En julio un juez federal resolvió a favor de la tribu
yaqui, en Sonora, para que la empresa Aguaprieta, filial de IEnova, parara las
obras de construcción de un gasoducto de Estados Unidos a Sinaloa que proveerá
a la Comisión federal de Electricidad.
Sin embargo, la compañía dirigida por el ex titular de
Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, siguió operando por lo que la comunidad arrancó
cables y perforó tuberías provocando una fuga de gas. Ante ello, ambas empresas
los acusaron de “grupo criminal” y “vandalismo” y advirtieron que los precios
energéticos se encarecerían por el daño.
Sin embargo, al violar el amparo concedido y no haber
implementado una consulta previa, los delincuentes son ellos, acusaron los
yaquis de Loma de Bácum.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La
tribu yaqui continuará defendiendo su territorio en Sonora luego de que la
empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova) y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) la señaló de “grupo criminal” por oponerse a la construcción
del gasoducto Guaymas-El Oro mediante actos de “vandalismo” que provocaron una
fuga de gas natural a la altura de Loma de Bácum.
El Alcalde priista de Cajeme, Faustino Félix Chávez,
pidió en agosto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interviniera,
pero no procedió. Hasta el momento sólo fuerzas estatales y federales los han
resguardado.
Martín Valencia, miembro de la Guardia Tradicional de Loma
de Bácum, dijo a SinEmbargo –vía telefónica– que “los únicos delincuentes es la
empresa, quien está invadiendo un terreno indígena abusando de su poder
económico, legal y jurídico. No les importó el amparo que nos otorgó un juez
federal. Ellos tienen que respetar la Ley, que no pongan en riesgo la vida de
la tribu yaqui; que se vayan por otro rumbo”.
Hace tres años la firma Gasoducto Aguaprieta –filial
de IEnova dirigida por el ex titular de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán– llegó al
pueblo yaqui Loma de Bácum para construir un gasoducto de Estados Unidos a
Sinaloa para proveer de energía a la CFE. Sin embargo, acusaron sus habitantes,
ha instalado la obra sin una consulta libre, previa e informada acorde con el
derecho indígena.
Los de Bácum interpusieron un amparo que prohíbe a la
empresa realizar cualquier actividad dentro de su territorio. Aunque en julio
un juez federal falló a su favor, la obra continuaba.
Desde agosto de este año los mismos yaquis han
arrancado los cables eléctricos y perforado la tubería hasta causar una fuga de
gas natural. Incluso retuvieron en la Guardia Tradicional a cuatro empleados de
la subsidiaria de Ienova que laboraban, pero posteriormente los trasladaron al
ministerio público.
Y lo advirtieron por escrito. Emitieron un documento
en el juzgado séptimo de Ciudad Obregón, a media hora de Bácum, argumentando
que, basados en sus usos y costumbres, confiscarían a la empresa vehículos o
aparatos que introdujeran a la obra sin su consentimiento.
La gente de la comunidad yaqui, “harta de tanta
corrupción se impuso y no los dejó continuar”, porque la empresa siguió
entrando a su territorio a pesar de que un juez federal resolvió a su favor,
expuso Valencia.
Agregó que los mismos empleados de la compañía
“estaban haciendo excavaciones en la tubería y ellos mismos la rompieron. Los
evidenciamos con video haciendo daños a su propia obra para inculparnos”
En un comunicado de agosto, la CFE los culpó de haber
cometido “actos de sabotaje y vandalismo que provocaron daños en el ducto que
requiere su reparación inmediata para normalizar su operación”.
Luego, el director de CFEnergía, Guillermo Turrent,
advirtió en rueda de prensa que los precios de los energéticos se encarecerían
y el suministro de gas se reduciría en caso de que no se permita la reparación
del gasoducto por “las afectaciones de sabotaje del grupo”, ya que la CFE “se
verá forzada a comenzar a utilizar combustibles sustitutos al gas natural como
combustóleo para la generación de energía eléctrica”.
Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la Guardia
Tradicional de Loma de Bácum, aseguró que la CFE tiene un doble discurso.
“Ante los medios, muestra [la CFE] a la tribu yaqui
como perversa, cuando el crimen lo cometen otros; dice que no ha cometido
delito alguno, pero omite informar que hay una sentencia de un tribunal
colegiado de justicia”.
Por su parte, la empresa Ienova reprobó los actos de
“sabotaje” así como “los ataques” a su personal que acudió a intentar reparar
la fuga. “Este tipo de actividades delictivas ponen en riesgo la correcta
operación y la seguridad de las personas”, expuso en un comunicado.
Martín Valencia, de la Guardia Tradicional yaqui,
expuso que “no se puede dar el consentimiento de algo (reparar la fuga) que ni
siquiera debería de existir. Si esta empresa respetara la Ley, esa obra no
estuviera ahí”.
El 21 de octubre del año pasado marcó un antes y un
después en Bácum: al mediodía, unos 600 “cholos enviados del Gobierno”
arribaron al poblado y atacaron a 40 habitantes con palos, piedras y balazos.
Hubo un muerto, heridos y al menos 12 autos incendiados. Foto: Cri Rodríguez,
SinEmbargo
TRES AÑOS DE
CONFLICTO
Higinio Ochoa, miembro de la Guardia Tradicional,
aseguró que hace tres años la empresa y el gobierno estatal les prometió
desarrollo y empleos, pero nunca advirtieron
las desventajas y riesgos que traería la obra, entre ellos, una
explosión por el gas metano que afectaría a unos 15 mil sonorenses.
“El territorio que nos dejaron nuestros antepasados se
tiene que defender aún a costa del derramamiento de nuestra propia sangre. Aquí
nacimos, aquí vamos a morir””, dijo.
Casilda Flores, habitante de Loma de Bácum, contó que
fueron unos autodenominados líderes yaquis quienes negociaron el contrato, pero
ellos no conocieron el trasfondo del proyecto sobre los beneficios y
afectaciones.
“Nosotros no vemos nada de desarrollo, todo lo contrario.
Es un despoje el que estamos viendo”, expuso. “Estamos viviendo en una zozobra
total no solo en Bacum sino en todo el territorio yaqui por los intereses de
extranjeros y trasnacionales de imponer un proyecto que no es de la tribu y no
nos beneficia”.
Además del despojo, han enfrentado violencia. Al
mediodía del 21 de octubre del año pasado, mientras los niños salían de la
escuela, alrededor de 600 “cholos enviados del Gobierno” arribaron al poblado
para atacar a 40 habitantes con palos, piedras e incluso balazos.
Durante el conflicto se tocaron las campanas de la
Iglesia de la Virgen del Camino de una manera atípica, por lo que la gente se
alarmó. Hubo un muerto –miembro de los del grupo foráneo–, heridos y al menos
12 autos incendiados.
“Ya no conocemos la paz. Cualquier cosa, si pasa una
persona o auto desconocido, ahí estoy. Hay mucho temor”, dijo Francisca
Vázquez, habitante.
Más de un año después siguen exigiendo la liberación
de Fidencio Aldama, un detenido durante la trifulca acusado del asesinato
registrado ese día. En noviembre, habitantes de Loma de Bácum y Guamúchil, otro
pueblo yaqui, se manifestaron bloqueando una caseta.
Faustina Fuentes González, vocera de las mujeres de la
etnia, dijo a la prensa local que Fidencio está preso a pesar de ser inocente y
exigió que se respeten sus usos y costumbres. Jesús Moroyoqui Ramírez, otro
integrante de la etnia, agregó que las autoridades no han podido comprobar su
culpabilidad, por lo que es un preso político.
(SIN
EMBARGO/ DULCE OLVERA/ DICIEMBRE 23, 2017, 4:30 PM)
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