Los municipios serranos de
Sinaloa se han caracterizado por ser expulsores de sus habitantes, pueblos
enteros se encuentran desolados. Las
fuentes de trabajo son insuficientes, aunado a esto, viven constantemente el
problema de las gavillas que cobran
piso a los ganaderos y agricultores. Y ahora, hay que hay que agregarle el
problema que provocan las empresas mineras que contaminan la tierra y el agua.
Nos enteramos por la prensa,
que el Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado,
da a conocer que varias empresas mineras abandonarán el Municipio de Concordia
por el cobro de piso y el robo de maquinaria que las gavillas hacen a sus
compañías.
Esta situación en el
municipio de Concordia no es nueva. Y no
es nada más a los empresarios mineros, es a todo aquel productor agrícola o
ganadero que vive en la sierra. La falta de gobierno en la sierra de Concordia
es bien sabido por todos, y el gobierno no ha hecho lo suficiente para terminar
con esas lacras que viven del trabajo de otros.
Los habitantes de la sierra
tienen que soportar las gavillas que cobran piso para dejarlos trabajar, pero
también tienen que aguantar la
contaminación que dejan las compañías mineras.
Los cambios continuaron bajo
el gobierno de los sucesores de Salinas de Gortari; tanto Ernesto Zedillo, del
PRI, como Vicente Fox del PAN, aumentaron el número de concesiones mineras
otorgadas a corporaciones extranjeras como Goldcorp y a enormes cárteles
mineros mexicanos como Grupo México. Se eliminaron los impuestos a las
operaciones mineras; las empresas solo tenían que hacer pagos simbólicos por
cada hectárea de tierra otorgada.
Se ha concesionado buena
parte de la sierra madre occidental para la exploración y explotaciones mineras
otorgadas a las grandes empresas trasnacionales. Pero ahora esta situación se multiplica
como resultado de las llamadas Reformas Estructurales. La empresa BACIS que
explota minas en las cuencas del río San Lorenzo ha contaminado sus afluentes y
a la presa El Comedero, ubicada en el municipio de Cosalá. Hay estudios
técnicos y científicos realizados por investigadores de la UNAM que así lo
demuestran Al contaminarse las aguas del
embalse la producción de tilapia se hizo inviable por la presencia de plomo,
entre otros metales nocivos para la vida acuática y la salud, en proporciones que
rebasan los parámetros permitidos afectando la vida y el trabajo de todas las
comunidades que pueblan las riberas de la presa y que viven de la pesca, además
de poner en riesgo la salud y la vida de los habitantes que consumen agua y
alimentos generados en los valles del río San Lorenzo.
En las comunidades afectadas
por los impactos ambientales y económicos se provoca desarraigo, y sus
habitantes tienen que emigrar. El gobierno federal, cuyas políticas de
desarrollo económico han dado prioridad a la inversión empresarial durante
décadas, se encarga de defender los proyectos ante las protestas de los
agricultores y pescadores pobres.
La política de
migración, debe de incluir
el derecho a no migrar, así como
los derechos políticos y sociales de los migrantes, es una parte integral de
una amplia agenda de cambio tanto en los países que envían, como en los que
reciben. Las necesidades de la gente en
cada uno en realidad no son tan diferentes. Incluyen trabajos, mejores sueldos
y vivienda, un sistema nacional de atención médica y el derecho a organizarse
sin temor a represalias y represión. En México, la gente necesita una política
de desarrollo nacional en lugar de una política de expulsión y remesas.
En su libro David Bacon,
titulado El derecho a quedarse en casa, desarrolla esta interesante tesis, de
cómo los Estados Unidos con su política
económica influye en la migración mexicana.
E-mail: riosrojo@hotmail.com
Twitter: @riosrojo
(RIODOCE/ JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO/16 OCTUBRE, 2017)
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