambos casos los
detenidos están vinculados a proceso- y analizar cuatro de las denuncias por
“levantones”.
De esos expedientes de
privaciones:
* En el 16083, judicializaron a Eduardo Montoya, quien
está en prisión preventiva.
* En el 17924 judicializaron, pero tres hombres fueron
liberados al declararse ilegal la detención, porque no hubo flagrancia.
* 18303, tres detenidos fueron dejados en libertad
porque la víctima no los reconoció.
* 18763, mujer dejada en libertad porque la víctima no
la reconoció.
ABRIL, TENDENCIA A LA ALZA EN SECUESTRO
Al preguntarle al presidente
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, Juan
Manuel Hernández Niebla, cuál era su lectura de los cuatro secuestros conocidos
públicamente en abril -muchos en un corto periodo-, respondió:
“Sí muestra una tendencia
definitivamente, ya hace algún tiempo nosotros declaramos que si las cosas
seguían como estaban, lo que seguían eran los secuestros, era como un déjà vu”.
La delincuencia se siente tan
impune en el actuar que eventualmente le empieza a subir el perfil al delito y eso es lo que parece que está
sucediendo, “aquí hay un cruce de cables, los números fríos según las
autoridades son ocho secuestros, seis de ellos en Tijuana en lo que va del año,
a estas fechas el año pasado llevábamos tres o cuatro, entonces sí, realmente se
ha dobleteado.
“Después de ahí vienen las
famosas privaciones ilegales de la libertad, supimos del secuestro de un
yonquero y luego finalmente lo que dice la autoridad es que había manejos raros
en el asunto. El asunto del tortillero de igual manera, ¿de qué manera podemos
nosotros filtrar si verdaderamente son secuestros o privaciones de la libertad?
La verdad no tenemos el conocimiento, tenemos que confiar en lo que nos dice la
autoridad, los números que ellos manejan son los que estoy mencionando”, expuso
Hernández Niebla.
“Los seis secuestrados
genuinos que la autoridad nos dice que sí es crimen organizado, claramente con
una estructura armada, organizada que básicamente nos está pegando, estamos
investigando al respecto, pero todavía no estamos en la posición de actuar, pero
sí nos hablan de estructuras criminales sustentadas y organizadas”, agregó.
DENUNCIA INMEDIATA
El secretario de Seguridad
Pública Municipal de Tijuana, Marco Sotomayor, aseguró que el promedio de
privaciones y secuestros se ha mantenido a la baja y en promedio, “lo que hizo
más ruido en abril fue que hubo más
asegurados, luego el video de un secuestro anduvo circulando, eso te pega en la
percepción, pero las estadística son similares”.
Y el común denominador en los
casos con detenido, “tiene que ver con el tiempo que tarden en llamar para
denunciar, en estos dos casos hubo llamadas inmediatas al 911 y se pudo
reaccionar porque teníamos unidades relativamente cerca, se pudo identificar a
los vehículos”.
Y amplió:
“Para robos con
violencia, homicidios y privaciones
tenemos un operativo que desplegamos, pero si la llamada la hacen cinco minutos
después, ya se evadieron, tiene que ser inmediata, ese es factor determinante.
“Otras son situaciones al
azar, si en ese momento tenemos una unidad cerca hay más posibilidades de
poderlos intervenir. No se trata de que en unos se responden rápido y otros no,
en uno se es eficaz y en otro no, tiene que ver con el tiempo en el que
informan y cómo están desplegadas en ese momento las unidades”, admitió el funcionario.
MENSAJES EN REDES, BOLETINES Y COMUNICADOS
La semana pasada, a través de
redes sociales circularon dos mensajes en los que se advertía que los policías
andaban secuestrando en las calles de la ciudad, de manera inmediata el
Gobierno del Estado emitió un boletín negando y fue respaldado por otro
comunicado del CCSP.
“Hay una tendencia, y la
tendencia genera esta paranoia que traemos ahorita en la ciudad.
No estamos diciendo ‘no hay
secuestros, no hay extorsiones’, sino que estos mensajes que se están
distribuyendo en las redes no son necesariamente la realidad”, enfatizó Juan
Manuel Hernández.
“Nos dice gente con la que
hemos platicado, sí existen los secuestros y les decimos, díganme dónde están
para poderlos sustentar, y nos responden que no tienen confianza en la
autoridad; les decimos, vengan con el Consejo Ciudadano, a mí me ha tocado
involucrarme con mucho gusto, nosotros hacemos la conexión ante la autoridad y
estamos acompañándolos en todo el proceso” concluyó el titular del CCSP, invitando
a las familias de las víctimas a acercarse al organismo.
