lunes, 12 de mayo de 2014

EN ILEGALIDAD CASINO CENTRAL DE CIUDAD OBREGÓN

c20 c20El presidente municipal no ha cerrado el centro de apuestas a pesar de no contar con los permisos necesarios

A pesar de no contar con los permisos correspondientes y de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió, desde el 31 de octubre de 2013, revocar la sentencia emitida por la juez octavo de Distrito, María del Rosario Alcántara, el Casino Central continúa funcionando en ilegalidad bajo la protección del Ayuntamiento y del presidente municipal, Rogelio Díaz Brown.

De acuerdo a lo estipulado en los artículos Tercero y Décimo Cuarto del Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para operar un casino se tiene que contar con la anuencia del Ayuntamiento, misma que fue negada desde enero de 2012 por la entonces administración panista.

“Para la realización o funcionamiento de todo centro de diversión con los fines precisados dentro del Municipio de Cajeme, previa comprobación de la obtención de licencias o permisos estatales o federales en los casos que así lo requieran las leyes o reglamentos respectivos, se requiere permiso de la Autoridad Municipal en los términos de este Reglamento”.

Aún sin el documento, dicho centro empezó a funcionar el 2 de febrero de 2012 y días después, al no contar con la anuencia del Municipio, fue cerrado por el Ayuntamiento, sin embargo, los operadores del Casino Central interpusieron un recurso de amparo y lograron reabrirlo el 24 de febrero de 2012.

Esto gracias al amparo 109/2012-II concedido por la jueza octava de Distrito, María del Rosario Alcántara, en febrero; cabe destacar que la misma juez, otorgó un segundo amparo el 12 de septiembre de 2012, un par de días antes del cambio de administración.

En ese momento y tomando atribuciones que no le corresponden, María del Rosario Alcántara dio carácter de anuencia a una carta de no inconveniencia que había sido emitida el 14 de julio de 2010.
Cabe destacar que la carta de no inconveniencia hacía referencia a el compromiso de los dueños y operadores del casino de edificar un centro comercial alrededor con tiendas de conveniencia, cosa que hasta la fecha no ha sido cumplida.

Algo que llama la atención es que, una vez que la jueza María del Rosario Alcántara equivocadamente dio a la carta de no inconveniencia carácter de anuencia, el Ayuntamiento de Cajeme tenía la atribución de interponer un recurso de revisión pero, por motivos que se desconocen, la administración priísta de Rogelio Díaz Brown decidió no hacerlo y dejar operar el casino.

Sin embargo, al analizar el caso bajo el expediente 276/2013, el Tribunal Colegiado de Distrito resolvió que la decisión tomada por la jueza no es la correcta y que la carta de no inconveniencia no es de alguna manera una anuencia.

Así, con fecha 31 de octubre de 2013, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, emitió resolución en la que resolvió revocar la sentencia emitida por la juez octavo de Distrito y sobreseer el juicio de garantías, en virtud de que el juicio de amparo no tiene el alcance, como maliciosamente lo realizó la juez octavo de Distrito, de obligar a la autoridad que reconozca o desconozca algún tipo de anuencias para operar algún tipo de negocio; pues lo contrario, sería convertir al juicio de amparo en un juicio de reconocimiento de documentos, lo cual es jurídicamente insostenible al tratarse del juicio de garantías.

Lo anterior significa que la operación del Casino Central no es legal y se está trabajando fuera de la ley desde que se vencieron los últimos recursos de amparo, en octubre de 2013, sin embargo, seis meses después, el Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida al respecto.

La operación ilegal del Casino Central sin duda alguna choca con la postura del Gobierno Federal y las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que “ya no hay casinos ilegales en México”.

Cabe destacar que en lo que va de la actual administración federal, el Gobierno del presidente Peña Nieto ha cerrado alrededor de 40 casinos en elpPaís, pero, no es el caso del Casino Central, que opera en total ilegalidad, agotados sus recursos de amparo y con impunidad desde enero de 2013.
 
(DIARIO DEL YAQUI/ Redacción /  Lunes, 12 Mayo 2014 01:08) 

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