La balacera
en Jalisco, en la que murieron policías federales, desnudó la debilidad
institucional de la Gendarmería Nacional que apoyaría a las entidades. Nació
prematuramente, incompleta y no tiene buenos resultados a ocho meses de su
creación, opinan expertos. Gendarmes son hospedados en hoteles y algunas de sus
unidades no tienen sistema de comunicación, critican entrevistados. En
Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, no disminuyó la violencia
Los cinco féretros
de agentes federales que sirvieron al Estado mexicano cubiertos con la Bandera
Nacional, nuevas balaceras en diversas entidades y el repunte de algunos
indicadores delictivos en el país, muestran que las políticas de seguridad no
son tan efectivas como las autoridades presumen.
Con su vida pagaron
el precio de enfrentar a la delincuencia organizada en el Estado de Jalisco,
cinco elementos de la flamante Gendarmería Nacional, el programa policial
“estrella” del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Agentes que fueron
formados para brindar seguridad ciudadana están combatiendo con criminales de
“ligas mayores”.
Otros siete
elementos de la corporación federal de reciente creación, quienes resultaron
lesionados en la feroz balacera registrada la noche del 19 de marzo en el
municipio de Ocotlán, Jalisco, ya fueron dados de alta médica, pero las huellas
de la batalla quedaron en su cuerpo.
La primera terrible
experiencia para los policías novatos que en los ocho meses que tienen en
funciones han andado de un lugar a otro, como nómadas, durmiendo en hoteles
citadinos o carreteros, debido a que el tan anunciado programa nació
prematuramente e incompleto.
Los éxitos de la
Gendarmería Nacional se limitan a la cobertura de eventos de alta concentración
masiva y el apoyo en emergencias, como en los casos del huracán “Odile” en Los
Cabos, donde se restableció el orden tras los actos de rapiña y en el Hospital
de Cuajimalpa, en labores de rescate y cordón de seguridad.
De las “medallas”
que se han colgado los gendarmes, escasamente se recuerdan acciones como la del
rescate de nueve guatemaltecos víctimas de tratantes de personas en septiembre
de 2014, la detención de diez policías municipales de Iguala en enero de este
año, y la captura de dos presuntos narcotraficantes del Cártel de la Sierra en
Guerrero, el 18 de febrero último.
Entre las acciones
poco afortunadas de los miembros de la Gendarmería está la criticada revisión
con cacheo a menores de edad durante la noche del “Grito” de Independencia en
el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre pasado; y el robo de su
arma de cargo, dinero y una tableta electrónica a una mujer operativa de esa
corporación policial que resguardaba el aeropuerto de Acapulco el 10 de febrero
reciente.
UN NACIMIENTO IMPERFECTO
Con altas
expectativas se apresuró el lanzamiento de la Gendarmería Nacional, proyecto
que contemplaba un cuerpo de seguridad fortalecido con 40 mil elementos y que
dio sus primeros pasos el 22 de agosto de 2014, con solo cinco mil efectivos;
es decir, el 12.5 por ciento de lo planeado. “Se trata de una primera etapa”,
justificaron los funcionarios.
Durante la
presentación, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que la Gendarmería
representaba un nuevo modelo policíaco por su formación militar, su cercanía
con la sociedad y despliegue itinerante que iniciaría operaciones
inmediatamente en zonas con mayor debilitamiento institucional.
Lo que se había
planeado como una gran corporación élite de seguridad, pasó a ser una simple
división más de la Policía Federal. Iban a apoyar donde no hubiese policías o
serían desplegados temporalmente “por criterios de incidencia delictiva e
indicadores socioeconómicos”, según el comisionado nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido.
Cinco mil elementos,
significan apenas el 1.13 por ciento de los 440 mil efectivos policiales que
tiene México en los tres niveles de gobierno. O sea, casi nada. Y así, el
anunciado “nuevo capítulo en la historia del país” inició con el envío de
gendarmes federales a Valle de Bravo, en el Estado de México, cinco días
después del anuncio presidencial.
A principios de
septiembre fueron enviados los agentes a otras entidades que presentaban el
mencionado “debilitamiento institucional”: Baja California, Chiapas,
Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. El resquemor y las críticas a los gobiernos
de esos estados no tardaron en llegar por académicos y políticos de oposición.
