Desde hace una década, el Gobierno mexicano ha
perdonado, de manera masiva, el pago de impuestos, multas y recargos a un
reducido número de contribuyentes, sean personas físicas o morales. El problema
es grave porque lo ha hecho de forma opaca e incluso discrecional, plantea
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El monto total cancelado de 2008 a 2016 asciende 593
mil 448 millones de pesos, lo que equivale al gasto ejercido en educación en
México durante 2015.
De acuerdo con Iván Benumea, investigador de Justicia
Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el sistema tributario no está haciendo lo
suficiente para recuperar los recursos de quienes tienen más riqueza, lo que es
preocupante porque el sistema tributario debería de ser progresivo, esto significa
que debería de gravar, de cobrar impuestos a quienes más tienen”. Y también
porque en los programas de impuestos masivos “se permitió que quienes hubieran
aplicado en años anteriores al pago de sus impuestos, volvieran a aplicar”.
SHCP perdonó miles de millones a
políticos y empresarios afines, y a dueños de la tv
Ciudad de México, 15 de
agosto (SinEmbargo).– Desde hace 10 años, el Gobierno federal ha venido
perdonando, de manera masiva, el pago de créditos fiscales a un cierto número
de contribuyentes, sean estos personas físicas o morales. Es decir, les ha
condonado el pago de impuestos, multas, recargos, entre otros adeudos en sus
contribuciones fiscales. El problema es que dichas condonaciones las ha
ejercido de manera opaca –y tal vez, incluso, de forma discrecional–, planteó
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El monto total cancelado de
2008 a 2016 asciende 593 mil 448 millones de pesos, una cantidad equivalente,
por ejemplo, a todo el gasto ejercido en educación en México durante 2015.
La información disponible no
esclarece los mecanismos utilizados por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para exentar a los contribuyentes del pago de créditos
fiscales, añade Fundar.
“No podemos saber si las condonaciones están
justificadas; si hay casos de personas que gocen de privilegios fiscales; o si
esas medidas propician la evasión del pago de impuestos”, destaca.
Las condonaciones fiscales
del Gobierno federal tienen el objetivo de regularizar la situación fiscal de
los contribuyentes para impulsar la economía nacional y las de las familias. Y
aunque la condonación puede ayudar a que el Estado mejore la recaudación de
impuestos a corto plazo, sin embargo, los modelos masivos de condonación de adeudos
fiscales adoptados por las últimas dos administraciones habrían propiciado la
pérdida de recursos públicos, la evasión y la deducción fiscales, y la cultura
del no pago. ¿Por qué?
De acuerdo con Iván Benumea
Gómez, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, esto se debe a que “el
sistema tributario no está haciendo lo suficiente para recuperar los recursos
de quienes tienen más riqueza, lo que es preocupante porque el sistema tributario
debería de ser progresivo, esto significa que debería de gravar, de cobrar
impuestos a quienes más tienen”. Y también porque en los programas de impuestos
masivos “se permitió que quienes hubieran aplicado en años anteriores al pago
de sus impuestos, volvieran a aplicar”.
En público, PGR “caza” a Gordillo; en
privado, SHCP perdona 67 mdp a su empresa
En otras palabras, para la
organización civil el perdón de créditos debe percibirse como un evento único,
extraordinario y de difícil acceso, “ya que su repetición periódica y a favor
de los sectores económicos con mayor capacidad contributiva puede incentivar a
que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la expectativa de
que algún día sus adeudos serán perdonados”.
La información pública
disponible revela que las condonaciones masivas del Gobierno federal han
beneficiado principalmente a quienes tienen mayores adeudos, de ese modo
beneficiando a quienes tienen mayor capacidad económica y cuyos recursos
podrían haber sido captados sin la necesidad de otorgarles la condonación de
adeudos.
De acuerdo con la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), durante el ejercicio del programa de
condonación masiva de 2013 “Ponte al Corriente”, un total de 41 mil 399
personas morales [empresas] dejaron de pagar 159 mil 620.43 millones de pesos.
Sin embargo, en ese entonces sólo 36 compañías se vieron beneficiadas con el
50.2 por ciento de las condonaciones (dejaron de pagar 80 mil 161.06 millones
de pesos).
El monto que dejaron de pagar
esas 36 empresas, equivale a todo el presupuesto ejercido por la Secretaría de
Gobernación durante 2015.
Lo mismo sucedió con el
programa 2015-2016. La propia información del SAT indica que los mayores
beneficios fueron para un conjunto reducido de contribuyentes. En ese periodo,
mil 383 personas morales recibieron la condonación de adeudos por un monto
total de 4 mil 400.69 millones de pesos. Sólo 10 personas morales [empresas]
–un 1 por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación– dejaron de
adeudar lo que representa más del 85 por ciento del monto total de
condonaciones para el periodo de julio de 2015 a julio de 2016 [3 mil 616.80
millones de pesos]. Cinco de esos 10 contribuyentes, estaban relacionados con
la Corporación GEO, la empresa de construcción y de desarrollo de vivienda
social.
En el caso de las personas
físicas, en el último año el 10 por ciento de ellas [47 de 474 contribuyentes]
dejó de adeudar el 69 por ciento del monto total condonado [21.8 de 31.7
millones de pesos]. Además, el 2 por ciento de ellos [10 personas] acumularon
el 32 por ciento de los montos condonados.
“El hecho de que las personas
con mayores adeudos sean quienes puedan acceder a estos beneficios es
preocupante, porque significa que otras personas con menores recursos que
presentan sus solicitudes no pueden acceder a esos beneficios”, explica Iván
Benumea de Fundar.
A usted sí lo hacen pagar, a un grupo de
vivales no: el año en que se exhibió a los privilegiados
LA OPACIDAD DEL SAT
En términos legales, la
cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria abandonará
la recaudación de un adeudo, ya sea porque el adeudo resulta incosteable, o
bien, porque el deudor es insolvente o no puede ser localizado.
Luego de la caída de los
precios del petróleo a finales de 2014 y tras la implementación de la Reforma
Hacendaria de ese mismo año, los ingresos tributarios no petroleros [los
impuestos] se convirtieron en la principal fuente de captación de recursos del
Gobierno Federal.
Los datos oficiales
disponibles indican que hasta 2016, por la vía de los impuestos, se recaudaron
2 billones 407 mil 716.7 mdp, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los
ingresos obtenidos en dicho año -27.4 por ciento más que en 2014-. En contraste,
los datos más actuales de la ASF refieren que la evasión global de impuestos
correspondió al 2.8 por ciento del PIB [483 mil 874 mdp].
A pesar de que la recaudación
en México aumentó en un 10.1 por ciento de 2015 a 2016 –ya sea porque creció la
base de contribuyentes; o porque se regularizó fiscalmente a más personas bajo
el esquema del Régimen de Incorporación Fiscal, entre otros factores-, “nuestro
país aún se encuentra por debajo del promedio latinoamericano en relación a la
recaudación de ingresos tributarios como proporción del PIB”, refiere Fundar en
su informe “Privilegios Fiscales” (2016).
De acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México el
20 por ciento del PIB lo compone la recaudación tributaria, mientras que su
promedio internacional es de 34 por ciento.
Un ejemplo de la baja
capacidad de recaudación del Gobierno federal quedó asentado en el segundo
trimestre de 2016. Según el SAT, la cantidad de recursos públicos que deben de
ser cobrados asciende a un monto de 464 mil 965.60 millones de pesos. Sólo el
44 por ciento de ellos son “factibles de cobro”, o bien, están en proceso de
ser cobrados. El resto quizá se cobre; quizá no.
Si al bajo nivel de
recaudación de impuestos y al alto grado de evasión sumamos la desigualdad de
la condonación de créditos públicos –que beneficia a unos cuantos-, obtenemos
un cúmulo de ingresos que el Estado mexicano deja de ingresar para resolver los
problemas a los que nos enfrentamos. Y esto se da ahora, en el marco de los
recortes al gasto público proyectados para el 2017 y ante el incremento del
endeudamiento público.
En 2002, cada mexicano debía 981 pesos
por la deuda de estados; hoy, 2017, ya debemos 4 mil 600
Por ello, Iván Benumea
menciona que “así como es importante saber con qué empresas, con qué
particulares el Estado celebra contratos, es importante saber a quiénes le
condona impuestos porque es un mecanismo similar. Al final están entregando
recursos –sólo que por la vía tributaria–. Y para el Estado eso significa una
pérdida de recursos. Para los contribuyentes eso significa una ganancia
monetaria, una ganancia a sus bolsillos”.
El problema es que a pesar de
que al día de hoy contamos con un marco normativo más favorable para la
transparencia y la rendición de cuentas, este no garantiza que la ciudadanía
pueda acceder a la información que debiera ser pública.
“Las nuevas reglas no han
logrado superar que el secreto fiscal sea defendido mediante otras vías, y las
autoridades continúan escudándose bajo esta figura para impedir que la
ciudadanía cuente con la información a la que tiene derecho a acceder”, explica
Fundar.
Pese a que en 2014 la reforma
constitucional en materia de transparencia estableció al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
como el órgano autónomo a través del cual el Estado debe garantizar la
transparencia, el SAT ha incumplido de manera sistemática una gran cantidad de
resoluciones en donde se le ha instruido la entrega de información en materia
de créditos fiscales.
Con todo y reformas, al día
de hoy, no podemos saber los motivos o los nombres de todas aquellas personas
que han sido exentados del pago de sus adeudos fiscales. Con todo y que hoy el
SAT anunció la publicación de información estadística sobre las declaraciones
anuales de las personas físicas y morales, no ha cejado en su constante
negativa de transparentar los motivos y los nombres de las personas físicas y
morales que han recibido el perdón de sus impuestos, o la cancelación de sus
deudas tributarias.
A la fecha, el INAI ha
ordenado al menos 32 veces la apertura de dicha información. Pero el SAT no
acata. Su justificación: los datos de los contribuyentes se encuentran
protegidos por el secreto fiscal.
“El problema aquí es que no
hay suficiente transparencia para poder determinar cuál es el mecanismo que
está siendo aprovechado por los contribuyentes para que se les perdonen sus
créditos fiscales y en qué ocasiones el SAT esta actuando de manera irresponsable.
O si por el contrario todo es legal y no hay un problema al respecto y no hay
ningún problema en que las condonaciones se concentren en las personas que
tienen los mayores adeudos, algo que parece difícil sustentar”, refiere
Benumea.
El próximo año podría ser
implementado otro programa de impuestos masivos, situación que podría implicar
una pérdida injustificada de recursos, señala el investigador.
Un “club” de 15 contribuyentes se quedó
con 40 mmdp de beneficios fiscales del SAT, dice Fundar
(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ AGOSTO 15, 2017, 8:00 PM)
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