Ahora
que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar la impresión de que
ya logró controlar la situación en Michoacán con la legalización de los
grupos de autodefensa ciudadana, existe otra parte del problema que ha
sido evadida por las profundas complicaciones que tiene. Se trata de los
vínculos de la clase política michoacana con las bandas del crimen
organizado.
A lo largo de los
últimos años ha habido muestras y denuncias de la vinculación de
personajes políticos del PRI, PAN y PRD con la Familia Michoacana y los
Caballeros Templarios. Ninguna de estas acusaciones ha sido atendida.
Cabe recordar ahora cuatro casos recientes y emblemáticos.
En junio de 2011, Luisa María Calderón,
hermana del entonces presidente Felipe Calderón, se vio involucrada en
el caso de José de Jesús Méndez Vargas, el “Chango”, quien fue detenido
en Aguascalientes, acusado de ser uno de los líderes de los Templarios.
Los hijos de ambos eran compañeros de escuela y ante la posibilidad de
repercusiones en contra del sobrino del primer mandatario se dio una
especie de protección a la familia del narcotraficante.
Este hecho tendría consecuencias en las
elecciones a gobernador de Michoacán, pues a “Cocoa”, como se le conoce a
María Luisa Calderón, fue amenazada por los Caballeros Templarios
durante su campaña, lo mismo que varios de los candidatos a presidencias
municipales del PAN. La hoy senadora acusó al candidato del PRI, Fausto
Vallejo, de recibir favores de este grupo del crimen organizado.
Otro caso lo vemos en el PRD. En el
2009, como parte del operativo conocido popularmente como “Michoacanazo”
salió a la luz pública las relaciones de Julio César Godoy Toscano,
medio hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, con Servando Gómez,
la “Tuta”, líder y fundador de los Caballeros Templarios.
Julio César Godoy fue electo diputado
federal por el PRD y, escudado en el fuero, fue protegido y escondido
por compañeros de su partido en el recinto legislativo de San Lázaro
para que no fuera detenido por la policía federal, tras haberse
comprobado sus vínculos con la “Tuta”, a quien le decía “Padrino”. El
legislador perredista fue desaforado tras un juicio político, pero huyó y
sigue prófugo.
Los dos casos más recientes son los del
gobernador Fausto Vallejo y el secretario general de Gobierno Jesús
Reyna. Ambos del PRI.
El año pasado la senadora Calderón acusó
directamente a Fausto Vallejo de haber entregado Michoacán a los
Caballeros Templarios.
Afirmó que el secretario ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán, Armando Ballinas
Mayés, negoció el triunfo del gobernador con el crimen organizado.
También participaron en esas negociaciones los funcionarios José
Trinidad Martínez Pasalagua y Guillermo Valencia Reyes.
De acuerdo con la senadora panista, los
tres funcionarios mencionados sostuvieron en noviembre de 2011 una
reunión con los líderes de los Templarios en el rancho Las Cruces,
ubicado en el Municipio michoacano de Tumbiscapio.
A esa misma reunión, en la que estuvo la
“Tuta”, habría acudido Jesús Reyna, exgobernador interino y actual
secretario de Gobierno. Las versiones que suenan en Michoacán dicen que
la esposa de Jesús Reyna es cuñada de Servando Gómez, la “Tuta”.
Hay más casos de estas relaciones de los
gobernantes michoacanos con el crimen organizado. Uno de ellos es el
del presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, sobrino de
Nazario Moreno, el “Chayo”, líder de los Caballeros Templarios,
presuntamente muerto en 2010.
Los vínculos del crimen organizado con
la clase política michoacana tienen profundas y extensas raíces y esto
no está incluido en la estrategia del Gobierno de Enrique Peña Nieto
para pacificar el estado. Se trata de un descuido intencional que si no
se atiende y se enfrenta, el conflicto en esta entidad no será resuelto
pues ya no se trata de casos de corrupción sino de la unificación del
poder del narco con el poder político y la construcción de un Gobierno
del crimen organizado.
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