México, DF.- El juez Luis Armando Jerezano Treviño es quizás
un personaje intocable para las autoridades ministeriales y judiciales
de Nuevo León, pero no para la Procuraduría General de la República.
La PGR le sigue los pasos, tras obtener la confesión de uno de sus operadores clave que lo liga al cuñado del capo extraditado Juan García Ábrego y lo señala como el autor intelectual del despojo de La Fortuna, así como del secuestro de uno de los socios de ese casino.
La declaración pormenoriza los encuentros que sostuvo el juez con su grupo de cómplices a lo largo de dos años, para planear las estrategias con el objetivo de apropiarse ilegalmente del disputado centro de apuestas.
“Reporte Indigo” publicó sobre la investigación internacional de lavado de dinero que implica directamente a Jerezano Treviño, encabezada por la DEA, por los depósitos millonarios a una cuenta bancaria que el juez tenía en Texas.
Ahora, esta publicación exhibe nueva evidencia que vincula al juez de Distrito con varios delitos federales y con la presunta anuencia de la Procuraduría del Estado de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza Santos.
Es la declaración ministerial del abogado Erick Garza Treviño, quien confirmó ante los agentes de la PGR que Jerezano Treviño maquinó la operación para adueñarse del casino, con la presunta colusión de las autoridades estatales.
Este litigante rindió su comparecencia ante la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, dependiente de la PGR.
Garza Treviño declaró el 19 de diciembre de 2013, como parte de la averiguación previa número AP/PGR/SEIDO/UEIARV/012/2013, abierta para investigar un presunto lavado de dinero en La Fortuna, que se detectó después de que Jerezano Treviño y su gente lo arrebataron a sus dueños.
Ante elementos de la Policía Federal Ministerial, el compareciente manifestó que fue contactado a mediados de octubre de 2012 por otro colega, el abogado Antonio Villarreal Gutiérrez, quien le ofreció un “bisne o un tiro”.
Se trataba de un trabajo que consistía en elaborar un supuesto emplazamiento a huelga para despojar a los propietarios de La Fortuna, en el que iban a participar autoridades judiciales del Estado.
El compareciente se incorporó a trabajar con la agrupación del juez federal por un sueldo de 15 mil pesos, para planear el juicio laboral número 748/2012.
Según su declaración, el grupo le entregó un poder legal a su nombre -que peritajes determinaron como falso- para representar a la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora de La Fortuna.
Este documento fue elaborado en la Notaría Pública Número 31 y pasó ante la fe de Alberto J. Martínez González.
El testimonio
En el testimonio se lee que el 30 de octubre de 2012, un día antes de la supuesta huelga, su colega Antonio Villarreal Gutiérrez le presentó a Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel, Jerónimo Garza Chaib y Antonio Orlando Balderas Martínez, todos operadores del juez casinero.
“(Comentaron) que ya estaba todo listo, que yo sólo tenía que presentarme con mi poder a las 11:00 once de la mañana, para lo cual tenía que hacerme pasar como cliente”, narró en su declaración.
Garza Treviño manifestó que las autoridades de Conciliación y Arbitraje del Estado que acudieron a la diligencia tenían conocimiento de esta operación ilegal, y que el grupo iba a recibir apoyo de taxistas que están agremiados a la CTM.
Como publicó “Reporte Índigo” en su momento, este emplazamiento culminó en un zafarrancho entre cetemistas, militares, corporaciones civiles de Seguridad y los propios operadores del juez.
“Se hizo un conato de bronca entre los de la CTM y los guardias del casino, por lo que llegaron soldados, al parecer marinos y Fuerza Civil”, recordó.
La diligencia fue suspendida y la operación ilegal falló, porque se percataron que el casino ya estaba administrado por una razón social distinta: Doblecar, S.A. de C.V.
Esta empresa se creó después de que uno de los propietarios del negocio, Arturo Cardona Calderón, fue secuestrado con el propósito de despojarlo de sus acciones de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.
El grupo comandado por Jerezano Treviño privó de la libertad al casinero el 14 de mayo de 2012.
A pesar de que el empresario presentó una denuncia con pruebas en audio y video que vinculan al juez en el secuestro, la Procuraduría del Estado dictó el inejercicio de la acción penal.
Vincula a Jerezano con narcos
El testimonio de Erick Garza Treviño ante la SEIDO se torna más sombrío cuando el juez suspendido aparece en su declaración.
El mismo día en que falló la huelga, los operadores del juez se reunieron en la sucursal del restaurante Buchakas, ubicado sobre la avenida Gómez Morín, en San Pedro.
Ahí, según la comparecencia, tramaron otra estrategia para despojar de una vez por todas a los casineros de su negocio.
En esa reunión estuvieron presentes el propio Garza Treviño, Antonio Orlando Balderas Martínez, Cuauhtémoc Antonio Ramírez Voguel, Antonio Villarreal Gutiérrez y un líder cetemista que el compareciente no pudo identificar.
“Comentaron que pues había fracaso y que tenía que buscar otra estrategia, a lo que me dijeron que teníamos que juntarnos dos días después”.
