Los ejecutivos estatales culpan al nuevo
código por el aumento de la violencia, mientras que los juzgadores les echan en
cara haber malgasto fondos millonarios y no haber preparado ni a policías ni al
Ministerio Público a lo largo de ocho años
MEXICO.- “Prepárense porque
miles de presos estarán de vuelta a las calles en los próximos días”, dijo
recientemente el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En una ciudad con graves problemas de
seguridad, la advertencia sonó como una amenaza y la llegada del Armagedón
delincuencial a la capital.
El político de izquierda no
solo hablaba como ejecutivo de una de las ciudades más inseguras del país, sino
en nombre de los gobernadores, convertidos en la punta de lanza contra el nuevo
sistema penal.
Un año después de la entrada
en vigor del nuevo código, el enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo
ha marcado su polémica implantación. El tema de la delincuencia en un país con
un grave problema de violencia ha convocado un debate nacional.
En el fondo del asunto está
el aumento, mes a mes, de las cifras de delitos. Según los 32 gobernadores, el
nuevo Código Penal ha abierto las puertas de las cárceles a los detenidos
gracias a un modelo que califican de “híper garantista”, que no contempla la
prisión preventiva y que permite a los delincuentes de bajo impacto seguir su
proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti. “Mientras las
cárceles se vacían, las calles se llenan de delincuentes”, resumen en voz baja.
Mucha gente dijo que como era una
reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la
reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó
en eso"
RAMÓN COSÍO, MINISTRO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA
La justicia reprocha a los
gobernadores haber malversado durante años los millonarios fondos destinados
para prepararse. Desde que en 2008, se aprobó su puesta en marcha progresiva en
todo el territorio, que concluyó el año pasado, el Estado destinó casi 15.000
millones de pesos (827 millones de dólares) para construir salas orales y
capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial. Pero,
pese a los altos recursos recibidos y los ocho años que tuvieron para hacerlo,
nada de esto ha ocurrido.
“POLICIA DE CUARTA”
Según explica a EL PAÍS uno
de los redactores del texto, “al juez le llegan continuamente casos con
defectos en el peritaje, en la cadena de custodia o sin investigación ni
trabajo de laboratorio. Ahora hay que demostrar que alguien es culpable y, no
como en el sistema anterior, demostrar su inocencia”. Entre otros retos,
ejemplifica este magistrado, “hay que convencer a un policía de que una
confesión obtenida ante él —en consecuencia, sin abogado y que podría ser
obtenida bajo tortura— ya no sirve”.
La delincuencia se está aprovechando de
un sistema híper garantista y lo que queremos es un equilibrio entre los
derechos de los imputados y los derechos de las víctimas"
OMAR FAYAD, GOBERNADOR DE HIDALGO
Según el Centro de
Investigación para el Desarrollo (CIDAC) un 25% de los policías no sabe llenar
un informe policial y el 75% de los ministerios públicos falla gravemente en la
recolección de evidencias.”
Tenemos un sistema judicial
de primer mundo que se apoya en una policía de cuarta”, resume el magistrado.
Según José Ramón Cossío, ministro
de la Suprema Corte de Justicia,“(los gobernadores) no están haciendo
autocrítica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el último eslabón de la
cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y
que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable”, explica.
DE REFORMA HISTÓRICA A CAMBIO CUESTIONADO
Según el ministro, “mucha
gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto
exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que
debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema
penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia
y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no
ha sucedido”, lamenta Cossío en su despacho de la Corte.
La última decisión que ha
agitado a los gobernadores tienen que ver con la portación de armas, uno de los
delitos que abarrotan las prisiones, considerado “no grave” en el Código Penal
—lo que permite al detenido seguir su proceso en libertad— y la reciente
decisión de la Suprema Corte de permitir a los presos condenados revisar su
caso de acuerdo con el nuevo código, lo que les abriría la puerta de la calle.
