De acuerdo a
las leyes anti-lavado, estar en posesión de grandes sumas de dinero en
efectivo, conlleva la presunción de que el posesionario es narcotraficante.
Primero se le detiene sin investigación y, posteriormente, el afectado debe
probar su inocencia. En ese tenor, un empresario coahuilense fue encarcelado en
Mexicali, abogados y familia han insistido en su inocencia, pero sigue preso y
el dinero, requisado
La mañana del sábado
9 de mayo de 2015, un grupo de agentes federales llegaron hasta la casa marcada
con el número 1037 de la calle Jacarandas, en el fraccionamiento Los Pinos, en
Mexicali. Portaban una orden de cateo y llegaron buscando droga. Según la versión
del empresario detenido en el operativo, también le preguntaron “por el
dinero”.
Al revisar la
residencia localizaron dos cajas fuertes empotradas en el piso. Sobresalían
varios documentos, pero también muchos billetes en efectivo, dólares y pesos. En
total había 7 millones 381 mil pesos y un millón 249 mil 150 dólares en
efectivo. Al tipo de cambio actual, unos y otros sumarian alrededor de 25
millones de pesos.
Ahí fue detenido
-como posesionario del dinero- Ignacio Chacón Cuéllar, un empresario residente
de Coahuila con familia en Mexicali al que acusaron de violar la Ley de
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
mejor conocida como Ley Anti-lavado de Dinero.
Chacón Cuéllar es
propietario de terrenos en Coahuila, un hotel campestre, empresario en diversas
ramas, productor vitivinícola, de nueces y almendras de exportación y ha
insistido en que ese dinero no es producto de actividades ilícitas; además,
argumenta haber recibido 30 millones de pesos como “donación” -así le llaman
técnicamente- como albacea en la herencia familiar recibida de su padre, un
conocido médico mexicalense ya fallecido.
Aparte de la
detención del empresario, las autoridades federales confiscaron la casa -donde
asegura la familia, viven la mamá, hermana y sobrinos de Chacón- y, por
supuesto, el dinero en efectivo.
Los abogados del
empresario muestran copias de la entrega formal de la herencia, del pago de
impuestos, de estados de cuentas bancarias. Cuestionan el irregular
procedimiento del cateo y la presentación de testigos falsos. Por lo pronto, en
el transcurso de esta semana lograron un amparo provisional a través del cual
recuperaron la casa familiar.
Desde la
Procuraduría General de la República –donde declinaron una entrevista-, extraoficialmente
argumentaron que a la fecha, Ignacio Chacón no han podido comprobar la
procedencia lícita de todo el dinero.
Del amparo
refirieron: “Es una suspensión provisional” que no está desestimando el caso,
en el mismo expediente la autoridad lo menciona como “presunto”, que es el
mismo estatus que presentó la PGR.
Reconocieron
que presentó una donación del 26 de
abril de 2013, la valuación inmobiliaria de la casa y otras propiedades, pero
como no ha acreditado la procedencia lícita de toda la cantidad asegurada -lo
que podría hacer con las declaraciones patrimoniales anuales que
ampararan- el juez no ha dictado la
libertad.
Por su parte, el
abogado y experto fiscalista Reginaldo Esquer, ex líder empresarial en
Mexicali, sostiene que este tipo de medidas implementadas desde el gobierno
central – bajo la premisa de combatir el blanqueo y la evasión fiscal- se han
convertido en un obstáculo en esta frontera
para algunas actividades empresariales perfectamente licitas, ya que
limitan y hasta restringen el uso de dólares en efectivo.
Por lo pronto el
empresario sigue en la cárcel y los billetes retenidos.
“Es una situación muy delicada, hay gente muy
preocupada porque también manejan cantidades en efectivo”, refiere el abogado
Elías Flores Gallegos en alusión a que en México no es ilegal tener dinero bajo
el colchón.
“No es ilegal”
reconocieron en la PGR, pero insisten: “Debes poder acreditar su legal
procedencia”.
INCONGRUENCIAS
De acuerdo a los
datos incluidos en la causa penal 55/2015, todo inició a raíz de una llamada
anónima recibida en la PGR donde se denunció que en un domicilio del
fraccionamiento Los Pinos -Jacarandas número 1037- vendían drogas. Dos agentes
federales asignados al caso –y que así lo expusieron en su declaración-
precisaron que al lugar llegaron dos sujetos, tocan la puerta, sale un hombre,
intercambian palabras y luego dinero por droga.
De acuerdo a esa versión, los policías siguen a los dos tipos, los
detienen más adelante y le encuentran a cada uno un envoltorio con cocaína, exponiendo
éstos que los compraron a 100 pesos cada paquete.
En base a esas dos
testimoniales, se giró la orden de cateo que Ignacio Chacón atendió sin
resistencia, cuando le preguntaron por dinero incluso les abrió las cajas
fuertes.
Estaba en Mexicali,
procedente de Parras, Coahuila, para pasar el 10 de mayo en plan familiar
con su madre, su hermana y dos hijos
menores de esta última.
Todos fueron
trasladados a las instalaciones de la PGR, confiscada la casa y el dinero;
Chacón Cuéllar fue consignado por el delito de operaciones con recurso de
procedencia ilícita, aunque al momento de dictar el auto de formal prisión, el
Juez Sexto de Distrito lo reclasificó como posesión de recursos de procedencia
ilícita.
De acuerdo a su
abogado, Elías Flores Gallegos, el empresario mostró ante el Ministerio Publico
las pruebas de que en 2008 su madre recibió de su esposo, el doctor Mario
Chacón -ya fallecido-, una “donación” por 34 millones de pesos, aparte de una
serie de bienes en Mexicali y en Coahuila, de los cuales Ignacio Chacón funge
como albacea del testamento. La donación fue ratificada ante notario.
“Todo eso se exhibió
al Juzgado, pero no fue tomado en cuenta”, expone el abogado, y amplía el
señalar que dentro del término también se aportaron estados de cuenta
bancarios, declaraciones de impuestos, reimpresiones de facturas que en su
conjunto suman más de 60 millones de ingresos en los últimos tres años.
El abogado sostiene
que es común que algunos empresarios prefieran guardar su dinero en efectivo.
“No tienes idea de cuanta gente nos ha contactado y que están metidos en el
mismo problema”, refiere Flores Gallegos. De acuerdo al abogado, desde el
Juzgado de Distrito pretenden que se acredite que ese dinero son los mismos
billetes que se recibieron como herencia.
“El Ministerio
Público es la autoridad investigadora, tendría que haber hecho una
investigación previa en la cual determina que ese dinero es realmente de
procedencia ilícita, de otra manera, se presume, es al revés”, comenta Flores,
mientras que otro de los abogados tercia: “Lo único que tiene el Ministerio
Público, es que encontró dinero”.
Entre otras cosas,
comentan que en el cateo detectaron varias irregularidades, como lo estipulado
en el Artículo 16 constitucional, ya que ahí se marca que el cateado tiene el
derecho de designar dos testigos -derecho que no tuvo-.
Aparte se investigó
a los testigos, Manuel Cázares Pozo y Rodolfo Almaguer Gallego, ambos de oficio
albañil y originarios de Culiacán, Sinaloa. Pero al tratar de localizarlos para
llamarlos a los careos, resultó que el
Registro Civil de Sinaloa expidió dos constancias de inexistencia. Trataron
de localizarlos a nivel federal -por
medio de CURP-, pero tampoco hubo datos.
El abogado refiere
que estos datos no los tenían en el lapso en el cual el juez expuso el auto de
formal prisión, pero ahora los han aportado ante el Tribunal Unitario donde
están apelando la decisión. La tesis es que se trata de testigos inexistentes.
“Toda la estructura
de la averiguación previa está basada en la declaración de dos supuestos
compradores de droga, los cuales ya tenemos acreditado que no existen”, refiere
Flores Gallegos, quien considera alarmante que los ciudadanos estemos expuestos
a que por un invento de las autoridades, se obligue a probar la procedencia
legal de un recurso.
JUSTOS POR PECADORES
“El gobierno fijó su
atención en el efectivo como una medida, un parámetro que pudiera relacionar
con los cárteles de las drogas, con actividades ilícitas, y también ese tema
siempre se asocia con la vinculación a actividades licitas, pero que no pagan
impuestos”, expresa por su parte el abogado especializado en Derecho Fiscal,
Reginaldo Esquer.
“Bajo esta
perspectiva y con esa presunción, el Gobierno Federal empezó a generar muchas
regulaciones, pero lo que siempre ha puesto en la mesa, es la presunción de
actividades ilícitas”, comenta Esquer, quien ha fungido como dirigente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Mexicali, además del
Consejo Coordinador Empresarial a nivel local y estatal.
Para el abogado y
fiscalista, existe otro factor subyacente, no explícito, que es el relativo al
pago de impuestos, también bajo la presunción de que quien posee dinero en
efectivo, no está pagando impuestos por esas cantidades.
Pero, aunque con
estas medidas se busque perseguir a quienes realizan actividades
delincuenciales, hay personas que llevan a cabo actividades lícitas y obtienen
efectivo por las mismas, que pagan impuestos pero que por la sola posesión de
dinero en efectivo, de acuerdo a esas leyes, les permite a la autoridad
“presumir” que puedan estar vinculados ilícitas.
“Esto quiere decir
que la Ley es imperfecta, en el sentido de que pagan justos por pecadores”,
expone el abogado fiscalista en alusión a que la Ley no contiene de manera muy
clara qué es lo que sucede cuando una persona con actividad lícita obtiene
dinero en efectivo, lo declara y paga impuestos. Menciona ejemplos, como un
mercado, farmacias y hasta tianguis y mercados sobre ruedas que perciben dinero
en efectivo.
Aparte, el problema
se agrava cuando el efectivo son dólares, dado que la presunción de vinculación
al crimen organizado se triplica, se hace más severa.
”Con el decreto de
control de cambios, que el Gobierno Federal prometió liberar en la frontera y
que hasta la fecha no ha sido realidad, metieron en aprietos a miles de
empresas que en la frontera reciben muchos dólares en efectivo, que pagan en
efectivo y ahora resulta que esos que obtienen el dinero legítimamente, están
limitados a depositar en los bancos, dado que estos no les reciben más de 12
mil, 15 dólares al mes”, refiere Esquer,
lo que obliga a estos empresarios a resguardar esas cantidades en alguna parte,
lo que no significa que no los estén declarando.
A ello se suma que
del lado norteamericano, a todo el que deposita a lo largo de la frontera sur
de Estados Unidos en dólares, les cancelan las cuentas, debido a los acuerdos
bilaterales para proteger la frontera del flujo financiero en dólares.
“Nuestra legislación
y los acuerdos que tienen con Estados Unidos, a mi juicio, para el común
denominador de la población, la afectaron mucho y a los grandes capos, con
actividades ilícitas y operaciones millonarias, a ellos no los ven…”.
Según el
abogado, esta situación ha obligado a
muchas empresas -con el peligro que esto implica- a tener que estar
resguardando en casas u otros lugares, el efectivo mientras tengan la
oportunidad de poderlo depositar.
“Si no lo tienes
todo bien documentado, desafortunadamente, a cómo está la Ley, eres el
equivalente a un narcotraficante, lo cual es absurdo”, sintetiza Reginaldo
Esquer, quien reconoce que hay un mercado lícito que opera en efectivo, pero
dado que el gobierno no sabe diferenciar entre uno y otro, corta parejo.
Por todo eso,
considera que debe haber excepciones a la regla.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro Cordero /
08 de Junio del 2015 a las 17:43:24)
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