El 2 de noviembre de 2012, el grupo se reunió en el mismo restaurante y entonces el testigo conoció en persona al autor intelectual de toda la operación.
“Llegó una persona de aproximadamente 1.70 de estatura, de aproximadamente 42 años de edad, complexión delgado, usaba lentes, y llegó diciendo: ‘puras mamadas con ustedes, no que muy buenos’.
“Él era el juez de nombre Jerezano Treviño”, precisó.
El litigante contó que el juez le encargó tramitar la demanda laboral número 748/2012, relacionada con la disputa por La Fortuna, en el Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente en Nuevo León.
Así que se dio a la tarea de elaborar la contestación del recurso que fue presentado por Antonio Orlando Balderas Martínez y su padre, el exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, también acusado de secuestro.
Fue en ese periodo que el compareciente se enteró de los vínculos que este último operador tenía con el narcotráfico.
Más adelante, a mediados de noviembre de 2012, Jerezano Treviño pidió al abogado que se vieran en un restaurante Applebee’s, en la avenida Vasconcelos, en San Pedro, para analizar el acuse de la contestación de la demanda.
“Me dijo: ‘Así se hace, excelente trabajo’”, narró.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, Antonio Orlando Balderas Martínez citó al declarante de la PGR en un café Starbucks, en Plaza Fiesta San Agustín.
En ese lugar, el operador le entregó al litigante los papeles de la demanda de otro juicio, el 926/2012, que había presentado el casinero Arturo Cardona Calderón en el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente.
Prestanombres ambicioso
Tras la aprehensión de los dueños de La Fortuna, aún recluidos en el penal de Cadereyta, el litigante se enteró que los operadores del juez eran sus prestanombres. “Quiero señalar que Antonio Orlando Balderas Martínez, Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel y Jerónimo Garza Chaib son prestanombres de Luis Armando Jerezano Treviño”, se lee en la declaración.
Esto, según él, fue corroborado el 23 de agosto de 2013, cuando el grupo tomó la posesión del casino, porque ellos sólo recibían órdenes del juez suspendido.
“Él es quien da instrucciones de todo lo relativo al casino La Fortuna”, dijo.
Después de consumarse el despojo, el compareciente relató que el juez le ordenó plantear a los casineros una posible negociación.
La propuesta era que por 150 millones de pesos y los casinos en Monterrey y Los Cabos, Jerezano Treviño los “perdonaba”.
Esta propuesta nunca fue aceptada por los dueños, quienes aún disputan la posesión del negocio y pelean por su libertad.
La PGR le sigue los pasos, tras obtener la confesión de uno de sus operadores clave que lo liga al cuñado del capo extraditado Juan García Ábrego y lo señala como el autor intelectual del despojo de La Fortuna, así como del secuestro de uno de los socios de ese casino.
La declaración pormenoriza los encuentros que sostuvo el juez con su grupo de cómplices a lo largo de dos años, para planear las estrategias con el objetivo de apropiarse ilegalmente del disputado centro de apuestas.
“Reporte Indigo” publicó sobre la investigación internacional de lavado de dinero que implica directamente a Jerezano Treviño, encabezada por la DEA, por los depósitos millonarios a una cuenta bancaria que el juez tenía en Texas.
Ahora, esta publicación exhibe nueva evidencia que vincula al juez de Distrito con varios delitos federales y con la presunta anuencia de la Procuraduría del Estado de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza Santos.
Es la declaración ministerial del abogado Erick Garza Treviño, quien confirmó ante los agentes de la PGR que Jerezano Treviño maquinó la operación para adueñarse del casino, con la presunta colusión de las autoridades estatales.
Este litigante rindió su comparecencia ante la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, dependiente de la PGR.
Garza Treviño declaró el 19 de diciembre de 2013, como parte de la averiguación previa número AP/PGR/SEIDO/UEIARV/012/2013, abierta para investigar un presunto lavado de dinero en La Fortuna, que se detectó después de que Jerezano Treviño y su gente lo arrebataron a sus dueños.
Ante elementos de la Policía Federal Ministerial, el compareciente manifestó que fue contactado a mediados de octubre de 2012 por otro colega, el abogado Antonio Villarreal Gutiérrez, quien le ofreció un “bisne o un tiro”.
Se trataba de un trabajo que consistía en elaborar un supuesto emplazamiento a huelga para despojar a los propietarios de La Fortuna, en el que iban a participar autoridades judiciales del Estado.
El compareciente se incorporó a trabajar con la agrupación del juez federal por un sueldo de 15 mil pesos, para planear el juicio laboral número 748/2012.
Según su declaración, el grupo le entregó un poder legal a su nombre -que peritajes determinaron como falso- para representar a la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., la exoperadora de La Fortuna.
Este documento fue elaborado en la Notaría Pública Número 31 y pasó ante la fe de Alberto J. Martínez González.
El testimonio
En el testimonio se lee que el 30 de octubre de 2012, un día antes de la supuesta huelga, su colega Antonio Villarreal Gutiérrez le presentó a Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel, Jerónimo Garza Chaib y Antonio Orlando Balderas Martínez, todos operadores del juez casinero.
