La historia de Odebrecht y
sus corruptelas en México está llena de misterios y opacidades. En Estados
Unidos no confían que la Procuraduría General de la República haga bien su
trabajo, y a decir de las últimas filtraciones de la Fiscalía de Brasil sobre el
caso mexicano, en aquella nación sudamericana tampoco. La corrupción
intercontinental del conglomerado brasileño estalló el 21 diciembre pasado,
cuando Odebrecht y su filial petroquímica Braskem, aceptaron haber sobornado a
políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, luego de haber sido
descubierta tras una investigación en la que participaron Brasil, Estados
Unidos, México y Suiza. La sorpresa del espectacular anuncio fue que al darse a
conocer, México fue excluido como coparticipe de la investigación. No le
dijeron a la PGR que se iba a anunciar sin el conocimiento del gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto; éste desdén jurídico y político sorprendió y
molestó a las autoridades mexicanas. A los ejecutivos de Odebrecht también.
El acuerdo de Odebrecht con
el Departamento de Justicia de Estados Unidos era pagar una multa de tres mil
500 millones de dólares, la mayor suma desembolsada para resolver un caso de
corrupción en los tribunales de ese país, y que la empresa hablara directamente
con cada gobierno donde corrompió para reparar el daño y entregarles toda la
información que les concernía. Como plazo máximo para cumplir con lo pactado,
era junio. Fuentes ligadas a la empresa dijeron que los ejecutivos de Odebrecht
no esperaron e hicieron contacto con la PGR para llegar a un acuerdo bilateral
similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran
eventualmente contra sus ejecutivos. Según las fuentes, en diciembre viajaron a
México ejecutivos de la empresa para hablar con las autoridades mexicanas.
Quienes llegaron de Brasil
fueron Guillermo Solís, el responsable del área jurídica de Odebrecht, y Luis
de Meneses Weyll, quien, pese a que era el director de la empresa en México, se
encontraba fuera del país por el temor que al estallar el escándalo pudiera ser
detenido. Meneses Weyll es un personaje clave en toda esta trama. Su testimonio
ante la Fiscalía brasileña, en diciembre pasado, es el que relata pagos
irregulares el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –que él niega
vehementemente–, entre 2012 y 2016, para beneficiarlos con obra pública. La
declaración de Meneses Weyll se refiere a la obra que se le entregó mediante
adjudicación directa a Odebrecht y la empresa hidalguense Construcciones Tapia,
en 2015, para la construcción de vías de acceso y obras para un proyecto de
utilización de residuos en la refinería de Tula, por 150 millones de dólares,
que en junio pasado fue cancelado por Pemex.
Fuentes vinculadas a
Odebrecht dijeron que la refinería en Tula no era por la que estaban
preocupados en la empresa brasileña, ni figuraba en los puntos que querían
hablar con la PGR. El proyecto que les inquietaba era la construcción del
gasoducto “Los Ramones”, cuya licitación para construir el tramo dos de la
obra, ganó en 2014 a través de Tag Pipelines. El contrato fue de 935 millones
de dólares. Desde que se adjudicó el tramo dos de “Los Ramones” hubo críticas
porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60 por ciento. Reiteradamente se
le pidió que lo detuviera al entonces secretario de Energía en el gobierno de
Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció la obra cuando fue director de
Pemex Gas y Petroquímica Básica, que supervisaba esa construcción. Cuando
Herrera dejó el cargo, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, el primer
funcionario que removió José Antonio González cuando sustituyó a Lozoya en
Pemex.
En este espacio se refirió a
mediados de febrero que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht
era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la
administración anterior, y de todas las confianzas de Lozoya Austin. Gracia
García era muy cercano a los ejecutivos de la empresa, y de acuerdo con las
fuentes cercanas al conglomerado, realizó “decenas” de viajes a esa nación. No
fue posible localizar a Gracia García, señalado por funcionarios peñistas para
ilustrar la corrupción que había en Pemex, para conocer su opinión.
En el temario que llevaban
Solís y Meneses Weyll, se encontraba también su preocupación por los diferentes
procesos electorales en Tamaulipas y Veracruz, dos de los estados donde tenían
fuertes inversiones y que temían resultaran afectadas por los cambios de
gobierno. En esas dos entidades se presume es donde Odebrecht invirtió en
campañas electorales, particularmente en Veracruz, donde la relación que
comenzó durante el gobierno de Fidel Herrera, se profundizó durante el de
Javier Duarte, en parte por la intensa promoción que hizo de la empresa la
entonces embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes.
No se supo nunca si el
procurador Cervantes recibió a Solís y Meneses Weyll. Dos meses después, los
brasileños le informaron en Brasilia detalles de la investigación, y en mayo,
extrañamente, rechazó un acuerdo con Odebrecht de reparación económica y
colaboración en la investigación en México. Oficialmente alegó que “bajo ningún
supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios
y/o funcionarios públicos involucrados”. Lo que ofrecía Odebrecht era lo
contrario: facilitar la investigación. Rechazó esa ayuda y congeló el caso la
PGR, cerrando la investigación por cinco años, acatando una instrucción de Los
Pinos, hasta ahora, que la opinión pública la ha obligado a actuar.
Twitter: @rivapa
(DOSSIER POLITICO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO
RIVA PALACIO/ 2017-08-16)
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