SUMAN 952 HOMICIDIOS DOLOSOS EN BC; ABRIL, EL MÁS
VIOLENTO DEL AÑO EN TIJUANA
Entre los hechos dolosos
registrados durante los últimos siete días en Tijuana, destaca el hallazgo de
dos cabezas humanas cercenadas, un hombre descuartizado dentro de una hielera,
el ataque de un ministerial adscrito a la Unidad de Robos -a quien meses atrás
ya habían amenazado a través de un narcomensaje dejado sobre el Corredor 2000
en 2017-, así como el crimen de una mujer, convirtiéndola en la víctima 70 en
lo que va del año.
En 2018 suman 952 homicidios
dolosos en el Estado, con Tijuana a la cabeza, con 767 hechos. Hasta ahora, abril ha sido el mes más
violento en el año, con 207 crímenes.
La mañana del miércoles 2 de
mayo, el agente ministerial Alfredo Pérez Obispo, de 37 años de edad, fue
atacado a tiros cuando iba a bordo de un vehículo oficial en la colonia
Ampliación Guaycura. Recibió impactos en hombros y un rozón en la cabeza, pero
alcanzó a repeler la agresión, lesionando al menos a una persona, de acuerdo a
rastros de sangre encontrados en una camioneta tipo Suburban color oscuro, con
placas de California que fue abandonada con armas largas en su interior sobre
el Bulevar Insurgentes, a la altura de la colonia Los Álamos. Hasta el momento
el agente se reporta fuera de peligro y los presuntos criminales no han sido
localizados.
La lista de homicidios de la
última semana es como sigue:
SÁBADO 28 DE ABRIL. Un masculino de entre 30 y 35 años fue ejecutado Valle Dorado. Dos
hombres, uno de ellos identificado como Omar Lisandro Jiménez Meza, de 33 años,
fueron asesinados a tiros en Fovissste.
Vanderley Ataliva Comandari Montiel, de 43 años, fue privado de la vida por
arma de fuego en la colonia Guerrero.
DOMINGO 29. Un
hombre de alrededor de 40 años fue ejecutado en el Hotel Niza. Un masculino fue
acribillado en una vivienda en la
colonia Alfonso Ballesteros. Una cabeza cercenada, correspondiente a un sujeto
de entre 30 y 35 años, fue localizada en un bolso en la Zona Centro. En Los Lobos, un sujeto desconocido fue
atacado a balazos, hiriéndolo de muerte.
LUNES 30. Mayor Hilarión López López, de 25 años, fue
privada de la vida a balazos en Las Torres parte alta. La cabeza cercenada de
un masculino de entre 20 y 25 años fue localizada en Lomas de San Martín, sobre
el resto humano una leyenda: “ASÍ VAN A QUEDAR RATAS ATTE CTNG”.
MARTES 1 DE MAYO. Alberto Camacho, de 42 años, falleció en la Clínica 1 del IMSS luego
de recibir un tiro en el tórax el 27 DE
ABRIL. Una mujer, de entre 45 y 50 años, fue ejecutada a balazos en la Zona
Norte. Los restos humanos de un masculino fueron localizados en el interior de
una hielera en la colonia Guerrero.
MIÉRCOLES 2.
Con lesiones punzocortantes fue localizado el cadáver de un masculino de entre
30 y 35 años en la colonia Margarita Morán. En estado de putrefacción fue
localizado el cadáver de una persona con lesiones por disparo por arma de fuego
en Jardín Dorado. Envuelto en una bolsa de plástico color negra sobre el
Bulevar 2000, fue hallado el cuerpo de un sujeto de entre 25 y 30 años. En el
negocio Autopartes Usadas Titán, en la colonia Guanajuato, Jorge Luis
Enguiadanes González, de 47 años, fue ejecutado a tiros. Los presuntos
responsables huyeron en un vehículo color verde. En Valle Verde, Erick
Espinosa, de 37 años, fue asesinado a bordo de su vehículo compacto color
plata. Los criminales huyeron en un auto color blanco. José de Jesús Tadeo
Sedano, de 25 años, fue asesinado a tiros en la colonia Simón Bolívar. Mientras
que en el Hospital General, Jesús Castro López, de 24 años, murió por las
lesiones de bala.
(SEMANARIO ZETA/ ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 7 MAYO,
2018 12:00 PM)
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