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Isabel Mercado
Consejería
Jurídica del XXII Ayuntamiento de Tijuana insiste en radicar en el Juzgado
Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales las demandas
interpuestas por ciudadanos en contra de los contratos de arrendamiento
entregados por el municipio a Grupo Turbofin, lo que para COCI representa un
conflicto de interés, al ser el Juez titular esposo de una empleada de la
paramunicipal COTUCO.
En
conferencia de prensa, el Concejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes
–COCI- informó sobre el problema legal que enfrenta el juez Francisco Caballero
Green, al tiempo que informó el haber recabado las 12 mil 500 firmas requeridas
para la realización del plebiscito que deje sin efecto tanto el proyecto de
concesión por 15 años el servicio de alumbrado de Tijuana y la recién aprobada
alza a las tarifas de transporte público.
Será
hasta el lunes 28 de agosto cuando el conglomerado COCI presenté ante el
Instituto Estatal Electoral las firmas recabadas en la Universidad Autónoma de
Baja California UABC-, Palacio Municipal, Catedral, entre otros puntos.
Para
que sea el órgano electoral el encargado de llamar a plebiscito a los
ciudadanos “y que estos decidan si aprueban o no la privatización del
alumbrado, que podría significar un gasto de 5 mil 200 millones de pesos, y el
aumento a las tarifas de pasaje”, expuso Carlos Atilano.
La
colecta de firmas se realizó luego de que el gobierno municipal se negara a
efectuar una consulta ciudadana al respecto, recordó Atilano.
De
acuerdo a la legislación vigente, para llevar a cabo el plebiscito se requiere
la aprobación del .5 de los ciudadanos registrados en la lista nominal, lo que
representa la cantidad de 12 mil 500, en el caso del municipio de Tijuana.
Respecto
al supuesto conflicto de intereses del juez Caballero Green, Ignacio Anaya
Barriguete dijo que la esposa de éste, Sandra Gastélum, labora como encargada
de relaciones públicas en el Comité de Turismo de Tijuana, paramunicipal que
opera con recursos municipales.
Dijo
que al menos en los juicios de amparos presentados por él y otra integrante de
COCI en contra de la renta de camiones recolectores de basura, Leonardo
Martínez, Consejero Jurídico del gobierno municipal, ha insistido en que sea en
el Juzgado Cuarto de Distrito en donde se les dé seguimiento, lo que resulta
sospechoso.
“El
juez tendría que excusarse y no aceptar llevar asuntos relacionados con la
actual administración municipal, toda vez que incurre en conflicto de
intereses, un delito tipificado en el artículo 225 del Código Penal Federal”,
subrayó Anaya Barriguete.
Antes
de denunciar públicamente este hecho, dijo que como demandantes buscaron
dialogar con el Juez para exponerles su inquietud, pero que el juzgador no ha
aceptado recibirlos.
Ante
ello, los abogados demandaron la intervención del Consejo de la Judicatura
Federal para que resuelva este conflicto.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ISABEL MERCADO/VIERNES, 18 AGOSTO, 2017 12:20
PM)
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