En
la casa real española están prendidas las alarmas: una de sus
integrantes, la infanta Cristina, deberá comparecer ante un juez,
acusada de fraude y lavado de dinero. El gobierno de Mariano Rajoy está
nervioso y ha empezado a mover los hilos para defender lo aparentemente
indefendible. El despropósito es tan grande que incluso el fiscal
anticorrupción ha salido en defensa… de la imputada. Lejos quedaron los
tiempos en los que Juan Carlos I dijo: “La justicia es igual para
todos”.
MADRID (Proceso).- En su mensaje de Navidad de 2011
el rey Juan Carlos I advirtió: “La justicia es igual para todos” y “las
conductas censurables deben ser sancionadas”. Entonces no se podía saber
que un juez acusaría a la hija del monarca español, la infanta Cristina
de Borbón y Grecia, de fraude fiscal y lavado de dinero.
El
mensaje del rey –en el cual reclamó “ejemplaridad” a quienes tienen
responsabilidades públicas– obedecía a la presión judicial y el
creciente rechazo social tras conocerse la trama corrupta de su yerno
Iñaki Urdangarin, duque de Palma, imputado cinco días después, el 29 de
diciembre de 2011, por evasión de impuestos, fraude fiscal, falsedad
documental, prevaricación y malversación de fondos públicos al percibir
de los gobiernos valenciano y balear 6 millones de euros por sus
servicios, usando como instrumento el Instituto Nóos, una sociedad sin
fines de lucro (Proceso 1902 y 1906).
El jefe de la Casa Real,
Rafael Spottorno, reconoció en entrevista con la televisión pública que
los últimos tres años han sido “un martirio” para el monarca y su
familia.
Pero las encuestas arrojan otra cosa. Los españoles ven
un trato de favor para la hija del monarca. Un sondeo publicado por el
diario El Mundo el pasado 15 de enero revela que 90% de los consultados
cree que “la justicia no es igual para todos”, rechaza abrumadoramente a
la pareja (93% a Urdangarin y 64.8% a ella) y 83.4% critica a la casa
real por el manejo del caso. La encuesta refleja el rechazo a la
evidente utilización, por parte de la casa real y el gobierno de Mariano
Rajoy, de todos sus recursos para proteger a la hija del rey.
Pero
ni el rey ni Rajoy pudieron evitar que el juez de instrucción de Palma
de Mallorca, José Castro, obligara a la infanta a comparecer este sábado
8 para establecer su supuesta participación en la mecánica corrupta,
convirtiéndola en la primera integrante de la familia real española en
verse implicada en una investigación judicial.
Carlos Cruzado,
presidente del Sindicato de Técnicos de Gestión de Hacienda (Gestha),
critica la serie de actuaciones “inusuales” de la Agencia Tributaria con
informes ordenados por el magistrado, los cuales contradicen a otros
previos, en los que ya habían descubierto indicios de delito o en los
que se dan por válidas facturas falsas para librar del delito fiscal a
la infanta.
También condena la “inusual” actuación de la Fiscalía
Anticorrupción y de la Abogacía General del Estado por oponerse a cada
auto del juez Castro con el fin de exculpar a la hija del rey, cuando su
papel institucional debe ser el contrario: proteger a la Agencia
Tributaria de los delitos fiscales.
“Al margen del debate sobre
las tres facturas –por casi 70 mil euros– que la Agencia Tributaria está
dando por válidas para evitar llegar al monto de 120 mil euros de
defraudación fiscal (límite a partir del cual el fraude es delito), para
Gestha lo más preocupante es que un familiar de la más alta instancia
del país, la jefatura del Estado, pueda estar defraudando”, dice Cruzado
a este semanario.
Aunque Cruzado es cauteloso al referirse a las
presiones que se ejercen contra los peritos fiscales y otras instancias
involucradas, “porque desconozco la motivación”, recordó que sus
críticas a contradicciones específicas de la Agencia Tributaria y de los
peritos fiscales hicieron al fiscal anticorrupción, Pedro Horrach,
abrir diligencias en su contra, las cuales desestimó el juez Castro.
Caso Aizoom
El
poder del Estado español se dejó sentir después de la primera
imputación que Castro emitió contra la infanta, en abril de 2013, en
cuyo auto de 15 fojas veía elementos para implicar a Cristina de Borbón
en las operaciones sospechosas del Instituto Nóos.
