Para
el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en el nuevo
marco legal anticorrupción que se discute hace falta que se incluyan mecanismos
de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones. Sobre todo,
en la nueva Fiscalía General, cuya autonomía deberá estar garantizada desde los
procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su
trabajo como titular del Ministerio Público: “Ninguna postulación que venga ni
del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para
poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas…”, alertó en entrevista
con SinEmbargo.
#Anuario2016
| Un año de escándalos, y el Sistema Anticorrupción sin armas para atacar el
cáncer
Ciudad
de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– En el tránsito de México a la
democracia, el combate a la corrupción fue finalmente colocado este 2016 el
centro de la discusión política. El pasado 5 de junio, por ejemplo, de acuerdo
con el análisis de los partidos, motivó el “voto de castigo” a los partidos en
el poder en estados cuyos hoy ex mandatarios estaban acusados de este tipo de
abusos, como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, entre otros.
Fue
también el año de publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional
Anti-corrupción, que obliga la coordinación de al menos siete entidades en
contra de estos delitos: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función
Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto
de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la
Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
Y
fue, también, el año en el que al reclamo de las organizaciones de la sociedad
civil le siguió la eliminación de un artículo que daría al cuestionado abogado
priísta Raúl Cervantes Andrade, actual Procurador General de la República, pase
automático para ser nombrado el próximo Fiscal de la nación.
Pero
el camino hacia un efectivo combate al abuso de poder político es todavía largo
para México, dice el académico e investigador de la Universidad de Columbia,
Edgardo Buscaglia.
Hace
falta que el nuevo marco legal anticorrupción que se discute incluya, dice,
mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones.
Sobre
todo, insiste Buscaglia, sobre la nueva Fiscalía General, cuya autonomía no
llegará por nomenclatura, sino que debe estar garantizada desde los procesos de
postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como
titular del Ministerio Público.
“Las
democracias modernas, todas, tienen redes de auditores de sociedad civil que
cubren al sistema Judicial; a jueces, fiscales, policías, donde auditan al
sistema de administración de justicia penal”, dice Buscaglia en entrevista.
“En
Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoría
de la sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no
se regula la capacidad auditora de la sociedad civil. Eso tendría que estar
proponiendo la sociedad civil mexicana ahora para el caso del Fiscal General:
establecer una capacidad auditora de sociedad civil por ley, aprovechando esta
reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”,
agrega el también autor de títulos como Lavado de dinero y corrupción política:
el arte de la delincuencia organizada y Vacíos de poder en México: el camino
hacia la seguridad ciudadana, entre otros.
Se
busca Fiscal Anticorrupción: 31 quieren, la mayoría sin armas para ver al
demonio a los ojos
–En
México se pospuso la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál
es tu análisis de todo el proceso?
La
experiencia internacional, que es la única que me da fundamentos para lo que
recomiendo, es bastante clara: en países donde las instituciones del Estado
adolecen de niveles de confianza paupérrimos, como es el caso de México, o como
era el caso de Guatemala o el de Colombia o el de Italia, lo que tienes es que
se necesitan instituciones adecuadas para que los fiscales sean, primero,
autónomos en la práctica y no solamente en el texto de la Constitución, e
instituciones mucho mas fuertes que las que uno observa en países con una
tradición de Estado de Derecho y de democracia, como Francia, Alemania o de
Estados Unidos, que no necesitan instituciones tan restrictivas para el
nombramiento de sus fiscales generales.
En
el caso de países donde han sido ampliamente penetradas sus instituciones del
Estado, como es el caso de México, lo que necesitas es separar el mecanismo.
Una de las características de los casos de éxito es separar el nombramiento y
la nominación, la postulación del Fiscal general, separar los candidatos de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
–¿Quién
lo nombraría?