Cuando mucho se
podía enviar a 300 elementos por estado. En Michoacán, el entonces comisionado
para la Seguridad, Alfredo Castillo, aseguró que ahí no eran necesarios los
nuevos policías; sin embargo, semanas después, la Comisión Nacional de
Seguridad envío un grupo para fortalecer la búsqueda de Servando Gómez Martínez
“La Tuta”, líder de la organización Los Caballeros Templarios. Del lado de
Jalisco recababan datos del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las órdenes para la
Gendarmería variaron de repente. A la misión de brindar seguridad ciudadana y
proteger los ciclos productivos en el país, se agregó fuera de protocolo el
apoyar las tareas en contra del crimen organizado. Sin embargo, apenas
empezaban labores en un lugar y les ordenaban trasladarse a otro. Así ocurrió
en septiembre con la llegada del huracán “Odile” a Baja California Sur, luego
el desfile cívico militar donde tuvieron que participar y los trágicos hechos
de Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa.
NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ
En tanto una partida
de aproximadamente 300 elementos de la Gendarmería encontraron estabilidad en
Jalisco, hospedándose en el Hotel Posada Guadalajara, en la Avenida López
Mateos de esa ciudad, donde la mayoría de unidades policiales están
permanentemente estacionadas, en otros estados los movieron con frecuencia.
Tras los hechos de
Iguala, las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en ese
municipio guerrerense. A los gendarmes les encomendaron el patrullaje en la
ciudad, realizar la búsqueda de los normalistas desaparecidos en cerros, cuevas
y el Río San Juan de Cocula, y después, se les ordenó custodiar a los
familiares de las víctimas de la desaparición forzada.
Las alertas de
conflictos violentos obligaron al traslado de tropas a Michoacán y San Luis
Potosí, así como a reforzar las que ya estaban en Tamaulipas. La inseguridad se
apoderó del puerto de Acapulco, adonde fue enviado otro grupo de gendarmes para
inyectar confianza en los habitantes y sobre todo, en los planteles escolares
asediados por la delincuencia.
De poco funcionó la
presencia de la más novel división de la Policía Federal en esos lugares. La
violencia no cesó y en algunas ciudades como Acapulco, los hechos sangrientos
incrementaron. Más de 70 asesinatos a menos de dos meses del arribo de la
Gendarmería Nacional al punto turístico.
En Michoacán, el 16
de diciembre de 2014 se registró una brutal balacera en Buena Vista Tomatlán
(La Ruana), al enfrentarse dos grupos de ex autodefensas. Uno encabezado por
Hipólito Mora y el otro por Luis Antonio Torres “El Americano”. La Gendarmería
solo atestiguó los hechos sin intervenir, aunque algunos ex policías
comunitarios aseguran que los gendarmes les dispararon y habrían matado a
alguna de las once víctimas fatales, entre ellas Manuel Mora, hijo de Hipólito.
Los guardianes del
orden fueron reubicados para el operativo de seguridad navideña y, en enero del
presente año, regresaron a las escuelas de Acapulco. En el mismo mes se
terminaron algunas comisiones, entre ellas la de cuidar a los padres y
familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. En Tamaulipas recogieron sus
cosas y se retiraron. Tras la explosión en el Hospital de Cuajimalpa el 29 de
enero en la Ciudad de México, fueron enviados casi 200 elementos al apoyo.
Las actividades
criminales que tienen sitiado al Estado de Tamaulipas motivaron el regreso de
la Gendarmería el 7 de febrero y, a mediados de marzo, se les requirió para
auxiliar la cobertura de seguridad de la Convención Nacional Bancaria en
Acapulco, con 200 efectivos y 90 patrullas.
LA BALACERA DE OCOTLÁN
Mientras que en
Guadalajara se tiene a un buen número de elementos en el ocio del hotel,
cuidando sus vehículos y la puerta de su sitio de descanso, aburridos viendo
pasar carros y personas, en la Región Ciénega, limítrofe de Jalisco con
Michoacán, la noche del 19 de marzo se registró una emboscada.
