MÉXICO, DF (apro).- Durante
42 días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercerá las facultades
de fiscalización en el estado de Sonora, por lo que en ese tiempo el gobierno
de la entidad no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes.
El organismo publicó este
jueves en el Diario Oficial de la Federación el aviso por medio del cual
comunica a la gobernadora Claudia Pavlovich que tomará a su cargo exclusivo el
ejercicio de facultades de comprobación del 20 de noviembre al 31 de diciembre
de este año, aclarando que a partir del 1 de enero de 2016 el gobierno estatal
retomará dichas facultades.
El SAT determinó lo anterior
como resultado de un proceso que inició a principios de año, derivado de tres
denuncias anónimas en las que se señaló que al omitir el cobro de mil 705
millones de pesos, en perjuicio del fisco federal, 574 contribuyentes fueron
beneficiados a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección
General de Auditoría Fiscal del estado de Sonora, a quienes no se cobró.
En atención y seguimiento a
dichas denuncias, el SAT –dentro del marco del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora– realizó la verificación de
198 auditorías y detectó diversos incumplimientos a las disposiciones legales
federales, así como anomalías en los procedimientos realizados por el estado.
Derivado de lo anterior,
señaló que el estado deberá reintegrar a la Federación 70.2 millones de pesos
de incentivos cobrados de manera incorrecta y 34.2 millones de pesos que fueron
reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización ahora denominado Fondo de
Fiscalización y Recaudación.
En el análisis realizado a
los expedientes que corresponden a las actuaciones de la pasada administración
estatal, se comprobó que dicha administración autorizó pagos en parcialidades
de Impuesto al Valor Agregado y de retenciones de ISR e IVA, en contravención
al Código Fiscal de la Federación.
De igual manera, se detectó
que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para
verificar su origen y procedencia, y se validaron operaciones con clientes o
proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento de
comprobar con el tercero las operaciones realizadas, principalmente, generando
con ello afectación a los intereses del fisco federal.
El SAT destacó que inició
auditorías a los mismos contribuyentes, las cuales se encuentran en proceso, e
implementó el análisis y estudio para gestionar el correspondiente juicio de
lesividad en 32 casos detectados, a fin de salvaguardar los intereses del fisco
federal.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 19 DE NOVIEMBRE
DE 2015)
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