El
pequeño Hedilberto fue enterrado el 21 de julio de 2015, en el panteón de la
Ticl. Foto: Alan Ortega, Cuartoscuro
Edilberto
Reyes García quería ser soldado, pero un militar lo asesinó el 15 de julio de
2015 en Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, cuando apenas tenía
12 años. Aunque el elemento castrense acusado del asesinato está plenamente
identificado y existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos sobre los hechos en donde resultaron heridos varios pobladores, entre
ellos niños y menores de edad, los miembros del Ejército señalados como
presuntos responsables de disparar ni siquiera han sido llamados a declarar ni
se ha emitido una orden de localización en su contra, afirman la familia del
pequeño y su abogado.
Los
padres de Edilberto claman justicia y acusan que nadie les cumplió: ni la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ni Silvano Aureoles Conejo,
Gobernador de Michoacán, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y
tampoco la Procuraduría General de la República (PGR).
Ciudad
de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- Edilberto Reyes García quería ser soldado
y no le temía a los militares cuando los veía rondar en sus vehículos en Santa
María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Tenía 12 años y fue asesinado por
miembros del Ejército el 19 de julio de 2015.
Hoy
a casi tres años del crimen, los niños de la comunidad se esconden cuando ven a
un soldado y el asesinato de Edilberto sigue impune; sin reparación del daño a
las personas en condición de víctimas y sin procesar a los militares
identificados como los presuntos responsables, a pesar de que existe una
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde
diciembre de 2016.
“Edilberto
era buena onda, quería ser soldado para ayudarnos. Decía que a mí me iba hacer
un chiquero de puercos para que me ayudara […]. Sí, decía soldado, no les tenía
miedo, los veía cuando pasaban. Ahora los niños se esconden cuando los ven”,
dice Unier Reyes García, hermano del niño a SinEmbargo.
Edilberto
era el menor de ocho hijos. Le gustaba bucear y el mar. En una ocasión salvó de
ahogarse a un turista, recuerda Unier.
Aunque
la familia siempre ha vivido en situación de pobreza, desde que el niño fue
asesinado el 19 de julio de 2015 –durante un operativo en el que participaron tres
batallones de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
elementos de la Marina, granaderos y miembros de la fuerza antimotines de la
Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán– la economía familiar se volvió
más precaria, pues ambos padres trabajaban y con el asesinato de Edilberto su
madre enfermó y ya no pudo salir al campo a labrar la tierra.
“Antes
éramos mejores, teníamos más recursos. Mi madre ya no puede trabajar, trabaja
pero así media hora, lo que puede por las enfermedades”, dice el hermano de
Edilberto.
Desde
la semana pasada, Emilia García Carmona viajó, acompañada de autoridades de la
Policía Comunitaria de Ostula y de habitantes de la comunidad, a la Ciudad de
México para reunirse con funcionarios públicos de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), de la Procuraduría General de la República (PGR) y
con defensores de la CNDH.
Viajó
para exigir justicia y reparación del daño. Cansada y enferma, la madre de
Edilberto no quiere que le recuerden el día en que los militares asesinaron a
su hijo. No quiere regresar a ese 15 de julio.
“Aquí
la exigencia es que el Gobierno nos prometió que nos iba a pagar todos los
gastos de lo que ha sucedido. Yo soy la mamá del niño y la verdad no nos han
ayudado y no nos cumplen como ellos dijeron. Ellos fueron y dijeron: ‘en la
semana Doña Emilia te vamos a ayudar en algo y te vamos a traer despensa, te
vamos ayudar con recursos’. Entonces yo digo que si el Gobierno fuera
responsable de lo que hizo, hubiera cumplido con lo que prometió”, reclama.
La
familia de Emilia no es la única que vive en situación de pobreza extrema; la
mayoría de los habitantes de la comunidad subsisten con escasos recursos. De
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) en su último estudio municipal que presenta data de 2015, en
el municipio de Aquila ese año el 70.4 por ciento de la población vivía en
situación de pobreza, mientras que 29.2 por ciento en situación de pobreza
extrema y 41.2 por ciento en situación de pobreza moderada.
El
Coneval precisa que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando
tiene al menos una carencia social: rezago educativo, falta de acceso a los
servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda y si su ingreso es insuficiente para adquirir
los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.
Mientras
que una persona vive en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más
carencias sociales y si su ingreso es menor a la línea de bienestar mínimo, es
decir que aún si lo dedicase completo a adquirir alimentos, no podría acceder a
ellos.
