Decenas de militares
procesados en tribunales castrenses y del fuero federal, por robo, tráfico de
drogas y armas de fuego. Transportaron drogas en vehículos de las Fuerzas
Armadas desde el Centro del país hasta Tijuana durante seis años. En el Campo
Militar Número Uno, soldados robaban armamento para venderlo al crimen
organizado. Mientras que en La Mojonera de Zapopan, hurtaban drogas para
venderlas entre sus compañeros
El narcotráfico ha
permeado y corrompido todos los sectores de la sociedad mexicana, no solo
policiales y judiciales. A esta descomposición social y gubernamental, no han
escapado las Fuerzas Armadas del país, que también han sido víctimas de la
delincuencia organizada.
Ya no solo se trata
de funcionarios policiales y mandos castrenses que brindan protección a los
capos del narcotráfico, sino de grupos de militares que han competido por las
rutas del trasiego de droga hacia Estados Unidos. Otros son mandaderos que
apoyan para que los traslados no registren contratiempos.
Por fortuna, ha sido
la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la que ha descubierto las
traiciones, y actualmente procesa en su fuero a muchos de los soldados que
formaron bandas alternas y subalternas a los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva
y La Resistencia, por citar algunos. Otros de los militares son juzgados en
tribunales del orden federal.
El problema de la
colusión entre narcos y algunos soldados, data de la historia misma del
narcotráfico; sin embargo, actuando como grupos militares en el tráfico de
estupefacientes a bordo de vehículos oficiales, sustracción de drogas y
armamento asegurado en instalaciones de la SEDENA, el mal se multiplicó entre
2006 y 2012.
En ese tiempo se
descubrieron por lo menos tres redes criminales:
Primera. Soldados
del área de Mantenimiento de Simuladores de Tiro, adscritos a la Primera Región
Militar. Realizaron hasta 13 viajes de marihuana, cocaína y metanfetamina,
desde distintos puntos del país hasta El Hongo en Tecate y El Aguaje de la
Tuna, en Tijuana, a bordo de vehículos militares entre 2006 y 2011.
Segunda.
Elementos castrenses sustraían armamento de los depósitos de materiales de
guerra del Campo Militar Número Uno, en el Distrito Federal, para venderlos a
traficantes que abastecieron de pistolas, fusiles y granadas a miembros de los
cárteles Beltrán Leyva y La Resistencia, entre 2006 y 2010.
Tercera.
Soldados de la XV Zona Militar en La Mojonera, Zapopan, Jalisco, robaron entre
los años 2010 y 2012, drogas diversas del depósito de narcóticos de las instalaciones
del 79/o. Batallón de Infantería, para comercializarlas entre sus compañeros y
hacia el exterior.
En todos los casos
se detuvo a los involucrados, rebasando la cifra de veinte elementos que fueron
puestos a disposición del Ministerio Público Militar y encarcelados en las
prisiones con las que cuenta la institución. Otros de los inculpados fueron
depositados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente”, en
Villa Aldama, Veracruz.
CÉLULA DE
MANTENIMIENTO
El caso más grave de corrupción y tráfico de
drogas en la milicia, es el de una red integrada por soldados vinculados a la
Dirección General de Fábricas de la Industria Militar, con sede en
Tecamachalco, Estado de México, adscritos la mayoría al Taller de Simuladores
de Tiro. Se encargaban de dar mantenimiento a los stands en toda la República y
viajaban en un camión de la marca International a esos sitios.
Durante seis años,
mientras daban el mantenimiento en los Centros de Adiestramiento Regionales
(CAR), en el vehículo oficial transportaron drogas como marihuana, cocaína y
metanfetamina (cristal) desde el Sur y el Centro del país, hasta la frontera
noroeste del país. También trasladaban sacos o maletas con dinero en diferentes
regiones.
Los participantes,
más de diez soldados que alternaban sus intervenciones, recibían entre 10 mil y
35 mil pesos en cada ocasión, por su participación en los traslados de droga o
de maletas con dinero, principalmente dólares americanos.
Todo marchaba a la
perfección para el grupo criminal, pues nunca eran revisados en los puestos de
control instalados en las redes carreteras, tampoco al ingresar o egresar de
instalaciones militares, hasta que el 18 de febrero de 2011, el Teniente
Coronel de Zapadores, D.E.M. Ramón Márquez Hernández, comandante del CAR de la
Segunda Región Militar, los descubrió.
El mando castrense
se retiraba del CAR de El Aguaje de la Tuna en un automotor, cuando observó que
afuera del simulador de tiro estaban estacionados un camión verde olivo y una
mini-van civil. Varios soldados vestidos con uniforme pixelado verde, extraían
del lugar unos bultos hacia el vehículo civil. Al bajarse de su unidad y verificar
la acción, se dio cuenta que se trataba de metanfetamina (cristal).
La célula de
mantenimiento había repetido esa misma acción en doce ocasiones anteriores.
Hacían los viajes en promedio dos veces al año. A veces dejaban los cargamentos
de droga en un punto del poblado de El Hongo, y la mayoría de las oportunidades
lo hacían dentro de las instalaciones del CAR tijuanense, cuando se permitía el
ingreso de vehículos particulares.
MODUS OPERANDI
GENERAL ALFONSO DUARTE MÚJICA, CONSIGNÓ A LOS
DESHONESTOS MILITARES
De acuerdo a la
causa penal 99/2011, iniciada por el Juez Tercero Militar, adscrito a la
Primera Región Militar, la célula de mantenimiento blindado era integrada para
los viajes a Tijuana por el Capitán Primero Reparador, Juan López Raymundo “El
Relax”, quien se encargaba de seleccionar al personal; y por el Sargento
Primero Oficinista, Juan Antonio Rojas Campos “El Chocorrol”, quien contactaba
con personas civiles para adquirir la droga, y vigilar su traslado y entrega en
la frontera.
Rojas Campos estuvo
comisionado un tiempo, a inicios del nuevo milenio, en la Segunda Región
Militar, por lo que conocía al personal del Centro de Adiestramiento Militar y
a un sinnúmero de personas, entre ellos traficantes de drogas. Presumiblemente,
algunos de sus hermanos y primos, vecinos de la frontera, le apoyaban. “El
Chocorrol” viajaba como parte del equipo militar, y en otras ocasiones se
trasladaba por sus medios para recibir a sus subalternos.
Otro de los
implicados, el Sargento Primero de Materiales de Guerra, Daniel Aguilar García
“El Tomate”, se encargaba de que el vehículo militar se cargara con droga, ya
fuera en instalaciones oficiales donde se hacían las reparaciones del equipo de
tiro, o en brechas y carreteras. Después se ocupaba de la entrega de
estupefacientes civiles y realizaba el cobro correspondiente en Tijuana. “El
Tomate” también participaba en repartir las tareas al personal militar.
Generalmente salían
del Centro de Mantenimiento Blindado de la SEDENA en la Ciudad de México, para
dar mantenimiento a los simuladores de tiro de los Centros de Adiestramiento
Regional de las diversas zonas militares del país. Los puntos que se visitaban
durante el recorrido para transportar la droga en cantidades de hasta una
tonelada eran:
* CAR de la VII Región Militar, Rancho Nuevo, Chiapas.
* CAR XII Región Militar, en Peña del Coyote, Morelia,
Michoacán.
* CAR V Región Militar, en Jamay, Jalisco.
* CAR de la II Región Militar, El Aguaje de la Tuna,
Tijuana, Baja California
Las giras de
mantenimiento para transportar drogas, se efectuaban a principios de cada año,
entre enero y febrero el primer viaje, y entre agosto y octubre, el segundo.
Entre sus contactos que entregaban la droga al paso del camión militar, estaban
desde civiles hasta agentes de la Policía Federal Preventiva que no fueron
identificados, mientras que entre los receptores, se menciona a un agente del
Ministerio Público adscrito a Tecate.
Además de las
instalaciones de adiestramiento referidas, otros puntos que sirvieron para
recoger sacos de lona color verde olivo con paquetes de marihuana, cocaína o
metanfetamina (cristal o pastillas), fueron caminos de San Cristóbal de las
Casas y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; Naucalpan, Estado de México; Guadalajara
y Zapopan, Jalisco; Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa; así como en
Caborca, Sonora.
Personas civiles
esperaban el paso del vehículo militar en lugares previamente acordados para
entregar los sacos de lona y maletas de viajero. Algunos de los traficantes o
intermediarios, fueron identificados con los alias de “El Pelón” y “El Güero”.
Otros son Juan Manuel Maldonado Álvarez “El Charlie”, Salvador Quintero Beltrán
“El Chava” y Alfredo Quintero Beltrán “El Jabalí”, presuntos integrantes del
Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
EXPEDICIONES
AL NORTE
Según las actuaciones integradas por la
justicia castrense, el primer traslado de droga ocurrió a inicios de 2006. En
una carretera de Sinaloa, civiles que viajaban en una camioneta Ford Lobo
entregaron a los soldados aproximadamente 30 sacos de lona con paquetes de
aluminio que contenían cocaína. El alcaloide llegó a su destino en una casa
habitación de Tijuana.
El segundo evento se
registró cuando entre Mazatlán y Culiacán, el vehículo oficial se desvió por
una brecha, y civiles que estaban en una camioneta entregaron a los militares
unas cajas de cartón que contenían droga, sin conocerse el tipo ni la cantidad.
El cargamento fue devuelto a civiles que ya los esperaban en las inmediaciones
de Caborca.
En una avenida de
Guadalajara se gestó el tercer traslado, cuando personas civiles le dieron al
sargento Daniel Aguilar unas maletas color azul con estupefacientes, las subió
junto con sus compañeros al camión International verde olivo y las llevaron
hasta el Centro de Adiestramiento Regional de la II Región Militar, de donde
fueron extraídas en un automotor particular.
En fecha diversa, el
Teniente de Arma Blindada, Iván García Cabrera, que iba al mando, ordenó al
chofer del camión oficial que se metiera a una brecha antes de llegar a
Culiacán. Sujetos que esperaban en una camioneta tipo vagoneta les entregaron
sacos de avío con droga que se transportó hasta el CAR del Aguaje de la Tuna.
Después, en la misma unidad militar se hizo la entrega en un lugar de
terracería.
La quinta vez que se
trasladó droga con la misma forma de operar, fue cuando en una gasolinera de
Mazatlán, sujetos que abordaban una camioneta pick-up negra les cargaron con
dos maletas oscuras. El flete llegó a las instalaciones militares de Tijuana
para ser entregadas de noche. La ocasión siguiente, fueron entre diez y doce
sacos verdes los que se cargaron a las afueras de Los Mochis. En el CAR de
Tijuana la droga fue sacada en una camioneta tipo Blazer.
La propia base de
los soldados traficantes no escapó de ser utilizada como punto de carga de
enervantes. En las instalaciones de la Dirección General de Industria Militar,
en el Distrito Federal, fueron subidas dos maletas al camión oficial, pero solo
sirvió para sacar la droga al exterior donde se le entregaron al Teniente
García Cabrera, que las trasladó por sus propios medios hasta el centro de
adiestramiento bajacaliforniano. “El Chocorrol” le recibió el cargamento.
A la salida de
Guadalajara, antes de llegar a la autopista a Tepic, Nayarit, los militares
ejecutaron el octavo evento de ilícito traslado de enervantes. A un costado de
la carretera, civiles que ocupaban una camioneta blanca entregaron diez cajas
de cartón con narcóticos que en la unidad castrense siguieron su ruta hasta El
Aguaje de la Tuna. En la noche salieron del cuartel militar en un vehículo
civil.
TAMBIÉN IBAN AL
SUR
En otra ocasión, el
sargento Rojas Campos “El Chocorrol” entregó a sus subalternos dos maletas de
color negro en el estacionamiento del Centro de Mantenimiento Blindado de la
Ciudad de México. La carga fue subida al camión International y trasladada
hasta el CAR de la Segunda Región Militar, donde el propio Rojas, que viajó por
sus medios, les recibió la droga en una camioneta Caravan que introdujo al
simulador de tiro.
El décimo viaje
inició tras el mantenimiento brindado a las instalaciones militares de Jamay.
En una gasolinera de ese poblado de Jalisco, los ocupantes de una camioneta
pick-up traspasaron diez u once cajas de cartón con droga al vehículo de los
soldados. La carga se entregó en una casa particular de la ciudad de Tijuana.
En otro momento, un
cargamento de droga que se transportó en tres maletas de viajero desde la
capital de la República y a bordo del vehículo oficial, se entregó antes de
llegar a Tijuana. Individuos que circulaban en una camioneta de color negro
interceptaron a los soldados y se llevaron los velices. El sargento Rojas Campos
iba con los civiles.
También desde el sur
del país hubo traslados de drogas hacia la Ciudad de México. En una gasolinera
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los militares les recibieron cajas de
cartón con droga a dos sujetos que estaban en una camioneta van de color blanco.
Cerca de Tuxtla Gutiérrez, otros civiles les entregaron unas maletas. Los
encargos se entregaron en el DF.
El último viaje, que
significó el descubrimiento de la operación ilícita de la célula de
mantenimiento, ocurrió entre el 14 y el 18 de febrero de 2011. Los soldados
cargaron el camión oficial con droga en la colonia Lomas del Hipódromo, en
Naucalpan, Estado de México, y después salieron con destino al CAR del Aguaje
de la Tuna.
La droga descubierta
en el simulador de tiro y en la mini-van civil por el Teniente Coronel, Márquez
Hernández, consistía en 79 paquetes semi-esféricos con metanfetamina (cristal),
con peso superior a los 925 kilos; 34 paquetes tipo ladrillo con 37.6
kilogramos de cocaína; y tres recipientes tipo Tupperware con 3.6 kilogramos de
metanfetamina (cristal).
Ahora se encuentran
procesados los militares Juan López Raymundo “El Relax”, Juan Antonio Rojas
Campos “El Chocorrol”, Iván García Cabrera, Daniel Aguilar García “El Tomate”,
Moisés Alvarado Martínez, Roberto Alfredo Jiménez Sandoval “El Burro”, Rubén
Ramírez Balderas “El Babalú”, Javier Cruz Alejandres, Romualdo Eduardo Martínez
Ortega “El Abuelo”, Fernando Lozada Ocadiz, y Anastacio Juárez Francisco “El
Calaco”, además de otros soldados de la Segunda Región Militar.
El robo de armamento
Entre los años 2006 y 2010, ocurrió el robo
hormiga de armas y artefactos explosivos del Campo Militar Número Uno, en la
Primera Región Militar. Soldados que tenían acceso a los depósitos de
materiales de guerra sustrajeron gran cantidad de armamento para venderlo a
sujetos vinculados al crimen organizado.
Algunos de los
narcotraficantes implicados declararon pertenecer originalmente al Cártel de
Sinaloa, pero al dividirse por pugnas internas, unos quedaron con los hermanos
Beltrán Leyva, y otros -años más tarde- con La Resistencia.
En la causa penal
515/2010, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos
Penales Federales del Tercer Circuito, que inicialmente se conoció por un
tribunal de Veracruz, son procesados por lo menos cinco civiles y doce
militares por su probable responsabilidad en la comisión del delito de
delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud.
En las actuaciones
se establecen diferentes momentos en los que los soldados, algunos pertenecientes
al Tercer Batallón de la Policía Militar, robaron fusiles, pistolas,
subametralladoras, cartuchos, explosivos, chalecos antibalas y piezas de
armamento, para entregarlo a otros militares que tenían tratos con
narcotraficantes.
Los participantes
eliminaban las matrículas y alteraban los números de serie del armamento que
extraían, con la finalidad de que dicho arsenal no se pudiera confrontar con la
base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los militares
procesados son: Heriberto Juárez Acosta, José Luis Sarabia Camacho, Arcadio
Guerra Alatorre, Marino Pérez Martínez, Isidro Azamar Cervantes, Isser Enoth
Vera Cruz, Obed Jiménez Hernández, Abel Flores Cruz, Felipe Cumplido Santos,
Adalberto Rodríguez Castillo, Héctor Hugo García Pelcastre y Arcibiadez de la
Cruz Clemente.
Mientras que los
civiles que presuntamente formaban parte del crimen organizado y que también
son juzgados, fueron identificados como José Antonio Cajigal Guízar, Rafael
Jesús Rodríguez Martínez “El Cholo”, Jorge Carlos Hurtado Castelazo “El
Chilango”, Juan Manuel Romero Ayala y Rodrigo Riviello Gutiérrez -sobrino del
ex secretario de la Defensa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Antonio
Riviello Bazán-. Ellos también están encauzados por delitos contra la salud y
portación de armas de fuego de uso exclusivo.
NARCOMENUDEO MILITAR
La sustracción de
drogas como cristal, cocaína y metanfetamina en distintas modalidades, se
registró en dos periodos, de acuerdo con investigaciones de las propias
autoridades castrenses. Primero, todo un año, de diciembre de 2010 a diciembre
de 2011, y después, entre los meses de marzo y julio de 2012.
Soldados y un civil
que anteriormente perteneció a la milicia participaban de las ilícitas
actividades. Presuntamente el particular corrompió a sus ex compañeros, quienes
“participaron con él para poder sacar narcótico, vigilar que nadie los viera, o
aventarse el ‘jale’ de entrar a dicho depósito, y finalmente, sustraer y
transportar el narcótico”.
La droga robada era
ofrecida para su venta y/o intercambio de objetos entre los propios soldados
del Batallón. En el exterior, en algunas colonias de Zapopan, también se
detectó la venta y consumo de las sustancias extraídas ilegalmente de las
instalaciones militares.
El escándalo interno
en esa región de las Fuerzas Armadas llevó a la prisión militar a los soldados,
y sometió a proceso penal en el fuero de guerra al Comandante del 79/o Batallón
de Infantería, Coronel Dagoberto Hernández Santiago, y al Mayor Rafael Ortega
Martínez, por el delito de desobediencia, al atribuirles la falta de seguridad
en el local del depósito de narcóticos.
A ambos mandos se
les dictó formal prisión en agosto de 2012, bajo la causa 483/2012 del Juzgado
Militar adscrito a la V Región Militar, y se les redujeron sus percepciones
salariales al 50 por ciento por parte de la pagaduría castrense.
Hernández Santiago
obtuvo un amparo a finales de 2013, y a Ortega Martínez lo ejecutaron a balazos
el 5 de julio del mismo año, frente a un parque del fraccionamiento Jardines
Universidad, en Zapopan, Jalisco. Dos sicarios fueron detenidos y confesaron
que les iban a pagar por el homicidio, pero no abundaron en la identidad de los
autores intelectuales.
Alberto Cortez Inzunza,
principal operador y cuñado de José Soto Gastélum “El Tigre”, fue detenido la noche del miércoles
15 de enero de 2014 por la Policía Municipal.
Cortez Inzunza y
otra persona, hasta ahora conocida como Don Juan “El Carnal”, fueron
identificados a finales de 2013 por integrantes del Grupo Coordinación de Baja
California, como los responsables de distribuir la droga del mafioso sinaloense
en la zona de Rosarito, municipio donde se le considera el mayor cabecilla
criminal; sin embargo, al ser detenido por uniformados de Tijuana, el hombre no
fue reconocido.
El cuñado de Soto y
otros cuatro individuos habían sido detenidos en posesión de un arma de fuego
calibre 7.62×39 milímetros, que presumían, pudiera estar involucrada en el
homicidio del ex policía Carlos Gavarain, ocurrido el lunes 13 de enero. En
coordinación, solicitaron apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.
El detenido, quien
se identificó como pariente político de “El Tigre”, fue entrevistado por
elementos de la SSPE, a quienes detalló que antes de su captura, estaba
esperando que le informaran por teléfono el lugar donde recogería un cargamento
de cristal, ya que en adelante, se haría cargo criminalmente de la zona de San
Antonio de los Buenos; por eso estaban empezando a matar tiradores de las
“tienditas”.
Sus cómplices, Pablo
Acosta, Édgar Ruiz, Héctor y Enrique Mendívil,
también dijeron que estaban esperando una llamada, pero la razón
expresada fue diferente: para que les dieran indicaciones a donde se iban a
mover y en qué carros, porque iban “a matar a una persona por la colonia Cacho”.
De este grupo
criminal, el Consejo Estatal de Seguridad solo tiene identificado al sicario José Luis Arámbula García “El
Mongus”, presunto responsable del homicidio del policía estatal Juan Fernando
Ramos. Según Cortez, el indiciado radica en Estados Unidos.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA/ enero 20, 2014 12:01 PM)
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