sábado, 20 de junio de 2015

TRANSPORTISTAS EXIGEN JUSTICIA POR TRIPLE CRIMEN


A tres años del asesinato en Vícam, de Javier Meza, Humberto Aispuro y Alejandro Méndez, a la fecha predomina la impunidad

Transportistas del servicio urbano agremiados en la empresa TUSEC, encabezados por el señor Román González Cameros, exigieron ayer enérgicamente el esclarecimiento del triple crimen de sus compañeros Javier Meza, Humberto Aispuro y Alejandro Méndez, ocurrido el dos de marzo del 2012.

En rueda de prensa, acompañado por Ramiro Silva Vitela, María del Carmen Portillo Quiroz, Rosario Rojas, entre otros, recordó que junto con ellos iba el también concesionario Armando Contreras, quien sospechosamente resultó ileso, por lo que según González Cameros, tiene mucho qué explicar al respecto.

“Yo no soy ministerio público, pero hace tres años que los masacraron y no les encontraron vínculos con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni con actividades ilícitas”, dijo textualmente.

Y agregó: “Ricardo Ornelas Saavedra, entonces director del Transporte, hoy de los CERESOS, (después de la balacera) me dijo que en el traslado de Armando Contreras por parte de la PEI de Vícam a Obregón, éste se agarraba la cabeza y repetía, eso no fue lo acordado”.

Incluso, el propio Ornelas me recomendó que en el paso a desnivel colocara una manta con letras rojas chorreadas hacia abajo (simulando sangre) que dijera “Eso no fue lo acordado: Armando Contreras”.

Reconoció que con estas declaraciones arriesga su vida y la de su familia, pero asegura tener compañeros enfermos, deprimidos, otros fallecidos, que han muerto en lucha.

Reveló que se habla de un fraude millonario que fue descubierto horas antes del triple crimen, el cual iban a denunciar a la ciudad de Hermosillo, con los resultados ya conocidos.

Manifestó que los recursos utilizados para la adquisición de los 665 camiones del SUBA para Sonora, provenían del Gobierno Federal y eran a fondo perdido, sin embargo, los obligaron a comprarlos a precios que consideraron altísimos.

Esto, más otros 57 millones de devoluciones del IVA por parte del SAT que nunca llegaron a los concesionarios, así como subsidios que el Gobierno Estatal en la administración de Eduardo Bours y Guillermo Padrés les llegaron y se quedaron en unas cuantas manos.


(DIARIO DEL YAQUI/ Luz del Carmen Paredes y Miguel Ángel Vega C./ 20 DE JUNIO 2015)

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