Raymundo
Riva Palacio
Todo
concluyó rápido, en media hora, cuando una turba enardecida capturó a dos
hermanos que realizaban una encuesta, los golpearon –a uno le enterraron una
varilla en la boca- y los quemaron vivos el lunes pasado a la hora del
crepúsculo. La Policía Municipal, rebasada uno a 100, no pudo hacer nada salvo
salvar su propia vida. El regocijo demente de algunos de los asesinos los hizo
tomarse fotografías con los cuerpos de sus víctimas en segundo plano. De esta
manera Ajalpan, un municipio serrano de Puebla, se convirtió en el último punto
de putrefacción nacional donde la justicia se toma en propia mano.
Al
crimen siguieron 5 horas y media de vandalismo, donde destruyeron instalaciones
públicas, saquearon sus oficinas y robaron sus dineros. Lo hicieron hasta que
se cansaron, porque la Policía Estatal, que llegó 3 horas después de que inició
la cadena de delitos, tampoco pudo hacer nada. También “estaban rebasados”,
admitió un funcionario estatal. La rapidez como concluyeron los eventos,
particularmente el asesinato, comenzó a gestarse días antes, cuando un grupo de
personas identificado por las autoridades como críticos sistémicos de los
gobiernos comenzaron a manejar en las redes sociales que había personas que
estaban secuestrando a menores de edad para ponerlos en venta.
El
lunes, horas antes de morir, acusaron a los dos encuestadores de secuestrar a
una niña, por lo que la Policía Municipal se los llevó a la comandancia. La
niña no los identificó como sus presuntos secuestradores –no se sabe aún si en
efecto existió tal secuestro-, pero de la comandancia decenas de personas, que
los reclamaban exigieron que se los entregaran. No valió explicación alguna. A
los policías les quitaron las armas. A ellos los sacaron al Zócalo de Ajalpan,
para su martirio y crimen.
El
Gobierno y la Policía municipales, rebasados; el Gobierno estatal y los
policías estatales, también. Una línea de discusión puede centrarse en el uso
de la fuerza o, en la salida rápida, expuesta por el gobernador más de un día
después del crimen, que por eso es necesario el mando único. De haber existido
el mando único, el gobernador debe saber, tampoco se habría evitado el
linchamiento. Salida fácil la de los políticos para un problema de fondo. ¿Qué
componentes tuvieron que suceder en Ajalpan para que un rumor provocara que
centenares de personas participaran colectivamente en un asesinato? ¿Qué
presión social se detonó ahí como antes en Canoa, otra comunidad poblana, o en
Tláhuac en la Ciudad de México, o en tantas otras poblaciones donde la gente
toma la justicia por su propia mano?
El
fenómeno lacerante para cualquier nación no es nuevo en este país y, en
recientes años, hasta se ha hecho una apología de ello. Los grupos de
autodefensa civil en Michoacán y Guerrero fueron celebrados por el Gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto como una opción negra para enfrentar a criminales
con criminales. Una encuesta realizada por la empresa Parametría en la primavera
de 2013 reveló que el 56% de los mexicanos aprobaban el surgimiento de grupos
paramilitares para tomar la justicia en sus manos; sólo el 22% los rechazaba.
En 2014, en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
para el Congreso, a la pregunta si estaba de acuerdo o en desacuerdo en que
grupos que no pertenecen al Gobierno se organicen para armarse y combatan el
crimen organizado, el 43% de los encuestados dijeron que sí, contra 39% que lo
rechazaron.
Este
tipo de respuestas no tienen que ver con el uso legítimo de la fuerza o el
mando único. Es mucho más profundo. El linchamiento de los jóvenes en Ajalpan
junto con la estabilidad en el porcentaje de mexicanos que aprueban la justicia
por propia mano habla de la incredulidad con las autoridades y su percepción de
que sean capaces de proveer seguridad. La debilidad institucional que se volvió
a subrayar en la sierra de Puebla va junto con el alto porcentaje de personas
que no presentan denuncias (96%) por delitos cometidos contra ellos. No creen
en las instituciones; no creen en sus autoridades; no creen en el estado de
derecho. Recurren a la ley de la selva donde sobrevive el más fuerte, porque es
la única opción de enfrentar las inseguridades de su contexto y entorno.
Puebla
es un caso, no típico, sino prototipo de muchas regiones del país. En lo que va
de este año, la Procuraduría General de Justicia poblana tomó conocimiento de
cinco homicidios a manos de pobladores en distintas comunidades del estado, a
quienes también acusaban de secuestro. De ese total, tres terminaron en
linchamientos y pese a que se iniciaron las investigaciones, nadie fue
detenido. La inacción de la Procuraduría es un incentivo para quien desea tomar
la justicia en sus manos. Vence sus temores con la sed animal de sangre, a la
que lleva la enajenación colectiva, y resuelve sus angustias inmediatas, sin
pagar consecuencia alguna. La debilidad de las instituciones y su proceder,
alimenta la tendencia criminal de sociedades en conflicto que buscan con sus
actos salvaguardar su propia existencia. Son patrones de comportamiento.
Nota: El gobernador electo de Colima,
Ignacio Peralta, informó que el secretario de la Defensa, general Salvador
Cienfuegos, atendió la instrucción presidencial y le llamó para ofrecerle seguridades.
Un grupo de militares fue enviado a Colima para protegerlo.
(ZOCALO/
Columna “Estrictamente Personal” de Raymundo Riva Palacio/ 22 de Octubre 2015)
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