Tras
la segunda fuga de El Chapo Guzmán, ocurrida en julio último, el aparato de
justicia actuó rápidamente para castigar a los presuntos cómplices del
narcotraficante evadido, pero hasta cierto punto, pues sólo fueron detenidos
servidores públicos de menor jerarquía. Y pese a que el sistema carcelario
federal está en manos de funcionarios de más alto nivel, ninguno de ellos ha
sido llamado a cuentas. Comparten una característica: pertenecen al círculo
cercano del secretario de Gobernación.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El castigo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha recaído
en los internos del penal del Altiplano y en exfuncionarios ajenos al entorno
del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema
carcelario federal está en manos de quienes han sido estrechos colaboradores de
éste, desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora ninguno de ellos
ha sido llamado a cuentas.
El
control de este grupo llega hasta la Secretaría de Función Pública (SFP), donde
ya había denuncias sobre lo que ocurría en esa prisión desde semanas antes de
la evasión del sinaloense.
El
régimen carcelario ha empeorado en el penal del Altiplano. El endurecimiento se
ha centrado en quienes fueron vecinos de Guzmán Loera en el área de
Tratamientos Especiales y han declarado ante la Procuraduría General de la
República (PGR) lo que vieron y escucharon en los días previos a la fuga del
Chapo, el 11 de julio pasado.
El
vecino más próximo fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, lugarteniente
de Los Zetas, organización rival del Cártel de Sinaloa. Tamaulipeco, Nájera
falleció el lunes 7 dentro del penal por causas aún no confirmadas
oficialmente, pero que la familia atribuye a envenenamiento.
“En
las últimas semanas se quejó de la comida. Llevaba días sintiéndose mal, con
vómitos, diarrea y dolor de cabeza. A las 5:30 se empezó a quejar y hasta una
hora después, personal carcelario lo recogió del piso y lo llevó al servicio
médico. En el pasillo todavía pudo levantar la mano para despedirse de los
internos de las otras celdas. A las 7:40 fue declarado clínicamente muerto.
Tardaron dos días en entregar el cuerpo y hasta ahora no se sabe con exactitud
qué pasó”, dicen personas cercanas a otros internos, quienes hablaron a
condición del anonimato.
Refieren
que las complicaciones para el exjefe operativo zeta comenzaron después de su
declaración, de más de cuatro horas, en la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, sobre la fuga de
El Chapo.
Empezó
el hostigamiento. Se le abrieron cuatro procesos disciplinarios que él estaba
combatiendo legalmente porque implicaban aislamiento de 76 días por cada uno,
además de suspensión de la visita íntima y hasta restricción para ir al área de
locutorios. Se pretendía incomunicarlo.
En
estrados se corroboró la existencia de cuatro amparos interpuestos desde
principios de agosto por Talamantes: el 1067/2015, el 1072/2015, el 1157/2015 y
el 1250/2015, en los juzgados Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Talamantes
no fue el único que declaró ante la SEIDO sobre lo advertido por los reos en
los días previos a la fuga, como los trabajos de impermeabilización en la
azotea, que se hicieron sólo en el área de la celda 20, la de Guzmán. Esa labor
se hizo en plena temporada de lluvias.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 2030, ya en circulación)
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
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