Una, Chicago, que ha defendido con
dignidad su pasado como ciudad santuario para la comunidad hispana. La otra,
Miami, que le ha dado la espalda a su historia. Las dos ciudades son el retrato
perfecto de la división y polarización que ha provocado en Estados Unidos la
política antiinmigrante del presidente Donald Trump
Además
de la demanda interpuesta por el alcalde de Chicago en contra del Departamento
de Justicia, los fiscales de California y San Francisco también lo han
denunciado
En
1979, en Los Ángeles se determinó que la policía dejara de interrogar a las
personas solamente para determinar su estatus migratorio
Las
ciudades de Miami y Chicago escenifican las dos “Américas” que ha creado el
presidente Donald Trump en los Estados Unidos.
Mientras
el Condado Miami-Dade, una de las áreas con mayor concentración migrante, ha
decidido seguir las políticas persecutorias de Trump y ha dejado de ser una
Ciudad Santuario, la ciudad de Chicago demandó a la Casa Blanca por negar las
ayudas federales y condicionarlas a que cumplan los lineamientos
antiinmigrantes.
La
polarización entre los estadounidenses respecto al tema inmigrantes se agudiza,
y más allá de eso, las políticas públicas de algunas ciudades y condados,
muestran dos visiones de nación en los tiempos de Trump.
Chicago,
la sexta ciudad de Estados Unidos con mayor población de indocumentados, es la
última que se suma al movimiento liderado por otras ciudades santuario como
Nueva York, Los Ángeles o San Francisco que han desafiado a Washington y que se
preparan para defender en tribunales su autonomía para respetar los derechos de
la comunidad migrante.
Por
el contrario, Miami, la quinta ciudad con mayor número de indocumentados, pero
la tercera en porcentaje de esta comunidad sobre su población total y que había
sido hasta antes de la llegada de Trump una de las ciudades santuario más
importantes, ha sucumbido a las presiones de Washington y ha optado por seguir
los lineamientos del departamento de justicia en cuanto a política migratoria.
SON LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
En
los últimos días, las presiones y amenazas del gobierno de Trump en contra de
las ciudades que se niegan a cooperar con las autoridades federales de
inmigración han ido en aumento.
Durante
su más reciente visita a Miami, el fiscal general Jeff Sessions elogió al
condado Miami-Dade por su respaldo al Gobierno federal y arremetió contra otras
ciudades santuario, como Chicago.
La
tesis de Washington para eliminar las ciudades santuario y propiciar su
cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas es que el endurecimiento de
las políticas antiinmigrantes ayudaría a mitigar la criminalidad en las
ciudades, sin que las autoridades federales hayan podido demostrar con datos
precisos la relación entre la concentración de indocumentados y los índices
delictivos.
El
tema de fondo, más allá de la utilización del condicionamiento de los recursos
federales como arma política por parte de la Casa Blanca, tiene que ver con el
respeto a los derechos humanos, el que un migrante no sea criminalizado por el
simple hecho de ser indocumentado.
El
conflicto y la división ha dejado de ser meramente político y se traslada al
ámbito social.
La
persecución o el respeto a la comunidad migrante se está convirtiendo en un
factor determinante en la construcción de la identidad de los Estados Unidos
como nación, una sociedad cada vez más dividida y con posturas cada vez más
encontradas.
LA RESISTENCIA
En
los primeros días de su administración, Donald Trump firmó una orden ejecutiva
con el objetivo de retirar las ayudas financieras federales que se nieguen a
cooperar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de
inmigración, cumpliendo así una de sus promesas en campaña.
La
ofensiva ha sido seria y es ejecutada por Jeff Sessions, fiscal general de los
Estados Unidos, quien ha utilizado el tema de los fondos federales para ejercer
presión a las autoridades locales. Si no cambian su política migratoria no
habrá recursos.
Las
exigencias de la Casa Blanca incluyen un acceso sin restricciones para las
autoridades de inmigración a los centros de reclusión locales y libertad para
operar en estas ciudades en busca de ilegales.
Aunque
la medida ha sido respaldada por algunos gobernadores de estados como Texas con
una gran concentración de indocumentados o recientemente por el condado de
Miami-Dade, la gran mayoría de las autoridades de las ciudades santuario se han
opuesto enérgicamente a la medida.
Además
de la demanda interpuesta por el alcalde de Chicago en contra del Departamento
de Justicia, otras autoridades como el fiscal general de California y el fiscal
de San Francisco también han denunciado a la misma instancia ante lo que han
llamado el ‘acto inconstitucional’ de supeditar la adjudicación de fondos.
Según
los cálculos de la Fiscalía del Estado de California, este año se esperan
ayudas superiores a los 28 millones de dólares a través de fondos federales
destinados a programas de seguridad y prevención del delito, los cuales están
en riesgo debido los criterios estipulados por Washington para su ejercicio.
