El ex
gobernador Narciso Agúndez busca legalizar todas las irregularidades cometidas
en el ejido, con superficie superior a 425 mil hectáreas
La Purísima, Baja California Sur. Luego de
manosear ilícitamente el reparto de tierras en el Ejido La Purísima, y
registrar prestanombres, amigos, familiares, compadres, empleados y ejidatarios
que en su momento, vendieron y cedieron sus derechos, el ex gobernador Narciso
Agúndez Montaño y su grupo político pretenden asestar, el domingo 9 de febrero,
su último golpe y legalizar todas las irregularidades cometidas durante la
última asamblea general ordinaria, convocada por el núcleo de población ejidal.
La mayoría de las
más de 425 mil hectáreas que comprenden los municipios de Comondú, Loreto y
Mulegé, literalmente planean ser entregadas -según la Comisión Investigadora-
“a todos, empresarios, políticos y ex servidores públicos que de manera directa
o indirecta participaron en el despojo de las tierras de la llamada Tierra del
Pilón”.
Según el expediente,
en la lista aparecen:
* Narciso Agúndez
Montaño, ex gobernador de Baja California Sur.
* Luis Raymundo Cano
Hernández, ex presidiario y empresario sexenal durante los gobiernos de Leonel
Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño.
* Ana Karina Angulo
Esquer, esposa de Luis Cano.
* Daniel Raúl
Vizcarra Angulo, ex comisionado ejidal y artífice en el despojo.
* Salvador Sarabia
Vázquez, perito topográfico.
* Yuan Yee
Cunningham, ex alcalde de Loreto.
* Manuel Salvador
Baeza Davis, ex subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto.
* Alberto Orozco
Moreno, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN).
* José Rigoberto
Mares Aguilar, ex delegado de la Procuraría Agraria (PA).
* Miriam Aidé Orozco
Luna, ex asesora jurídica de PA.
Según el expediente
en poder de ZETA, bajo el control del ex gobernante, la Asamblea General del
Ejido La Purísima -entonces encabezada por Daniel Vizcarra- “parceló
indebidamente las 425 mil hectáreas que conforman el segundo núcleo ejidal más
grande Baja California Sur”.
El ex comisariado
ejidal presentó una medición virtual de 38 láminas y una complementaria -de
acuerdo al acta de asamblea ejidal- “llena de tecnicismos” que ni el propio
perito topográfico, Salvador Sarabia Vázquez, supo explicar, donde presuntamente
habrían distribuido la tierra en partes iguales entre los 384 ejidatarios, pese
a no haber un trabajo previo de apego, deslinde, e incluso la colocación de
mojoneras.
“Todo fue virtual y
malintencionadamente por designación, sin recurrir al sorteo estipulado por la
Ley Agraria”, reconoció el delegado de la PA, Eligio Soto López, quien reveló que “el topógrafo no tomó en
cuenta ni consideró las posesiones de un parcelamiento económico elaborado en
2007, por lo que no se apegó a los dispositivos legales que marca la Ley
Agraria, lo que dio origen a más de veinte juicios”.
El 25 de febrero de
2007 -refiere el acta de asamblea general ordinaria del Núcleo Ejidal de La
Purísima-, “otro ingeniero topográfico levantó un parcelamiento económico por el
que votó la asamblea general ordinaria, después de realizar el sorteo
establecido por la Ley Agraria y todos los ejidatarios; incluidos los 384 de
antaño y los 38 nuevos, estuvieron de acuerdo”.
El propio ejidatario
Ismael Arce Hernández recordó: “Aquella vez todos estuvimos de acuerdo y no
teníamos problemas, pero desde que llegó el malogrado Grupo de Los Cabos,
comenzaron los problemas, su ambición originó que el reparto de tierra fuera
modificado y pretendieran acaparar las mejores tierras, designándose ellos
mismos la extensión de tierra que quisieron, dejando las migajas a los
verdaderos ejidatarios”.
Durante una
entrevista con ZETA, Arce indicó que la Comisión Investigadora ha encontrado
tantas irregularidades que inclusive “está saliendo a flote” que en la
avasalladora repartición de tierras “no fueron respetadas ni siquiera las
sentencias emitidas por el Tribunal Unitario Agrario, ordenando reconocer y
formalizar las posesiones de tierras que fueron materia de litigio entre 2007 y
2011, y muchos de los ejidatarios que de toda la vida hemos vivido en el mismo
lugar, resulta que aparecimos en otras zonas, algunos de plano ni figuraron sus
nombres en la lista de propietarios”.
LOS PRESTANOMBRES
No obstante y por el
contrario, la lista de los propietarios se fue llenando de políticos,
familiares y amigos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, sobre todo en la
Asamblea General del 15 de marzo de 2012.
Uno de ellos, el ex
presidiario y empresario Luis Raymundo Cano Hernández, quien según la Comisión Investigadora,
registró como prestanombres a supuestos ejidatarios, en cuya lista se
encuentran:
* Amalia Hernández,
madre.
* Ana Karina Esquer
Angulo, esposa.
* Yolanda Angulo
Esquer, suegra.
* Roberto Osuna
Castro, contador y socio de despacho contable.
* Miriam del Carmen
Galaviz Palacios, secretaria.
* Zelidet Lucia
Galaviz Palacios, hermana de la secretaria.
* Elizabeth Galaviz
Hernández Palacios, hermana de la secretaria.
* José Gaspar
Higuera Lara, chofer.
* Jesús Mario
Maldonado Astorga, señalado por la Subprocuraduría. Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) como amigo personal del finado
Francisco Rafael Arellano Félix en Los Cabos.