“La
situación en la que estamos es una extrema pobreza. Nosotros vimos que el
Gobierno fue el que tiró, la gente que estaba ahí no tenía más que puros palos
y machetes. Queremos justicia. En seguridad seguimos mal, el Gobierno se sigue
prestando con los malandros”, dice Socorro Medina, Jefa de Tenencia de la
Policía Comunitaria de Ostula.
Macedonio
Mora Gómez, secretario del Consejo de Vigilancia de Ostula, afirma que la
comunidad no confía en ninguna fuerza de seguridad pública del Estado.
“Son
ellos los que nos golpeaban, nos quitaban la madera y nos mataban a los
compañeros. El Gobierno junto con los malandros”, dice.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El
día del crimen la población de la comunidad se manifestaba en contra de la
detención de su entonces líder Cemeí Verdía Zepeda.
El
22 de diciembre de 2016, la CNDH emitió la recomendación 65/2016 dirigida al
General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena)
y a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, por el uso ilegítimo de
la fuerza contra pobladores que bloquearon la carretera federal de Ostula.
Los
responsables señalados fueron el personal militar del 65 Batallón “La Placita”
y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), así
como los mandos de control que tuvieron conocimiento de la agresión que dejó 10
personas heridas y un niño muerto.
La
CNDH corroboró un uso excesivo, arbitrario e ilegítimo de la fuerza por parte
de elementos de la Sedena y de la SSP, e identificó a los militares que
dispararon y planteó la necesidad de investigar la cadena de mando.
La
Comisión encontró que 15 militares dispararon y no acreditó que los pobladores que
bloqueaban el Puente de Ixtapilla, en donde fue asesinado Edilberto, dispararan
al convoy militar.
“La
CNDH identificó qué hay correspondencia de los calibres de los cartuchos
percutidos por el 65/o Batallón de Infantería con los impactos de bala observados
en los inmuebles dañados y los casquillos percutidos encontrados en el lugar de
los hechos. Las trayectorias de los impactos en un restaurante y en una casa
coincidieron con las circunstancias en la que los militares del 65/o Batallón
se ubicaban cuando pasaron por este punto de la carretera”, determinó el
organismo.
Las
recomendaciones no se han cumplido a un año y medio de su emisión: a la Sedena
se le recomendó reparar el daño a las personas víctimas directas e indirectas,
inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a los agraviados, colaborar en la
Averiguación Previa de la Procuraduría General de la República (PGR) y girar
instrucciones para presentar una denuncia en contra de los militares que
participaron en los hechos por faltas a la disciplina militar.
La
CNDH le recomendó a Silvano Aureoles reparar el daño a cuatro personas
consideradas víctimas directas y a las indirectas, así como inscribir en el
Registro Nacional de Víctimas a tres personas agraviadas.
Ninguna
recomendación se ha cumplido.
SIN DECLARAR
Aunque
la Comisión recomendó que el militar que asesinó a Edilberto y los que hirieron
a los pobladores de Ostula sean juzgados y castigados, el Ministerio Público de
la PGR ni siquiera ha emitido una orden de localización en contra de los
presuntos responsables, dice el abogado de la comunidad Raymundo Ortiz Martín
del Campo.
“La
recomendación dice que se llame a declarar a los militares que se dieron de
baja, que fueron ocho de los 15. El Ejército da un domicilio para notificarlos
y no se les notifica, no ha girado el MP ninguna orden de localización”,
explica el representante legal.
Ortiz
Martín del Campo asegura que ocho de los 15 militares que dispararon, entre
ellos el que mató al niño de 12 años, fueron dados de baja por la Sedena cuando
ocurrió el crimen en Ostula.
Otra
de las irregularidades es que la Sedena, explica, está obligada a aportar una
prueba de reconstrucción de los hechos que no se ha realizado bajo el argumento
de que sólo cuentan con una perito.
“Tenemos
dos años y medio esperando esta prueba. La PGR dice que sólo tiene una perito y
ya ha cancelado tres veces”, dice.
En
cuanto a la CEAV, el abogado precisa que ya se encuentra el trámite para
cuantificar el el monto que se debe pagar a las víctimas por reparación del
daño.
“Se
comprometieron a ir pagando gradualmente a los papás del niño y a las víctimas
directas e indirectas. Hay que recordar que muchos de los heridos fueron niños
y menores de edad”, dice.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ZETA
/MIÉRCOLES, 30 MAYO, 2018 07:41 PM)
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