Sin embargo
Horrach recurrió el auto del juez por considerar que “no existen
indicios” de la participación de la infanta en el caso Nóos, decisión
criticada por el sector de la abogacía, pues no es frecuente que el
fiscal defienda a la parte acusada. Pese a todo, el pasado 7 de mayo la
Audiencia Provincial de Baleares le dio la razón al fiscal
anticorrupción y suspendió la imputación de la infanta por decisión de
dos de los tres magistrados.
El despropósito llegó al grado de que
el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce –dependiente del
gobierno de Rajoy y jefe de Horrach–, se congratuló por esa decisión.
Pero
el beneplácito duró poco: el 14 de mayo el juez Castro ordenó a la
Agencia Tributaria una exhaustiva indagatoria sobre los delitos fiscales
y de lavado de dinero, pero ya no sólo sobre Nóos, sino sobre la
sociedad patrimonial Aizoon, propiedad a partes iguales de Urdangarin y
Cristina de Borbón.
El pasado 7 de enero Castro emitió un nuevo
auto de imputación de 227 folios, citando a la infanta para declarar el
próximo 8 de marzo, pues encontró vinculación en los movimientos
financieros de Nóos y de Aizoon en una simulación para cometer lo que
llamó “doble defraudación”.
Cruzado sostiene que la doble
defraudación a la cual alude el juez es porque se hicieron
transferencias de la fundación sin fines de lucro a la sociedad, y en
ésta se incluyeron gastos personales como deducibles de Aizoon.
La
defensa de Borbón –que consulta sus decisiones con la Casa del Rey–
encabezada por Miquel Roca –uno de los “padres de la Constitución
española”– decidió no impugnar la imputación para evitar la crítica
social, destacó que la infanta deseaba “colaborar con la justicia” y
solicitó adelantar la comparecencia para el sábado 8.
Para
abogados españoles consultados es poco común que un auto judicial para
imputar a alguien sea tan profuso como éste, pero entienden que el
magistrado haya sido tan meticuloso “y con una motivación jurídica
impecable”. “Tiene lógica que el juez haya documentado y motivado
técnica y jurídicamente cada elemento del caso”, agrega, a su vez, el
dirigente de los técnicos fiscales.
La investigación que repasa la
vida financiera y tributaria de la infanta encontró que Aizoon tenía
como domicilio fiscal el mismo de su familia, el palacete de Pedralbes,
en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, por lo cual los duques
de Palma cobraban “alquiler” a su propia empresa.
También que
destinaron fondos para rehabilitar el palacete de Pedralbes, como lo
confirmó a la policía de delitos económicos el arquitecto Marc Viader,
quien cobró 20 mil euros por sus servicios. Se documentó que por la
remodelación, la decoración y la instalación de muebles se facturaron
casi 2 millones de euros.
Para la fiesta de 40 años de Urdangarin
las bodegas Baigorri les facturaron 6 mil 600 euros por varias cajas de
vinos, y para la celebración se instalaron tres estufas en el jardín del
palacete y arreglos con globos.
La pareja gastó casi 60 mil euros
en boletos de avión y de tren entre 2006 y 2011, en restaurantes
dejaron cerca de 14 mil euros, en hoteles más de 10 mil euros, en tanto
que en joyas, libros y discos más de 8 mil euros, según se desprende de
los informes entregados al juez y que documenta el auto de imputación.
Cristina
pagó con cargo a Aizoon casi 7 mil euros para aprender a hablar en
público e Iñaki abonó 707 euros por cursos de merengue y salsa o más de
500 euros para “decoración de fiesta infantil” para uno de los hijos del
matrimonio, según el informe que desgrana cada factura.
Coincidiendo
con un viaje laboral a Mozambique, como responsable de Acción Social de
La Caixa, la infanta participó en un safari en Sudáfrica con seis
personas, utilizando una identidad falsa (aparecen como “familia Pep
Figueras”) con cargo a Aizoon (mil 323 euros), según la factura de la
empresa Guests Pestana Kruger Lodge.
El expediente también incluye
que el rey le transfirió a su hija 1.2 millones de euros en préstamo.
No se tiene claro si fue una donación, en cuyo caso tendría un carácter
fiscal distinto. Por ello uno de los puntos centrales es desentrañar si
la infanta era consciente de cómo su marido supuestamente blanqueó en
Aizoon el dinero que recibió por contratos públicos a través de Nóos, la
entidad sin fines de lucro.
Cruzado asegura que, con base en los
autos del juez, “Aizoom es parte de un entramado de sociedades creada
para defraudar, aunque el alegato de su defensa, de la fiscalía y de la
Abogacía del Estado es que sólo por ser propietaria de 50% de la
sociedad no la hace responsable de los presuntos delitos, pero existen
elementos interesantes, como el hecho de que ambos firman como
arrendadores y arrendatarios de la sede fiscal de su sociedad en la
propia residencia familiar.
