A las denuncias presentadas
contra consejeros de la Judicatura de Jalisco por adjudicaciones directas se
suma una más. Ahora se les acusa de contratar a una empresa de transporte de
personal que no tiene permiso para ello en la entidad
El 9 de octubre del 2013, el Consejo de
la Judicatura de Jalisco y la empresa de transporte celebraron un contrato que
entraría en vigor el día 23 de ese mes y año, pero le pagaron los viajes
realizados desde el 2 de septiembre
553,000 pesos pagó el Consejo de la
Judicatura sólo en un mes del 2013, por traslado de personal a Ciudad Judicial,
aún cuando el contrato no entraba en vigor
5 rutas diferentes se trazaron en el
contrato entre la Judicatura y la empresa de transporte
700 kilómetros es la distancia a la que
se encuentra la compañía a la que le adjudicó el contrato; tiene su sede en
Culiacán
60 millones de pesos por desvío es la
acusación que enfrentan los consejeros de la Judicatura de Jalisco, por otra
denuncia, en la que se detallan adjudicaciones directas
Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco siguen enfrentado una serie de acusaciones ante la Fiscalía General del Estado y el Congreso estatal.
En junio pasado, un grupo de
abogados presentó una denuncia contra cuatro consejeros de la Judicatura
estatal: Luis Carlos Vega Pámanes (presidente), Alfonso Partida Caballero,
Jaime Gómez y Mario Pizano Ramos.
Los denunciantes acusaron a
los servidores públicos por el desvío de casi 60 millones de pesos y por varios
delitos, entre ellos, el de enriquecimiento ilícito, así lo dio a conocer
Reporte Índigo, en su edición del 5 de agosto pasado
Una nueva denuncia contra el
cuarteto de consejeros, por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de
atribuciones y facultades, y por delitos cometidos en la administración pública
y en otros ramos del poder público, se presentó ante la Fiscalía General del
Estado, el 10 de julio pasado, de acuerdo a una copia de la misma a la que tuvo
acceso este medio.
De acuerdo con el documento y
las pruebas entregadas a las autoridades en la materia, el 25 de septiembre de
2013, en la sesión 34 del pleno del Consejo de la Judicatura, sus integrantes
aprobaron contratar a la empresa Autotransportes de Guamúchil, S.A. de C.V.,
para que trasladara a personal a la Ciudad Judicial, en el municipio de
Zapopan.
Ubicada en el número 7255 del
anillo Periférico Poniente del citado municipio, la Ciudad Judicial alberga a
los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer partido judicial en
la entidad.
En aquella sesión de
septiembre de 2013, el argumento fue similar al que se utilizó para la
contratación millonaria de equipo de cómputo y mobiliario de oficina, como lo
informó Reporte Indigo a principios de este mes.
Los consejeros dijeron que,
debido a que ya habían entrado en funciones las actividades en la Ciudad
Judicial, era urgente contratar a una empres de transporte de personal “de
manera temporal y mientras se realiza el procedimiento de concesión
correspondiente”, según se aprecia en el acta de la sesión.
Días después, el 9 de octubre
del 2013, el Consejo de la Judicatura de Jalisco y la empresa celebraron un
contrato, en el que se estableció que entraría en vigor a partir del 23 de ese
mismo mes y año.
No obstante, la Judicatura
pagó a la compañía los viajes realizados desde el 2 de septiembre, sin que eso
se hubiera aprobado al seno del pleno.
Autotransportes Guamúchil tiene
su domicilio en Jesús Rodríguez 424, en Culiacán, Sinaloa. Y según los
denunciantes, no posee permiso en Guadalajara, para la prestación de ese
servicio.
“Adjudicaron de manera
directa, sin un estudio de por medio, a una empresa que está a más de 700
kilómetros y 8 horas de distancia de Guadalajara”, se aprecia en la denuncia.
RUTAS FANTASMA
En el contrato entre ambas
partes, se definieron también cinco rutas con rumbo a la Ciudad Judicial.
Los puntos de partida serían:
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (en el centro de Guadalajara), el
parque San Rafael, avenida Revolución, Central Camionera y Carretera a Chapala.
“Basta con indagar en la zona
de cada supuesta ruta, para confirmar que jamás nadie ha visto un camión
contratado por el Consejo de la Judicatura. Este órgano no cuenta además con
datos de los camiones que cubrieron esas rutas ni números de placas”, se lee en
la denuncia.
En la sesión del 25 de
septiembre de 2013, los consejeros habían aprobado que cada viaje costaría mil
pesos, con IVA incluido. Contaron entonces, entre el 2 y el 20 de ese mes, 93
viajes, lo que daba un total de 93 mil pesos.
En noviembre de ese mismo año,
en otra sesión del Consejo de la Judicatura, se corrigió: eran mil pesos por
viaje más IVA.
Sin embargo, sólo en
septiembre, se erogó por ese servicio de transporte más de medio millón de
pesos.
En la factura 27, de acuerdo
con el oficio UDABS/358/2013, firmado por José Vicente Vázquez Orozco, director
de la Unidad de Bienes y Servicios de la Judicatura, se puede ver que se
pagaron 368 mil 880 pesos a la compañía, bajo la orden de compra 102.
Y otras facturas, la 25 y 26,
de la orden de compra 82, muestran que se desembolsaron otros 184 mil 440 pesos
en ese mes.
El mismo esquema siguió en
los meses posteriores, y en febrero, se gastaron otros 308 mil 560 pesos en ese
rubro; de acuerdo con los denunciantes, se crearon viajes con choferes
ficticios: Juan Gutiérrez, Luis González, Jorge Carrillo, Fernando Gómes
quienes “no laboran en la empresa, no existen”.
“Sabemos que no existen los
choferes, en la denuncia pedimos al Ministerio Público que llame a la empresa,
y que ésta le dé una relación del IMSS, licencias de conducir, los choferes que
están asignados a cada camión, las placas de cada camión, y que diga cuáles son
las rutas que cubren.
“No existe eso, porque
sabemos que fue todo inventado (...) hablamos de un desvío de más de 2 millones
y medio de pesos aproximadamente”, declaró en entrevista Yair Valdivia, uno de
los denunciantes.
El abogado detalló que
mensualmente, el Consejo de la Judicatura factura por ese servicio, conforme se
“les antoje a los consejeros”.
PIDEN APEGO A LA LEY
El grupo de abogados que ha
denunciado a los consejeros de la Judicatura del Estado piden a las autoridades
correspondientes que agilicen las investigaciones y se apeguen a derecho, para
sancionar a los citados funcionarios.
En su denuncia, destacan que
los servidores “sin empacho pregonan que están respaldados por altos
funcionarios del gobierno estatal, menospreciando así el poder de la justicia”.
La denuncia por la
contratación de la empresa Autotransportes Guamúchil, se ha sumado a una
anterior, por desvío de alrededor de 60 millones de pesos.
Tal cantidad, de acuerdo con
la denuncia por ese caso, corresponde a adjudicaciones directas, sin que la
Judicatura haya hecho una licitación conforme a las reglas, para la adquisición
de mobiliario de oficina, equipo de cómputo y hasta racks para el archivo
judicial.
(REPORTE INDIGO/ MAURICIO FERRER/ Jueves
20 de agosto de 2015)
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