Los
usos de suelo emitidos que resultaron violatorios a sus planes parciales,
elevando los niveles permitidos, beneficiaron a firmas que fueron vinculadas a
los Bribiesca Sahagún, así como a hoteles de lujo. El Congreso estatal analiza penalizar
con cárcel esos casos
“Yo
diría que sí (debe seguir la indagatoria), a nosotros ya se nos fue el tiempo
pero MC hoy que va a ser gobierno debería de recomenzar la revisión. En el PAN
elevamos una iniciativa al Congreso para que fuera penado el dar un uso de
suelo en contra de los planes parciales”
Cristina
Solórzano
regidora
del PAN en Guadalajara
Entre
los cientos de dictámenes de uso de suelo emitidos en la ciudad de Guadalajara
que violaron las normas vigentes, se hallan grandes inversiones que obtuvieron
de esa manera su puerta de ingreso al mercado inmobiliario local.
En
el Gobierno municipal se ha confirmado la emisión de 315 dictámenes que
contravinieron los planes parciales de desarrollo, según los reportes de la
comisión especial de investigación que integraron las fuerzas políticas: PRI,
PAN y el partido Movimiento Ciudadano.
Esos
usos de suelo otorgados por el gobierno del PRI les han allanado el camino a
los inversionistas, asegurándoles tanto las licencias complementarias a sus
proyectos, como las resoluciones judiciales a su favor, cuando algún
contratiempo los ha llevado a tribunales.
Como
antes lo hizo el alcalde tapatío electo del MC, Enrique Alfaro y ese grupo
edilicio, el del PAN –liderado por el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas–
cuestiona la postura del área jurídica del municipio, su Sindicatura, que ha
optado por no combatir legalmente estos usos dados a discreción.
Uno
de los casos documentados con mayor amplitud por el grupo del PAN, en
específico por el equipo de la regidora Cristina Solórzano, es el del
desarrollo Citi Tower en Avenida México 2582, autorizado con el Dictamen de
Trazo, Usos y Destinos 039/D2/E-2013/3302, el 25 de octubre de 2013.
En
su estudio confirmó que el plan parcial permitía en su predio no más de 73
unidades de vivienda y edificaciones con una altura máxima de ocho niveles,
pero la Secretaría de Obras Públicas del municipio le concedió –sin facultades
para ello– 200 unidades de vivienda y una altura de 23 niveles.
Cada
uno de esos departamentos se comercializa en Internet en 2 millones 475 mil
pesos por lo bajo, así que esa simple modificación al uso de suelo incrementó
el valor del proyecto al menos en 300 millones de pesos (MDP).
Con
ese primer trámite resuelto, la Secretaría no tuvo mayores problemas en emitir
la licencia de construcción el 23 de diciembre del 2013 –M-0928-2013-, con un
costo de 5 millones 89 mil 709 pesos.
La
Ventanilla Única que expide estos usos debe estar integrada además de un
representante de Obras Públicas, por otro de la Comisión de Planeación Urbana
(Coplaur), según el artículo 3 del Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano,
para velar así por la aplicación de la norma.
Ese
dictamen, sin embargo, fue signado solo por quien fuera el titular de la
Secretaría, Carlos Arias, y su director técnico, Francisco Javier Orozco; el
primero salió en enero de 2014 ante los señalamientos de corrupción en su área,
pero el segundo sigue en el cargo.
El
proyecto es desarrollado por la firma Citi Capital del influyente empresario
Felipe Tomé. En 2007 la revista Proceso aseguró que este fungía como
prestanombres de Marta Sahagún y sus hijos –Bribiesca Sahagún–, aunque ello
sería negado por el ex presidente Vicente Fox.
Lo
cierto es que este Gobierno municipal le ha brindado los permisos para dos más
de sus proyectos: Central Park, con tres torres cada una con 111 departamentos
–que habría ampliado a cinco por la vía judicial, según el diario Mural–, y la
renovación de Plaza Pabellón donde prevé otro par de torres.
ALTOS VUELOS
Otro
caso similar es el del desarrollo que se edifica cerca del cruce de las
avenidas Américas y López Mateos: un hotel Marriot cuyo dictamen
039/D2/E-2013/2283, del 4 de septiembre del 2013, fue emitido por el mismo par
de funcionarios, también sin Coplaur.
