MONTERREY,
N.L. (Proceso).- Hace cinco años y medio fueron asesinados a balazos dentro del
campus central del Tecnológico de Monterrey los jóvenes Jorge Antonio Mercado
Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo sin que hasta ahora se les haga
justicia.
Ambos
eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en
el Congreso de la Unión.
A
contracorriente, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima
Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de
periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según
el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del
Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010.
Hoy,
ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de
Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al
enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron
aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032).
Según
la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a
la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el
5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde
una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo.
Del
vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los
nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso,
quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada
en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que
cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar.
Antúnez
Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como
DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el
ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja
CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo
Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”.
El
propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial
de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General
Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó:
“Una
persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada
cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias
personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud
sospechosa.
“De
este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido
identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido
un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención
médica, encontrándose estable.”
En
su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende
que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta
y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal,
adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra
legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a
miembros de la delincuencia organizada”.
Meses
después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva
emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los
estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas.
La
recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que
Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban
armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran
miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la
Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo
nacional.
“Además,
Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de
arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto
que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por
proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e
inspección cadavérica.”
El
ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes:
“Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo
Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la
camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran
miembros de la delincuencia organizada”.
CONFUSIÓN, SOLAPAMIENTO E IMPUNIDAD
El
22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el
entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad
donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de
Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier
Francisco.
“Reconozco
que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados
eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia
de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la
verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar
este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la
autoridad para proteger a la gente.”
A
su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente,
los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas,
lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su
error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por
Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó.
El
20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus
condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación
emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que
desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado
Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”.
El
boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez
controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal
de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los
cuerpos y dar fe de los hechos”.
Cinco
años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército
con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y
federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho
justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la
superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es
parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez,
El Bronco.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ LUCIANO CAMPOS GARZA/ 22 DE OCTUBRE DE 2015)
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