La disputa de tierras de uso
común del empresario Antonio Aníbal Miranda López a indígenas del ejido El
Pochotal, en el serrano municipio de El Fuerte dio un giro violento al recurrir
el aspirante a terrateniente a la contratación de jornaleros para provocar un
zipizape con sus detractores, y peor aún, reveló la cofradía de funcionarios
priistas que comercializan sus funciones al mejor postor.
La componenda oficialista
para legitimar documentos apócrifos otorgados mediante el tráfico de
influencias involucra al recientemente designado delegado del Registro Agrario
Nacional (RAN), Pablo Moreno Cota y a la supuesta defensora de los derechos
indígenas, Maira Gisela Peñuelas Acuña, delegada de la Comisión Nacional de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros funcionarios agrarios.
“Son basuras, mentirosos,
hipócritas, ruines, mercenarios, pues a sabiendas que van a traicionar a
quienes les asiste la razón, el derecho y la justicia, maquinan y se confabulan
para fregar al jodido; todavía los saludan, los palmean, les sonríen y se
ofrecen a solucionar sus problemas, con aquel dejo de justicieros”,
coincidieron Anselmo Vega y Martín López Félix, ambos representantes de los
indígenas de El Pochotal.
Habiendo regresado de una
reunión con Gonzalo Gómez Flores, en el despacho de la Secretaría de Gobierno
de la administración de Quirino Ordaz Coppel, los representantes afirmaron que
salieron asqueados por el hedor a cloaca que emana la dependencia y demás
funcionarios porque sólo “nos jugaron el dedo en la boca” y a los indígenas les
dieron “atole con el dedo” para favorecer a la contraparte, Miranda López,
haciendo el papel de comparsa.
Y es que en la asamblea
confabulada se reveló que Miranda López tiene certificados agrarios de un
predio que se encuentra en disputa desde el 2012, y aunque los documentos no se
mostraron, sí se exhibió un plano de aparcelamiento de 160 hectáreas de tierra
de uso común fechado en mayo del 2017, en la víspera en que Moreno y Peñuelas
asumían los cargos.
El plano presenta dudas más
allá de lo razonable y no se acredita que fue presentado para su reconocimiento
ante una asamblea ejidal.
Al plano, lo anteceden actas
de asamblea que fueron invalidadas por el comisariado ejidal vigente por falsas
y, aun así, la Promotoría Agraria y el Tribunal Agrario las validaron.
Los documentos de Miranda
López serán combatidos en tribunales, hasta su cancelación, afirmaron Vega y
López Félix.
En tanto, en la comunidad
ejidal, la acción violenta intentada el pasado lunes fracasó al custodiar la
Policía Municipal de El Fuerte a los nativos. No obstante, estos fueron
agredidos con insultos, lengüetazos sarcásticos e imputaciones de robo de
dinero que el empresario habría pagado como renta de cien hectáreas a la
comisaria ejidal, María de los Ángeles Usacamea Valenzuela, depósito que fue
rechazado por la dirigente en agosto del 2017 mediante escrito anexado al
expediente 402/2017 que se desahogó en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de
El Fuerte para concluir el contrato de arrendamiento del 21 de diciembre del
2014cuando se apersonaron en las tierras para evitar.
Los jornaleros por ser ajenos
al conflicto e ignorar el desarrollo del mismo continuaron con sus
provocaciones. Incluso fueron equipados con machetes y se les permitió cubrirse
los rostros para montarse como guardias blancas en el predio “El Capricho” e
impedir que sus legítimos propietarios tomasen el terreno para iniciar la preparación
para la siembra, dado que el módulo de riego Nohme había aprobado el riego a
Miranda López sin existir contrato de renta de por medio y negado el derecho a
los indígenas.
Pese a la provocación, los
nativos mantuvieron la tranquilidad y no respondieron a las bravatas,
cumpliendo con la palabra dada al secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez
Flores de que mantendrían las cosas en calma mientras se buscaba una salida al
conflicto.
Usacamea Valenzuela y la
ejidataria, Paula Buchía, afirmaron que no caerán en las provocaciones de
Aníbal y sus empleados pues el conflicto data de cinco años atrás, y aunque ya
ha sido vencido en todos los juicios que aquel ha intentado, las agresiones no
serán respondidas, aunque sí las demandas en tribunales.
Cornelio Quijano, miembro del
contingente agresor, aceptó que estaban en el predio para defender los
intereses de Antonio Aníbal Miranda López pues este los alquila como jornaleros
además de que les renta la tierra. “Quiero los 30 mil pesos que me corresponden
de la renta de las 100 hectáreas que Aníbal me dijo que ya pagó. Esos tienen el
dinero y no lo quieren repartir. No van a entrar a la parcela hasta que me den
lo que me corresponde”, dijo
Usacamea dijo que en el grupo
que los hostigó, sólo hay cinco ejidatarios, y todos ellos “mal vendieron” sus
derechos de uso común a Miranda López.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ EL POCHOTAL EN 9
OCTUBRE, 2017)
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