El
equipo de Solórzano constató que en ese dictamen se aumentó el desplante
permitido de 2 mil 881.2 metros cuadrados a 3 mil 292.8; la superficie de
construcción de 8 mil 643.6 metros cuadrados a 29 mil 635.2; y sus niveles de
altura de tres máximo hasta superar los 20.
Con
el mecanismo de transferencia de derechos, ese predio pudo haber llegado a 15
mil 558.4 metros cuadrados de superficie construida y seis niveles de altura,
pero no a los valores que ahora tiene.
La
transferencia de derechos es el instrumento por el que predios que podrían
tener mayor intensidad en su uso, pero que están restringidos por condiciones
patrimoniales o ambientales, transmiten ese crecimiento no utilizado a las
áreas receptoras.
De
haber usado esa opción para crecer un poco más, el promotor habría tenido que
pagarle al Ayuntamiento 19 MDP, pero ni la usó ni pagó. Los panistas calcularon
un daño al erario por 57.7 MDP, pues la ampliación concedida habría costado eso
en el caso hipotético de que la norma lo permitiera.
A
pesar de la gravedad de los señalamientos, cuando se le pregunta a Solórzano si
la Sindicatura de Ernesto Salomón ha actuado con acciones legales para buscar
la nulidad de los permisos, responde:
“En
lo absoluto; en lo absoluto. Deje la Sindicatura, lo sabe el presidente
municipal (Ramiro Hernández), lo supo. El presidente municipal es el jefe de
todos ellos”.
Este
dictamen salió a la luz pública de forma circunstancial en agosto del 2014,
cuando las obras de su sótano ocasionaron daños en un paso a desnivel.
La
exposición mediática del caso llevó al alcalde a ordenar que se frenara la
emisión de su licencia de construcción.
Sin
embargo, con el dictamen de uso ya emitido a su favor, su desarrolladora obtuvo
fácilmente los trámites posteriores con recursos judiciales.
USOS Y CÁRCEL
Lo
simple que resulta violar los planes parciales en Guadalajara con los usos de
suelo, vuelve necesario una reforma que penalice esa actuación de los
funcionarios, dice Solórzano: crear un tipo penal para la emisión de usos
irregulares.
En
esta gestión ya no hay condiciones para seguir con la investigación en la
materia, advierte la edil, pero de ser continuada en el gobierno que viene ese
cambio penal le daría nuevos alcances.
“Yo
diría que sí (debe seguir la indagatoria), a nosotros ya se nos fue el tiempo
pero MC hoy que va a ser gobierno debería de recomenzar la revisión. En el PAN
elevamos una iniciativa al Congreso para que fuera penado el dar un uso de
suelo en contra de los planes parciales.
“Tal
reforma se requiere porque ahorita nada más es ‘me la hiciste, pues te vas’, o
llegar a juicio político, ese es el castigo que hasta ahorita está; creo que
sería el remedio”, dijo Solórzano.
La
propuesta legislativa adicionaría un artículo 253 bis al Código Penal que
sanciona con tres a seis años de prisión y multa de 20 a 400 días de salario
mínimo, a quien emita dictámenes que violen los planes, lo mismo le pasaría a
los desarrolladores beneficiados, por lo que toca intereses económicos muy
fuertes en la ciudad.
La
propuesta no ha sido retomada por ninguno de los diputados electos.
De
8 mil usos dados por Arias, la comisión tuvo acceso solo a 2 mil 250, así que
las dimensiones reales de lo sucedido aún son desconocidas.
En
su portal, el Ayuntamiento asegura que no ha otorgado más cambios en 2014 y
2015, pero oculta los cientos que dio entre octubre de 2012 y todo 2013.
LA PROPUESTA A LA LEY
> La reforma planteada al Código
Penal en planes de desarrollo contempla nuevas sanciones:
> Penar con hasta seis años de
prisión la violación de los planes; se aplicaría tanto a funcionarios como
desarrolladores.
La
misma sanción se aplicará al constructor, residente de obra, propietario o
representante legal que realice alguna obra o edificación, que sea contraria al
uso de suelo vigente y no reúnan todos los requisitos que establezcan las leyes
y reglamentos aplicables.
(REPORTE
INDIGO/LUIS HERRERA/ Jueves 13 de agosto de 2015)
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