Organismos de defensa y
protección del trabajo periodístico como el Comité para la Protección de los
Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana
de Prensa, y la Federación Internacional de Periodistas, por mencionar algunos,
coinciden en una premisa fatal: México es uno de los países donde mayor riesgo
corren los informadores. Los datos y hechos proporcionados por estos organismos
varían un poco.
Mientras algunos ubican a
México como el quinto país más peligroso para el ejercicio de la libre
expresión, otros lo sitúan en la tercera posición.
También suelen ser diferentes
las cifras de periodistas asesinados, o agredidos, pero todos coinciden: hay
una alerta roja en nuestro país para el desarrollo de la prensa libre.
También concuerdan en que los
agresores de los comunicadores tienen dos orígenes: el narcotráfico y el
gobierno.
Y que arriba del 90 por
ciento de los casos de crímenes contra periodistas, permanecen en la impunidad.
Desafortunadamente y desde
hace décadas, en el Semanario ZETA hemos dado cuenta de ello. En 36 años desde
la fundación del semanario, muchos de ellos hemos debido ejercer nuestro
derecho a la libertad de expresión entre dos fuegos. Por un lado las amenazas y
las balas de los narcotraficantes, por otro las presiones de los gobiernos. El
2016 no es un año distinto.
México sigue siendo uno de
los países más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, y en
ZETA una vez más trabajamos amenazados.
A la afrenta que hace algunas
semanas provino, de acuerdo a protagonistas del episodio, de un funcionario que
representa al Gobierno del Estado de Baja California, cuando amedrentó con
ataques a la vida privada para contrarrestar la línea crítica que el semanario
ha sostenido en investigaciones que detallan actuaciones irregulares de
funcionarios diversos, ahora se suma la amenaza vertida por un miembro del
Cártel de Jalisco Nueva Generación, para atacar las oficinas del periódico
fundado por J. Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda. Narcotráfico y
gobierno estatal amedrentando a un medio de comunicación.
En efecto, de acuerdo a
información proporcionada por elementos que integran el Consejo Estatal de
Seguridad Pública de Baja California, Israel Alejandro Vázquez Vázquez, alias
“El 50”, y ubicado en la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación,
ordenó a un grupo armado que encabeza, que la madrugada del inicio de esta
semana, las oficinas de ZETA fueran balaceadas.
Tal decisión la tomó en un
afán de “advertir” al medio sobre las consecuencias de publicar información que
revela imágenes y nombres de quienes delinquen para esa organización criminal.
Oficiales del área de
inteligencia detectaron la amenaza cuando realizaban investigaciones para
detener a miembros del CJNG que en alianza con el Cártel Arellano Félix, están
señalados como los principales sospechosos de cometer la mayoría de las
ejecuciones que en el último año se han realizado en Baja California.
Dos días antes que el mafioso
ordenara el ataque a ZETA, en la portada del viernes 25 de noviembre de 2016,
publicamos las fotografías de diez integrantes del crimen organizado que las
autoridades de Baja California catalogaron como “los más buscados”,
precisamente porque sus nombres aparecen en investigaciones ministeriales,
averiguaciones previas, como los causantes de la ola de ejecuciones.
Entre las imágenes destacadas
en la portada del semanario, aparecía la de quien se aprecia un joven, y que
fue identificado como Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50”.
Esta acción, la evidencia de
su rostro y su nombre como una de las personas que vulneran a la ciudadanía con
violencia y drogas, fue el detonante para la afrenta al periódico. Normalmente
así sucede.
Los criminales en México
gozan de la impunidad que da la secrecía de su persecución, y la ausencia de
órdenes de aprehensión debido a una deficiente investigación en el Ministerio
Público, o en ocasiones a contubernios en el Poder Judicial.
Pocas veces en este país se
procura o se administra la justicia de manera correcta cuando se trata de
miembros de los cárteles de la droga.
Una política de hermetismo en
materia de comunicación e información respecto los niveles de inseguridad y las
investigaciones que se realizan en el ámbito federal, contribuye a que los
criminales, a diferencia de las víctimas, tengan una menor exposición
mediática.
Estas políticas dictadas
desde la Secretaría de Gobernación para que procuradurías, secretarías de seguridad
o instituciones policíacas no proporcionen información sobre los enemigos del
estado, abonan a la impunidad de los criminales que gracias a ello mantienen un
bajo perfil al tiempo que desatan violencia de alto impacto.
Cuando en estas condiciones
un medio de comunicación decide investigar, buscar información, documentos,
testimonios extraoficiales e imágenes de quienes desde la criminalidad atentan
contra la sociedad, y decide publicarlas, es cuando llegan las amenazas.
Las fotografías que publica
ZETA, como los nombres y los delitos cometidos por los señalados, son de
conocimiento de la autoridad. No es el semanario la fuente primaria.
Siempre lo hemos honrado:
somos periodistas, no policías. Pero en un clima de impunidad y corrupción, los
amenazados son los comunicadores y no los investigadores.
En Baja California durante
meses las autoridades federales, estatales y municipales, negaron la presencia
del Cártel de Jalisco Nueva Generación, como parte de la retórica oficial que
parece sustentarse en la premisa de ignorar un problema hasta que desaparezca o
explote.
Pero la impunidad y la
corrupción llevaron a esa estructura criminal (CJNG) a aliarse con otra (CAF),
hasta tomar control delincuencial del territorio que es de los
bajacalifornianos, enfrentando una guerra contra el cártel de Sinaloa.
Es tan grave la situación de
inseguridad en esta frontera que, en lo que va de 2016, se han registrado 982
ejecuciones, cifra récord de homicidios dolosos en los últimos once años.
Situación que también fue
publicada en la portada del semanario, en la edición 2225.
Como periodistas estamos
comprometidos a investigar y escribir de lo que sucede en la comunidad en la
cual nos desarrollamos.
No podemos voltear los ojos a
temas inexistentes ni ignorar el problema, esa función ya la cumplen los
gobiernos.
Sin embargo, por ejercer el
periodismo de investigación, por publicar los casos de irregularidades en el
gobierno, de corrupción en las corporaciones, de ineficiencia en el Ministerio
Público, de violencia por parte de los cárteles, ahora somos amenazados por
partida doble.
Por parte del gobierno con
pretendidos ataques a la vida privada, por parte del narcotráfico, con atacar
nuestro lugar de trabajo.
En efecto, México es uno de
los países con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo.
El clima de impunidad y la
abierta corrupción en el Gobierno y con el narcotráfico, vulnera la libre
expresión y ubica a quienes deben ponderar el Estado de Derecho y a quienes lo
violentan en el mismo rasero.
Así el periodismo se ejerce,
en 2016, pese a las presiones de la mafia con fuero y de la mafia callejera que
actúa como si lo tuviera.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello
/Miércoles, 30 noviembre, 2016 09:21 AM)
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