Tendrías
que tener una comisión de postulación, de tres o cuatro candidaturas que
después se lleven al Senado, y que esa comisión no esté formada por
representantes del Estado, sino que deben ser dos o tres representantes de
asociaciones de víctimas, dos decanos de Derecho, un presidente de la barra de
abogadas, pero que tuviera dientes, no como en México, que no tienen ningún
tipo de control de calidad sobre la calidad de sus abogados; pero en los países
donde sí existe una barra de abogados fuerte, como Argentina, ahí tiene mucha
influencia en la selección de postulaciones. ¿A qué me refiero? A las listas
iniciales de candidatos, que tiene que estar elevada por una comisión
constitucional de postulación, que revisen tres o cuatro candidaturas. Y una
vez que estas tres candidaturas se elevan al Senado, se tienen que sujetar a lo
que indique la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en cuanto a los requisitos
de los candidatos, que tienen que ser abogados, sin antecedentes penales, con
ciertas características. Y luego el Congreso en pleno tiene que evaluar a estos
tres candidatos, no sólo el Senado, aunque después las dos terceras partes del
Senado sean las que tienen que votar. Es decir, que se le tiene que dar también
una capacidad a la Cámara de Diputados para que puedan emitir juicios sobre las
precandidaturas, pero no pueden empezar a incorporar amigos o a “carnales”,
como le dicen en México, o a otros candidatos que envíe el Presidente o que
envíe el Senado. Entonces sí, ahí sí, si quiere Cervantes someterse a la
postulación de esa comisión de sociedad civil, que vaya y que le den una
oportunidad. Pero tendría que pasar por ahí.
Ninguna
postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un
mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las
cosas y así de mal estaban las cosas en Italia, en Colombia y en Guatemala.
Entonces,
hay que separar la postulación, hay que eliminar ese ‘pecado original’ del
postulado, que es el quién te postula. Ya el hecho de que te postule alguien de
los partidos, ya eso implica una mancha en la imagen y, por tanto, hay que
eliminarlo.
En
materia de corrupción “nadie puede arrojar la primera piedra”, dice Peña Nieto
–¿Qué
detalles te han llamado la atención de la discusión?
Ante
todo, la sociedad civil, felicidades. La sociedad civil, que al menos yo veo,
se movió ante lo de Cervantes y forzó al Presidente a recular, y eso es bueno y
hay que felicitar y acreditar esa reacción. No llevaron millones a las calles,
como hicieron en Italia o como hacen en los países realmente democráticos, pero
digamos que es mejor que nada.
Pero
cuando veo las conferencias, no se animan a forzar estas mejores prácticas
internacionales, como la que acabo de mencionar, que darían un rol a la sociedad
civil a través de la comisión de postulación (del futuro Fiscal), técnica, que
tiene que estar constitucionalmente establecida. Eso es lo que tendría que
estar proponiendo la sociedad civil mexicana para que las postulaciones, los
nombres, surjan de la sociedad.
Después
de esto, olvídate por un minuto del Fiscal, tienes que tener una ley orgánica
de agentes del ministerio público, que establezca un servicio civil de carrera
totalmente autónomo, como el que establece la colombiana, un servicio civil de
carrera fuerte, que reevalúe a todos los miembros de la PGR [Procuraduría
General de la República] y de las fiscalías de los estados; que los someta a
mecanismos de evaluación, de exámenes, nuevamente para ver quién puede pasar o
no estos aspectos técnicos para que puedan seguir o no trabajando en las
fiscalías o ministerios públicos, pero tiene que haber un servicio civil de
carrera, con mecanismos de nombramiento, mecanismos disciplinarios.
En
cuanto a éstos, la sociedad civil tiene que estar también involucrada a través
de una comisión en la que no sean sólo inspectorías internas las que decidan si
a alguien se le remueve como agente del ministerio público, sino que también
tiene que haber una comisión auditora de sociedad civil, que a través de
denuncias sociales o de víctimas se pueda evaluar los casos de agentes del
ministerio público acusados de corrupción o de diferentes tipos de faltas. Ese
tipo de mecanismos todavía no están propuestos en la Ley General Orgánica del
Ministerio Público; por tanto, los requisitos de nombramiento y remoción a
través de comisión de sociedad civil y de una inspectoría interna no están ni
siquiera propuestos.
5
gobernadores ligados al desvío o mal uso de recursos gastaron además en simular
transparencia
Edgardo
Buscaglia explicó que este tipo de inspectorías internas deben realizar
revisiones patrimoniales al azar. Sin embargo, alertó, que como en el caso de
la Ley Tres de Tres, no basta con que se presenten las declaraciones
patrimoniales, además aún se tienen que someter a auditorías esas
declaraciones.
“Estas
auditorías además tienen que estar financiadas autónomamente, no sujetas al
nombramiento del Fiscal General. Las democracias modernas, todas, tienen este
tipo de redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema judicial, a
jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de
justicia penal. En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa
capacidad de auditoria de sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado,
en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil”, agregó.
En
el caso del futuro Fiscal General, consideró el investigador, la propuesta
desde la ciudadanía debe proponer que se establezca “una capacidad auditora de
sociedad civil por Ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes
del Ministerio Público y al Fiscal General”.
“Después
tienes el tema de los órganos de control de la Fiscalía General por parte del
Poder Legislativo. El control técnico de los órganos autónomos está ausente en
el Legislativo, donde podría haber un proceso de comparecencias no anual, como
sugirió un Senador, no: todos los meses, el Fiscal General tendría que
comparecer ante una comisión técnica de control del Poder Legislativo, a la que
le dé cuentas investigación por investigación para ver si cumplen con el orden
jurídico vigente y con convenciones de Derechos Humanos”, precisó.
Buscaglia
destacó que este tipo de comparecencias técnicas ya son implementadas en
Francia, España y Estados unidos.
“Cada
investigación del FBI hay una subcomisión del Congreso norteamericano que la
evalúa a través de un plantel técnico de servicio civil de carrera que se llama
el Congressional Research Service, que son empleados sujetos a un servicio
civil de carrera, que están detrás de las comisiones de Congreso, para que
cuando el director del FBI vaya mensualmente a comparecer ante la subcomisión
–a puerta cerrada o abierta, dependiendo de la causa– el punto es que tiene que
dar cuentas técnicamente hablando ante la subcomisión del Congreso. Claro,
envía el reporte una semana antes para que los legisladores lo puedan evaluar
con la ayuda técnica del plantel de servicio civil de carrera”, ejemplificó.
El
académico puntualizó que este tipo de control técnico Legislativo es necesario
en toda democracia, para que ésta pueda llamarse así. Alertó que es preciso que
la evaluación debe ser legislara desde ahora para que se establezca dentro del
marco jurídico para el nombramiento del Fiscal General.
Señaló
que “los países que han tenido resultados positivos en sus nuevas fiscalía
autónomas han tenido fiscales autónomos sometidos a una comparecencia técnica
mensual, en la que cada investigación es evaluada por las subcomisiones del
Congreso”.
“Eso
es ciencia ficción en el congreso de México. Pero voy a poner un ejemplo: en
Uruguay y en Colombia, la comisión del Congreso que se dedica a hacer
comparecer al Fiscal le exige que, en cada investigación por delincuencia
organizada o asociación ilícita, que presente cinco investigaciones paralelas
para abarcar a toda la red criminal, sea caso de corrupción política o sea caso
de delincuencia económica privada. Ahí te das cuenta por qué funciona; no
porque se llama autónoma, sino porque el Congreso exige que esas cinco
investigaciones también estén: la penal, financiera, patrimonial, tributaria y
la investigación por extinción de dominio, que en México es otra simulación”,
destacó.
Finalmente,
el investigador consideró que “con ese monitoreo legislativo ya encuentras una
presión para que la Fiscalía funcione. No por ser autónoma va a funcionar; no
es una panacea la palabra “autónoma”, por más que el Fiscal sea nombrado
autónomamente, tienes que asegurarte que el monitoreo sea técnico”.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto / diciembre 30, 2016 - 10:55 am)
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