“La delincuencia se está
aprovechando de un sistema híper garantista y lo que queremos es un equilibrio
entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas”, se quejó
recientemente el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad (PRI). Los jueces responden
que el nuevo modelo reemplaza la prisión preventiva para delitos “no graves”
con métodos como el brazalete electrónico o el embargo de cuentas (sobre todo
para delitos fiscales) o la prohibición de salir de una zona determinada, pero
que poco de esto se ha contemplado.
Para Horacio Vite, secretario
de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, el actual modelo tardará más de 15
años en funcionar plenamente, pero amoldar el Código Penal a los vaivenes
políticos sólo conseguirá desvirtuarlo sin atajar los problemas de fondo. “Si
empezamos a meter más y más delitos graves a ese catálogo de prisión preventiva
volveríamos al modelo anterior. Ahora es la posesión de armas, pero la próxima
vez querrán introducir otros nuevos de alto impacto. El problema no está ahí
sino en combatir a ese delito”, resume.
Desde el punto de vista de
los Derechos Humanos, el abogado Juan Carlos Gutiérrez opina que Mancera está
haciendo “populismo punitivo” pidiendo más penas que satisfagan las demandas de
una sociedad que entra en un contexto electoral. “Las cárceles están llenas de
gente inocente o condenada por delitos menores que sólo se perfeccionan dentro
como delincuentes. Si continúa el anterior sistema volverán a repetirse sucesos
como el de la cárcel de Acapulco (el seis de julio pasado)” , dice el abogado,
en referencia al motín que dejó 29 muertos entre acusaciones de sobrepoblación
y condiciones infrahumanas en su interior.
Hay que convencer a un policía de que
una confesión obtenida ante él, ya no sirve"
SERVIDOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL
PROPONEN HASTA CONTRARREFORMA
Ha pasado un año desde que se
finalizó el proceso para la implementación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio (SJPA) y en distintas esferas del gobierno y de la sociedad, voces a
favor y en contra de la operación de la nueva impartición de justicia en México
se han manifestado para exigir cambios e, incluso, una contrarreforma. A pesar
de ello hay quienes advierten que, entre otros, la posible liberación masiva de
presos, no es atribuible al sistema sino a que sigue permeando la corrupción en
ese ámbito.
A partir de que comenzaron
las evaluaciones a los resultados de la operación del SJPA, funcionarios del
gobierno federal, de las instancias de justicia de la Ciudad de México y
organizaciones civiles y no gubernamentales se han pronunciado por cambios que
garanticen el acceso a la justicia.
Apertura. Las implementación
de salas orales es una de las nuevas modalidades del sistema penal acusatorio.
/ Archivo
Bertha Alcalde, de la
organización Borde Jurídico, afirmó a EL UNIVERSAL que los errores se pueden ir
corrigiendo sobre el avance y defendió los beneficios del sistema.
“Un año no es suficiente para
evaluar si el sistema funciona o no, se necesita más tiempo, pero sí se puede
ir corrigiendo sobre la marcha. Hay que darnos cuenta de que las debilidades no
están en las normas, no están en el sistema acusatorio, sino en la falta de
capacitación de los operadores y fallas que existían en el sistema anterior.
Rodolfo Félix Cárdenas, abogado especializado en sistema penal acusatorio y ex
procurador general de justicia de la Ciudad de México, aseguró que en otros
países latinoamericanos se realizaron diagnósticos hasta cinco años después de
la implementación y que por ello en México aún no se debería emitir una
evaluación.
Martín Carlos Sánchez,
director de fundación Renace, opinó que es pronto para pedir reformas o
correcciones, y lo que se debe de hacer es corregir errores de la operación.
MIGUEL ÁNGEL MANCERA, JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
“No debemos de hablar de
reformas sino de corrección de errores y de mejora en la capacitación de todos
los que están operando. Yo considero que la verdadera evaluación debe ocurrir
en, al menos, cinco años, cuando el sistema se estabilice y se hayan reparado
las fallas”, dijo.
Uno de los principales
argumentos en contra del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido que la
portación de armas de fuego no está considerada en el catálogo de delitos que
requieren prisión preventiva oficiosa, cuestión que, de aprobarse, podría
promover la “siembra” de armas en los imputados, señalan especialistas.
La experta Alcalde alerta
sobre la falta de capacitación en los policías, misma que contribuiría a que
tomen la decisión de colocar armas en los informes de los detenidos para
asegurar su permanencia en prisión si el delito de portación de arma de fuego asegura
prisión preventiva.
“Si nosotros ponemos en el
catálogo el delito de posesión de armas, vamos a generar que el policía, que la
mayoría de las veces no está capacitado para hacer labores de investigación, va
a detener a alguien y, como sabe que por ciertos delitos no opera la prisión
preventiva, va a sembrar un arma”, advirtió la especialista.
Debemos sentirnos orgullosos por haber
hecho realidad la transformación jurídica"
ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE MÉXICO
Al respecto, Martín Carlos Sánchez
señaló que la mayoría de las veces la libertad de los imputados depende de la
falta de capacitación de los operadores del SJPA y el manejo de información y
las unidades de seguimiento.
“Si estas personas vuelven a
delinquir, el juez tendría que aplicar una prisión automática por haber fallado
en esta libertad que le dieron a la persona. Si el (agente del) Ministerio
Público no lleva la información al juez, éste no podrá tomar una decisión por
reincidencia y se le dará trato como si fuera una persona nueva, que no tiene
antecedentes”, señaló.
Félix Cárdenas señaló que es
necesario un cambio en la sociedad para entender y aceptar el SJPA.
“La sociedad quiere siempre
esa pena mayor, porque estamos educados a (pedir) más cárcel a todo; la
sociedad no ha sido informada del sistema, la cultura que nosotros tenemos es
mordernos unos a nosotros”, lamentó.
María Novoa, directora del
área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac),
señaló: “El sistema no es el problema. Hay un problema con las capacidades del
policía como primer respondiente y de cómo le pasa la estafeta al Ministerio
Público, quien no ha logrado establecer argumentos sólidos para que el juez
tome decisiones”.
Mario Uribe Olvera, profesor
de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, detalló que la etapa
de consolidación del sistema apenas comenzó al finalizar la implementación y sí
es necesario realizar ajustes, pero no se puede pensar en modificar el sistema.
“El sistema está funcionando
y va bien, lo que no está funcionando es el trabajo de los Ministerios Públicos
y de la policía”, consideró Uribe Olvera.
Acerca de los comentarios que
han señalado que el SJPA ha permitido la salida rápida de los delincuentes y
que se prevén otras cuatro mil liberaciones, dijo que “las voces que dicen que
el sistema ha fomentado una especie de puerta giratoria, porque las personas
detenidas son liberadas, estas voces obedecen a intereses que no son ni la
seguridad pública, ni la justicia.
“Si se da el caso de la
puerta giratoria es porque los agentes del MP y los policías no están haciendo
bien su trabajo”, comentó.
Me pronuncio a favor de un sistema que
vea más por las víctimas que por el probable responsable"
ERUVIEL ÁVILA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
MÉXICO
Isabel Miranda de Wallace,
presidenta de Alto al Secuestro, expuso que la postura de la organización que
encabeza no está enfocada a una contrarreforma, pero sí a la corrección de
errores que han causado que el sistema afecte las cifras de incidencia delictiva
a nivel nacional: “Si un sistema funciona es porque alguien comete un delito,
recibe una consecuencia, se protege al inocente y se da la no repetición, y lo
que estamos viendo son grandes fallas.
“No queremos una
contrarreforma, Alto al Secuestro aprueba la reforma, pero no aprobamos las
condiciones en las que está. Lo que se debe hacer es tener una equidad entre
las víctimas y el procesado”.
NÚMEROS
15 mil millones de pesos destinó el
Estado para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio
Público en su trabajo pericial.
25% de los policías no sabe llenar un
informe policial
75% de los ministerios públicos falla
gravemente en la recolección de evidencias.
15
años tardará el nuevo sistema en funcionar plenamente
1 año tiene operando el nuevo sistema
penal.
Con información de El País y El
Universal
(VANGUARDIA/ AGENCIAS/
DOMINGO, JULIO 16, 2017 - 02:07)
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