Los nombres de Ana
María Hernández Blanco, María Inés Hernández Jiménez, Ricardo Alejandro Lazo
Angulo, Roberto García Angulo, Reyna Elisa Angulo Cárdenas y Dora Iliana García
Angulo, actualmente son investigados por la Comisión Investigadora, ya que se
presume un posible parentesco con Luis Cano Hernández y su esposa, Ana Karina
Esquer Angulo.
La lista anterior es
de personas que viven en La Paz y Los Cabos, y en su mayoría no tienen nada que
ver con ser residentes del núcleo ejidal.
Cabe destacar, con base a información de la Comisión
Investigadora, la presencia del actual secretario de Pesca y Agricultura del
gobierno del Estado de Baja California encabezado por Francisco “Kiko” Vega,
Matías Guillermo Arjona Rydalch, quien figura en el registro como “ejidatario”
de La Purísima, a pesar de que su lugar de residencia siempre ha sido la ciudad
de Ensenada.
El también
propietario de Agencia Arjona, aparece como “compadre” y prestanombres de Luis
Raymundo Cano Hernández, quien dicho sea
de paso, fue detenido y encarcelado, bajo la acusación del delito de evasión
fiscal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según consta en la
causa penal 96/2005.
No obstante, el
accionista mayoritario de la constructora Gran Visión, S.A de C.V. salió libre
por intervención del –entonces- estrenado gobernador de Baja California Sur,
Narciso Agúndez Montaño.
LA
INVESTIGACIÓN
En el caso de
avasallador despojo, la Procuraduría Agraria investiga posibles actos de
corrupción, donde denuncias de los propios ejidatarios evidencian la relación
entre los siguientes funcionarios federales:
* Ezequiel López
Castro, visitador de las asambleas de la PA, quien -en base a la queja de los
ejidatarios- solapó y validó la serie de irregularidades que se cometieron
durante la asamblea general ordinaria del Núcleo Ejidal La Purísima, registrada
el 15 de marzo de 2012, donde se desconoció todo lo actuado en la asamblea del
25 de febrero de 2007.
* Rosario Braumar,
actual subdelegada jurídica, quien de acuerdo a las denuncias, sirve a los
intereses del Grupo de Los Cabos y está yendo en contra de la legalidad
impulsada por el delegado Eligio Soto López y el procurador Cruz López Aguilar.
* Una asesora
jurídica de la PA de nombre Selene, bajo el mando de Rosario Braumar.
No solo eso. La
Comisión Investigadora integrada por ejidatarios y autoridades de la PA y del
RAN, revisan los actos de simulación de cesión legal y definitiva de derechos
ejidales a favor de la esposa de Luis Cano, Ana Karina Angulo Esquer, fechados
el 13 de marzo de 2012 y realizado supuestamente en San José del Cabo, entre
los cuales se encuentra el secretario de Pesca y Agricultura del gobierno de
Baja California, Matías Guillermo Arjona Rydalch.
“En virtud de que
por actos de cesión legal y definitiva anteriores a la fecha, cedí mis derechos
que en calidad de ejidatario detenté en ese ejido, con certificados expedidos
por la autoridad registral, otorgo mi anuencia y consentimiento para que las parcelas
por asignar, a las que tengo derecho, en la próxima asamblea de formalidades
especiales, se dejen reconocidas de manera definitiva a la C. Ana Karina Angulo
Esquer, con quien celebré cesión legal, pero aún estamos en los trámites de
registro”, transcribió el funcionario, además de estampar su firma.
Como el funcionario
bajacaliforniano, más de 50 personas supuestamente cedieron sus derechos de
veinte hectáreas, algunas de mayor extensión -según la Comisión Investigadora-,
a favor de la esposa de Luis Cano, lo que permitió que ella tenga acaparadas
más de 14 mil 298 hectáreas, a pesar de que el Artículo 27 Fracción VII de la
Ley Agraria, transcribe textualmente que “dentro de un mismo núcleo de
población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente
al 5 por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad
de tierras a favor de un solo ejidatario, deberá ajustarse a los límites
establecidos por la propia Ley”.
Lo anterior fue
avalado por los ex comisariados ejidales Daniel Vizcarra y José de Jesús Arvizu
Higuera, cuyos terrenos casualmente están dentro del pozo de agua, abarcan una
parte de una zona minera y una amplia extensión de litorales.
Pero no solo la
pareja del ex presidiario Luis Cano Hernández, se sirvió con la cuchara grande.
De acuerdo a la
Comisión Investigadora, y coincidente con el delegado Eligio Solo López, el
perito topográfico Salvador Sarabia Vázquez, apareció -sin ser ejidatario- con
más de mil 685 hectáreas de tierra.
El propio representante
de la PA afirmó que Sarabia “supuestamente cobró con tierras a quienes no
pudieron pagar sus servicios topográficos”, pero “es algo que estamos
investigando, tenemos entendido, acaparó terrenos de personas que no tuvieron o
no quisieron pagar sus servicios”.
Por su parte, uno de
los integrantes de la Comisión Investigadora declaró: “Es una forma moderna de
extorsionar a los posesionarios, porque muchos de ellos, aunque no aparecieron
en la lista de propietarios, tienen mucho tiempo con la posesión de los predios
en esos lugares”.
Hoy por hoy, el
Tribunal Unitario Agrario lleva más de 40 juicios, y de consumarse el intento
de regularizar todas las irregularidades el domingo 9 de febrero, durante la
asamblea ordinaria del núcleo ejidal, los casos podrían aumentar; sobre todo
porque el Grupo de Los Cabos pretende acaparar las tierras con pozos de agua,
concesiones mineras y terrenos ganados al mar.
(SEMANARIO
ZETA BCS/ GERARDO ZUNIGA PACHECO/ FEBRERO 11, 2014 12:01 PM )
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