“(Comentaron) que ya estaba todo listo, que yo sólo tenía que presentarme con mi poder a las 11:00 once de la mañana, para lo cual tenía que hacerme pasar como cliente”, narró en su declaración.
Garza Treviño manifestó que las autoridades de Conciliación y Arbitraje del Estado que acudieron a la diligencia tenían conocimiento de esta operación ilegal, y que el grupo iba a recibir apoyo de taxistas que están agremiados a la CTM.
Como publicó “Reporte Índigo” en su momento, este emplazamiento culminó en un zafarrancho entre cetemistas, militares, corporaciones civiles de Seguridad y los propios operadores del juez.
“Se hizo un conato de bronca entre los de la CTM y los guardias del casino, por lo que llegaron soldados, al parecer marinos y Fuerza Civil”, recordó.
La diligencia fue suspendida y la operación ilegal falló, porque se percataron que el casino ya estaba administrado por una razón social distinta: Doblecar, S.A. de C.V.
Esta empresa se creó después de que uno de los propietarios del negocio, Arturo Cardona Calderón, fue secuestrado con el propósito de despojarlo de sus acciones de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.
El grupo comandado por Jerezano Treviño privó de la libertad al casinero el 14 de mayo de 2012.
A pesar de que el empresario presentó una denuncia con pruebas en audio y video que vinculan al juez en el secuestro, la Procuraduría del Estado dictó el inejercicio de la acción penal.
Vincula a Jerezano con narcos
El testimonio de Erick Garza Treviño ante la SEIDO se torna más sombrío cuando el juez suspendido aparece en su declaración.
El mismo día en que falló la huelga, los operadores del juez se reunieron en la sucursal del restaurante Buchakas, ubicado sobre la avenida Gómez Morín, en San Pedro.
Ahí, según la comparecencia, tramaron otra estrategia para despojar de una vez por todas a los casineros de su negocio.
En esa reunión estuvieron presentes el propio Garza Treviño, Antonio Orlando Balderas Martínez, Cuauhtémoc Antonio Ramírez Voguel, Antonio Villarreal Gutiérrez y un líder cetemista que el compareciente no pudo identificar.
“Comentaron que pues había fracaso y que tenía que buscar otra estrategia, a lo que me dijeron que teníamos que juntarnos dos días después”.
El 2 de noviembre de 2012, el grupo se reunió en el mismo restaurante y entonces el testigo conoció en persona al autor intelectual de toda la operación.
“Llegó una persona de aproximadamente 1.70 de estatura, de aproximadamente 42 años de edad, complexión delgado, usaba lentes, y llegó diciendo: ‘puras mamadas con ustedes, no que muy buenos’.
“Él era el juez de nombre Jerezano Treviño”, precisó.
El litigante contó que el juez le encargó tramitar la demanda laboral número 748/2012, relacionada con la disputa por La Fortuna, en el Juzgado Tercero de Jurisdicción Concurrente en Nuevo León.
Así que se dio a la tarea de elaborar la contestación del recurso que fue presentado por Antonio Orlando Balderas Martínez y su padre, el exalcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, Manuel Balderas Ramírez, también acusado de secuestro.
Fue en ese periodo que el compareciente se enteró de los vínculos que este último operador tenía con el narcotráfico.
Más adelante, a mediados de noviembre de 2012, Jerezano Treviño pidió al abogado que se vieran en un restaurante Applebee’s, en la avenida Vasconcelos, en San Pedro, para analizar el acuse de la contestación de la demanda.
“Me dijo: ‘Así se hace, excelente trabajo’”, narró.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, Antonio Orlando Balderas Martínez citó al declarante de la PGR en un café Starbucks, en Plaza Fiesta San Agustín.
En ese lugar, el operador le entregó al litigante los papeles de la demanda de otro juicio, el 926/2012, que había presentado el casinero Arturo Cardona Calderón en el Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente.
Prestanombres ambicioso
Tras la aprehensión de los dueños de La Fortuna, aún recluidos en el penal de Cadereyta, el litigante se enteró que los operadores del juez eran sus prestanombres. “Quiero señalar que Antonio Orlando Balderas Martínez, Antonio Cuauhtémoc Ramírez Voguel y Jerónimo Garza Chaib son prestanombres de Luis Armando Jerezano Treviño”, se lee en la declaración.
Esto, según él, fue corroborado el 23 de agosto de 2013, cuando el grupo tomó la posesión del casino, porque ellos sólo recibían órdenes del juez suspendido.
“Él es quien da instrucciones de todo lo relativo al casino La Fortuna”, dijo.
Después de consumarse el despojo, el compareciente relató que el juez le ordenó plantear a los casineros una posible negociación.
La propuesta era que por 150 millones de pesos y los casinos en Monterrey y Los Cabos, Jerezano Treviño los “perdonaba”.
Esta propuesta nunca fue aceptada por los dueños, quienes aún disputan la posesión del negocio y pelean por su libertad.
(ZOCALO/ Reporte Índigo /25/01/2014 - 04:04 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario