Para jueces florentinos, los gobiernos
de México y de Estados Unidos han aportado pruebas de que el exgobernador de
Tamaulipas Tomás Yarrington –arrestado en Italia en abril pasado– primero
facilitó y luego participó en las actividades de los cárteles del Golfo, de Los
Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva de 1999 a 2009 a cambio de millones de dólares,
echando por tierra argumentos de la defensa del político tamaulipeco que
pretendía ser presidente.
ROMA (Proceso).- En agosto de
2004, en un rancho llamado El Tinieblo, propiedad de Tomás Yarrington, se
reunieron el entonces gobernador de Tamaulipas y quien sería su sucesor,
Eugenio Hernández Flores, con los narcotraficantes Heriberto Lazcano Lazcano,
jefe de Los Zetas, y Eduardo Costilla Sánchez, líder del Cártel de Golfo.
Eran las postrimerías del
periodo gubernamental de Yarrington y en esa reunión se decidió que el Cártel
de Golfo designaría a los jefes de policía y otros funcionarios encargados de
la seguridad del estado en el nuevo gobierno de Hernández, mientras que Los
Zetas nombrarían al director de las cárceles de Tamaulipas.
Yarrington le dijo a
Hernández que debía ayudar a los narcotraficantes y que él había trabajado
“siempre muy bien” con el Cártel del Golfo.
El episodio fue relatado por
el declarante Pitufo (nombre en código del testigo protegido). Aparece en actas
judiciales incluidas en el expediente del proceso de extradición de Yarrington
en Italia, a una de cuyas partes tuvo acceso este semanario.
El del Pitufo es uno de los
testimonios que, según la acusación, reconstruyen de primera mano el presunto
pasado criminal de Yarrington. De hecho, la sentencia 18/17 de la Sección
Primera de la Corte de Apelaciones de Florencia acredita dichos testimonios
como detallados y coincidentes en la descripción de hechos que imputan al
exgobernador de Tamaulipas.
TESTIMONIOS
De acuerdo con los jueces
florentinos, existe convergencia en las declaraciones judiciales de los
testigos Ángeles, El Pollo, Pedro, Pitufo, Yeraldín y Rufino. Se trata de
testigos aportados por Estados Unidos y México, cuyos gobiernos piden la
extradición del político priista desde que éste fue arrestado en abril pasado
en Italia.
Los jueces consideran que la
documentación aportada por ambos países resulta en “un elevado grado de
concreción probatoria”. Señalan que los delitos presuntamente cometidos por
Yarrington son “agravados” por el hecho de que poseía un papel público
primario.
Fragmento del reportaje especial
publicado en Proceso 2141, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ IRENE SAVIO/ 11
NOVIEMBRE, 2017)
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