Presuntos miembros
del Cártel Jalisco Nueva Generación que tenían medida la presencia de un grupo
de gendarmes en la zona de Ocotlán, provocaron su asistencia al desapoderar a
unos policías municipales de sus armas de cargo. Los agentes federales que
viajaban en siete unidades mordieron el anzuelo y fueron en su búsqueda.
En calles de la
colonia San Juan, los sicarios que estaban a bordo de unos diez automotores
abrieron fuego inmisericordemente en contra de los servidores públicos
iniciándose un enfrentamiento que duró poco menos de media hora. Al terminar el
tiroteo el saldo fue abrumador: once muertos, cinco de ellos de la Gendarmería
Nacional, cuatro personas ajenas a los hechos -entre ellos una mujer y un
menor- y dos de los supuestos delincuentes.
En la escena del
crimen, las autoridades contaron más de dos mil casquillos de armas de los
calibres .223, nueve milímetros, 7.62 X 39, entre muchos otros utilizados por
los narcotraficantes del CJNG.
Se reportaron daños
en 31 viviendas impactadas por proyectiles de arma de fuego y 29 vehículos,
siete de ellos, patrullas de los agredidos gendarmes federales, tres de los
delincuentes y el resto de los vecinos de la zona.
Policías aseguraron
diez armas de fuego cortas y 18 armas largas, dos granadas de fragmentación del
tipo MK2 y M67, además de los cascos de dos granadas calibre 40 que detonaron
elementos especializados que apoyaron a los federales por parte de la Fiscalía
General de Jalisco.
Aunque la Fiscalía
General del Estado inició el acta ministerial y ordenó las primeras pesquisas a
peritos forenses y policías investigadores, la Procuraduría General de la
República atrajo el asunto para realizar el resto de las investigaciones. A
varios días de distancia del suceso, poco se ha avanzado.
La región donde
ocurrió la balacera es la misma donde hace poco más de un año fueron
localizados 74 cuerpos inhumados en fosas clandestinas en el municipio de La
Barca, luego de que dos agentes federales fueran privados de su libertad en
Michoacán por policías municipales de Vista Hermosa y sicarios del Cártel
Jalisco Nueva Generación.
Los expertos opinan
Guillermo Zepeda
Lecuona, profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO) y profesional asociado del Centro de
Investigación para el Desarrollo (CIDAC), lamentó que en el caso de la
Gendarmería Nacional “todavía no se desarrolla todo el potencial que se había
anunciado y pues no se ha logrado incorporar plenamente las labores de
inteligencia policial para el combate efectivo y estratégico del crimen organizado”.
El académico estima
que en el caso de la pomposa corporación se hizo un cambio semántico, se le
dotó de una nueva denominación, pero “lamentablemente no se cambian las
cuestiones de fondo y la operación policial que cumpla con reducir los ámbitos
de criminalidad”. A pesar de que se ha mejorado el perfil de los miembros de
las corporaciones, aún hay evidencia de abusos y de corrupción, señaló el
entrevistado.
Por su parte, el
investigador Fernando Espinoza de los Monteros asegura que “aceleraron la
creación de la Gendarmería y está costando muchísimo al erario, pero además,
sin resultados. No tenemos resultados de eficiencia como se había dicho que se
iban a tener y las funciones que se les están asignando no se están cumpliendo.
Es igual que la Fuerza Única en el Estado de Jalisco ¿Cuáles son sus
resultados? Ninguno”.
El abogado de
profesión criticó el gasto que se hace en hospedar policías federales en
hoteles, en vez de tener sus propios cuarteles. “Los tenemos aquí en el Hotel
Posada Guadalajara con un montón de patrullas, pero al momento que fueron
requeridos en Ocotlán, los emboscaron y les ganaron la batalla”, aseveró.
“Vemos que la
Policía, ni técnicamente está bien organizada. Aunque tengan las mejores armas,
no están organizados. Recibí información que incluso algunas de las patrullas
no tienen sistema de comunicación. Entonces los mandan a la guerra sin fusil.
Creo que está mal concebida esa Gendarmería y ya está teniendo resultados, pero
resultados negativos, porque no está respondiendo a las expectativas”, concluyó
Espinoza de los Monteros.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA /
31 de Marzo del 2015 a las 06:12:07)
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