Raymudno Riva
Palacio
Tlatlaya se
encuentra en la esquina del sur del Estado de México, en la frontera con
Guerrero. Este municipio que no llega a los 33 mil habitantes, sería
desconocido para muchos de no haber sido que la madrugada del 30 de junio, un
grupo de militares del 102º Batallón de Infantería ajustició a 22 personas. Los
detalles de cómo sucedió han quedado resueltos por la versión de la PGR, que
alega que tres de ellos utilizaron “indebidamente” la fuerza y mataron a un
grupo de jóvenes armados que, al ser descubiertos por los militares, se
escondieron en una bodega desde donde les empezaron a disparar. Los soldados
son procesados por sus actos, pero esto no puede ser el punto final, sino el
punto de partida para entender cómo se prestaron las instituciones a crear santuarios
del crimen organizado en Tierra Caliente.
Tlatlaya no es un
accidente del Ejército, ni es un municipio donde la delincuencia es coyuntural.
Todo lo contrario. Su historia reciente demuestra cómo el Gobierno abandonó
algunas regiones del país y permitió que las instituciones responsables de
evitar que las cosas se pudrieran, se contaminaron por abandono, negligencia,
impotencia, complicidad, corrupción, o por cualquier otro factor con el que se
quiera describir cómo se entregó el destino regional a criminales. El mapa de
la debacle institucional lo tiene la PGR. Se lo proporcionó José María Chávez
Magaña, apodado “El Pony”, pero poco se ha hecho.
Chávez Magaña fue
detenido por un comando de la Marina en junio, horas después de la matanza en
Tlatlaya. “El Pony” era el jefe de “La Familia Michoacana” en el Estado de
México, y se le adjudican cuando menos 50 asesinatos, aunque él declaró ser
responsable del crimen de más de 200 personas. La numeralia es, pese al horror
de la cifra, lo menos relevante. Lo que “El Pony” reveló a la PGR el recuento
de la negligencia que por años se ha tenido en la lucha contra la delincuencia
organizada.
Chávez Magaña, como
muchos michoacanos, se fue a probar suerte a California en los 80’s, pero lo
atraparon vendiendo droga. En 1989 lo deportaron a México, y fue enviado a
Uruapan, donde estuvo preso hasta 2005. Ahí conoció al jefe de la plaza de
Zitácuaro, Hilario López Morales, quien cuando recuperaron la libertad, lo
llevó con José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, uno de los dos jefes
máximos de “La Familia Michoacana”. Al poco tiempo lo hizo responsable de la
plaza de Ecatepec, en el estado de México, donde impidió que el cártel de los
hermanos Beltrán Leyva entrara al negocio. Como premio, lo enviaron a una zona
de Tierra Caliente, a cargo de cinco municipios, incluido Tlatlaya.
“El Pony” nombró a
sus comandantes de plaza, y dejó en Tlatlaya a Leobardo Villegas Flores, “El
Sierreño”, y en Amatepec a un joven que hoy es uno de los jefes criminales en
Tierra Caliente, Johnny Hurtado Olascoaga, “El Fish”. “La Familia Michoacana”,
como sucedió con todos los cárteles mexicanos entre 2008 y 2011, se dividieron
y establecieron nuevas alianzas. El deterioro se aceleró tras la captura de “El
Chango Méndez” en junio de 2011, cuyo heredero Antonio Méndez Vargas, su
hermano, chocó con “El Pony”, quien hizo un pacto con Mario Casarrubias, “El
Sapo Guapo”, uno de los fundadores de la banda Guerreros Unidos que, a su vez,
surgió tras la ruptura del cártel de los Beltrán Leyva en 2009.
Chávez Magaña se
convirtió en el jefe de “La Familia Michoacana” fuera de ese estado. A “El
Sierreño” le encargó todo el Estado de México, y a “El Fish” lo nombró jefe en
una región de Guerrero y el Estado de México. En esa zona, reveló a la PGR, “El
Fish” controlaba a los políticos y las policías de Teloloapan, Apaxtla de
Castrejón, Cuetzala del Progreso, Balsas, Acapetlahuaya, Tlalchapa y Ametepec.
Bajo su control tenía también al alcalde de Arcelia y al líder de la CTM, que
proporcionaba transportes para el tráfico de droga.
Pero “La Familia
Michoacana” también empezó a fracturarse, y el hermano de “El Fish”, José
Alfredo, apodado “El Fresa”, negoció una alianza con el cártel Jalisco Nueva
Generación, que al entrar a Tierra Caliente, propició la salida de la
organización de Chávez Magaña, por viejos problemas con su líder, Nemesio
Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Hurtado Olascoaga tomó el control del cártel y
amplió el abanico de delitos. Su organización es la responsable del alza de los
secuestros en Valle de Bravo el año pasado, cuya base se encuentra en Arcelia,
de donde también era una buena parte de los abatidos en Tlatlaya.
La historia de “El
Pony” no podría haber sido tan redituable para “La Familia Michoacana” de no
haber contado con protección institucional. Para esto, le dijo a la PGR, cada
mes tenía una partida para “relaciones públicas”, el eufemismo que utilizaba
para el pago a policías federales, municipales y agentes ministeriales en el
Estado de México y la zona de Tierra Caliente en Guerrero. Eran 12 millones de
pesos mensuales, que les permitieron operar años sin ser molestados. Cómo
sucedió todo esto, es una pregunta sin responder. Por qué no se ha actuado, con
toda esa información en la PGR desde hace meses, es la gran duda sobre la
capacidad judicial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y sobre su
voluntad política para combatir, efectivamente, al crimen organizado en este
país.
(ZOCALO/
COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 19 DE ENERO 2015)
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