Por
su parte, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, mencionó que la ciudad espera
recibir 3.2 millones de dólares, recursos que sería destinado en su mayor parte
a la renovación de la flota vehicular del cuerpo policiaco.
Pero
más allá de la polémica por los recursos, las autoridades locales esgrimen
argumentos de mayor peso, como la violación de los derechos humanos o la
autonomía de sus ciudades ante un intento de injerencia por parte de la
Federación.
Precisamente
Rahm Emanuel ha reiterado en los últimos días que Chicago seguirá siendo una
ciudad santuario que le dará la bienvenida a la gente y que no permitirá que
sus policías se conviertan en rehenes de un debate político.
¿QUÉ SON LAS CIUDADES SANTUARIO?
Aunque
el término ‘ciudad santuario’ no es un término legal, es comúnmente utilizado
para las ciudades de Estados Unidos cuya política se basa en no criminalizar a
inmigrantes indocumentados por el simple hecho de haber ingresado a ese país de
forma ilegal.
Además,
estas demarcaciones tienen políticas establecidas en su legislación para evitar
la aplicación de las leyes federales o en algunos casos simples prácticas en
sus policías locales para limitar su colaboración con las autoridades federales
de migración.
No
existe un modelo o definición única para las ciudades santuario y la forma de
implementación puede variar de un lugar a otro.
El
mejor ejemplo para ilustrarlo es que cuando un residente de algunas ciudades
entra en contacto por los elementos policiacos, sea por la razón que sea, la
autoridad no le cuestiona por su nacionalidad o su estatus migratorio.
Algunas
de las ciudades más importantes del país que han sido declaradas como ‘ciudad
santuario’ son Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Diego, Boston, San
Francisco, Denver y Seattle, aunque hay muchas otras zonas y ciudades más
pequeñas que adoptan el mismo modelo.
El
término surge a principios de la década de 1980 en el estado de California con
un movimiento que se extendió rápidamente a cientos de ciudades, y el primer
antecedente de esta política se da en la ciudad de Los Ángeles, que en 1979
determinó que la policía dejara de interrogar a las personas solamente para
determinar su estatus migratorio.
La
Constitución de los Estados Unidos establece que las medidas federales de
migración son voluntarias, aunque en los últimos años, cientos de ciudades y
municipios, principalmente en los estados de California, Nueva York e Illinois
han impulsado leyes que impiden a las policías locales cooperar en materia de
inmigración con autoridades federales.
Debido
al carácter voluntario de la cooperación de las autoridades locales con la
Federación, la administración de Trump ha buscado presionar a las ciudades
santuario con la amenaza de detener los apoyos federales, aunque la gran
mayoría han reiterado su condición y se han negado al chantaje.
MODELOS A SEGUIR
Localidades
de EU que no criminalizan a los inmigrantes indocumentados:
>> Los Ángeles
>> Nueva York
>> Chicago
>> San Diego
>> Boston
>> San Francisco
>> Denver
>> Seattle
CUBANO PERO ANTIINMIGRANTE
Carlos
A. Giménez, alcalde del Condado Miami-Dade -el más grande del estado de
Florida- fue el primero en cambiar sus políticas migrantes tras la llegada de
Trump, en enero pasado.
Solo
un día después de la firma de la orden ejecutiva de Trump (donde amenazaba con
el retiro de fondos a las ciudades santuario), Giménez pidió a las cárceles de
su condado que cumplieran las solicitudes federales de detención a inmigrantes
indocumentados.
Hasta
ese día, el 26 de enero de 2017, el Condado de Miami-Dade se negaba a cooperar
con el Servicio de Inmigración y Aduanas y la decisión ha generado desde
entonces un fuerte rechazo de la comunidad, en una zona donde dos terceras
parte de su población es hispana y que hasta entonces se había caracterizado
por ser receptora de migrantes.
El
propio Giménez es uno de ellos. Nacido en Cuba en 1954, llegó con su familia a
los Estados Unidos en 1960 y durante más de 50 años ha sido residente del
condado.
No
solo ha tenido varios cargos en la administración pública, sino que durante
todos estos años ha sido testigo del éxodo cubano y de las graves problemáticas
de la comunidad migrante, sin embargo nada de eso fue atenuante en su
determinación de alinearse con Washington.
En
2011 se convirtió en el alcalde del Condado, cargo en el que se ha mantenido
desde entonces.
A
pesar de ser republicano, durante la campaña presidencial manifestó
públicamente su apoyo a la demócrata Hillary Clinton.
Tras
acatar los lineamientos antiinmigrantes de Washington, el Departamento de
Justicia confirmó el pasado 7 de agosto que el Condado de Miami-Dade ya no se
encuentra en la lista negra de quienes se niegan a cooperar con las autoridades
federales.
(REPORTE INDIGO/ CARLOS SALAZAR/ VIERNES
18 DE AGOSTO DE 2017)
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