“Hay un testimonio del notario que
participa en la constitución de Aizoom, que está en los autos del juez,
en el que declara que los asesores fiscales en su despacho le dijeron
que la infanta estaba ahí como ‘escudo fiscal’, es decir, es parte de la
sociedad para evitar que la Agencia Tributaria los persiguiera”, apunta
el dirigente de Gestha.
La Asociación de Jueces Francisco de
Vitoria difundió un comunicado en el cual criticó con dureza la
“intolerable y grosera campaña de desprestigio” de la fiscalía y algunos
medios contra el juez Castro.
La campaña, explica la asociación,
está plagada de “críticas vejatorias y ataques personales” al juez, y
deploran que el fiscal Horrach la haya secundado con su escrito, en el
cual acusa al juez de “conspirar” con el “silencio” del Consejo General
del Poder Judicial, al que insta a denunciar los hechos.
El largo brazo de Madrid
El
25 de enero dos técnicos fiscales autores de los informes sobre el
papel de la infanta y una inspectora de la Agencia Tributaria,
comparecieron en el juzgado, donde negaron que sean falsas las facturas
por casi 70 mil euros pagados al socio de Urdangarin, Diego Torres, por
una supuesta asesoría, pero reconocieron que son “simuladas” pues no
responden a servicio alguno.
El dirigente de Gestha dice que su
organización criticó “las actuaciones de los peritos fiscales por
admitir como deducibles tres facturas falsas, reconocidas en un informe
previo de la agencia, y utilizadas para comprobar un servicio de
consultoría que no se prestó. En cualquier otro procedimiento esas
facturas no se hubieran admitido como deducibles y en este caso se hace,
por eso hemos exigido que se aclare por qué se aceptaron. Es sencillo:
son deducibles o no lo son, en vez de hablar de facturas simuladas”.
La
agencia y la jurisprudencia asientan que para que sea deducible no solo
debe existir la factura, sino el hecho económico por el cual se está
pagando; de hecho la primera conclusión es que se trataba de una
distribución de beneficios en lugar de una supuesta prestación de
consultoría, explica.
En dicha comparecencia Castro cuestionó por
qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la infanta, un
asunto clave en la elaboración de los dictámenes de la Agencia
Tributaria, pues el procedimiento habitual es que los inspeccione la
delegación de Barcelona, donde viven los imputados.
Sin embargo Hacienda envió los informes a Madrid antes de entregarlos al juez.
La
pregunta provocó un duro choque con Horrach, quien insinuó que el juez
sugería que los informes se habían “cocinado” en las oficinas centrales
de Hacienda. Pero el magistrado fue contundente: “No le consiento que
reinterprete mis preguntas. No ponga en mi boca palabras que yo no he
dicho”.
Pese a las evidentes discrepancias entre el juez y el
fiscal, ambos coinciden en el criterio de que, al margen de la deriva
judicial del caso, la infanta Cristina y Urdangarin podrían afrontar una
responsabilidad civil que superaría el millón de euros por la actividad
de Aizoon.
“En la parte penal”, dice Cruzado, “habrá que esperar
la resolución del juez de instrucción, porque en España no sólo se
comete el delito de defraudación fiscal como autor, sino como cómplice o
como cooperación necesaria, es decir, la figura que colabora en la
comisión de un delito”.
En una de sus pocas declaraciones
públicas, Castro dijo –luego de imputar a la infanta– que su decisión
tuvo como fin “evitar que la incógnita se perpetúe”, en referencia al
cúmulo de dudas sobre el papel de la hija del rey en la trama corrupta.
Y
señaló, aludiendo a las palabras del rey en la Navidad de 2011, que él
está convencido de que “la justicia es igual para todos”.
En
cambio Rajoy defendió con ahínco a Cristina de Borbón en una entrevista
de televisión en la cual señaló: “Estoy convencido de la inocencia de la
infanta”, y agregó, “estoy convencido de que las cosas le irán bien”.
Ana
Romero, del diario El Mundo, aseguró en un artículo, el pasado 26 de
enero, que la infanta ya es “irrecuperable”. Sostiene que la casa real,
como Rajoy, apuesta por la inocencia “legal” de la infanta, pero sabe
que su comportamiento “éticamente reprochable” la ha inutilizado para la
institución, a la cual ha llevado al límite.
13 de febrero de 2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario