MADRID (apro).-
El preacuerdo que se alcanzó el pasado lunes 25 de noviembre en la sede
de la petrolera YPF, en Buenos Aires, fue el primer paso sustancial
para encaminar la solución al conflicto que inició la expropiación del
51% de dicha compañía argentina a la española Repsol por parte del
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En el último tramo del
conflicto se implicó a regañadientes el gobierno de Mariano Rajoy,
empujado por la petición que le hizo el presidente mexicano Enrique Peña
Nieto, en el almuerzo que compartieron en el marco de la Cumbre
Iberoamericana, en Panamá.
Hasta ese momento, Rajoy seguía al pie
de la letra su forma de hacer política: Opta porque el tiempo resuelva
los conflictos. Bajo el argumento de que Repsol es una empresa privada,
no movía un dedo, pese a que fue el propio Rajoy el que repudió
inicialmente la expropiación de la presidenta Kirchner.
Sus
ministros de Industria, José Manuel Soria, de Exteriores, Jesús Manuel
Margallo y el resto del gobierno salieron a señalar lo que calificaron
como un atropello.
En ese marco, Rajoy viajó a México para
participar en la reunión del G- 20 en Los Cabos, visita que aprovechó
para pedirle al presidente pre témpore del grupo, entonces Felipe
Calderón, su respaldo para repudiar la acción argentina, a la que el
presidente mexicano se montó, echando por la borda su papel de
interlocutor en un conflicto de esa índole.
Pero el recurso
iniciado por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, de recurrir a los
tribunales internacionales para buscar una indemnización que cifró en 10
mil 800 millones de euros –en un principio llegó a hablar de 18 mil
millones— por parte de Argentina, no avanzó y solo enturbió más la
crisis.
La prensa española aupada en el mismo tono, defendió a
Repsol como si de una entidad pública se tratara y no de una empresa
privada que tiene una cota del 60% de su capital que cotiza en las
bolsas de Nueva York y en la de Madrid.
Es comprensible desde el
punto de vista de la seguridad jurídica que cualquier inversión deba
tener garantías en un país extranjero, sin embargo, los argumentos
argentinos fueron solo publicados para ser vapuleados en los medios
españoles.
Kirchner justificó su expropiación con el argumento de
que la Repsol de Brufau incumplió con una serie de compromisos de
inversión. Es decir, los beneficios de YPF los llevó íntegros al seno su
petrolera, sin cumplir la parte que le correspondía invertir.
Kirchner, por tanto, tenía derecho a expropiar, pero también la obligación de indemnizar a Repsol con un precio justo.
Nada
de eso se justificó en la prensa española, obviamente, donde se
consideró un atropello argentino a rajatabla, sin cuestionar a Repsol,
por cierto, uno de los principales anunciantes en los medios de
comunicación españoles, hoy tan golpeados por la crisis.
Después
del almuerzo en Panamá, la semana antepasada el ministro de Industria
español, José Manuel Soria, viajó a México, donde se reunió con el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y con el director general
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un actor central en esta trama.
El
encuentro parece haber cumplido su objetivo de centrar campo de acción
de cada parte, definir las posiciones reales de cada jugador, sin
menoscabo del derecho de Repsol de recibir lo justo por una inversión
multimillonaria en la compañía argentina, que durante un tiempo fue la
joya de la corona del grupo español, al grado que formó parte de su
nombre propio: Repsol-YPF.
Soria había estado sumido en un
maremágnum de informaciones decantadas siempre del lado de Repsol.
Algunos conocedores hablan de presupuestos millonarios en manos de
Brufau para temas de comunicación y lobby.
Ya es conocido
el manejo mediático que tuvo en 2011 cuando la mala gestión de Juan José
Suárez Coppel al frente de Pemex pretendió un acuerdo de sindicación de
votos junto con el entonces presidente de la constructora hispana
Sacyr, Luis del Rivero, uno de los empresarios más volátiles y déspotas,
quien fue prácticamente desplazado de esa posición luego del escándalo.
Para
nadie era un misterio que Luis del Rivero fue quien años antes trató de
impulsar la venta de su 20% de Repsol a la rusa Lukoil, hasta que los
servicios de inteligencia españoles prendieron las luces rojas, por el
supuesto capital mafioso que se anida en la petrolera rusa.
En ese
momento, Suárez Coppel provocó una de las peores andanadas de Repsol y
del llamado “cartel español” –así bautizado por el periodista y escritor
catalán afincado en México, Oriol Mallo— en contra de Pemex, por
pretender “romper” la hispanidad de Repsol y por pretender su “asalto”
para aprovecharse de la petrolera hispana.
Con la ayuda de un
costoso gabinete de comunicación español –hoy asentado en México y que
ha vendido sus servicios a la Bolsa Mexicana de Valores—como lo es
Llorente y Cuenca, inició una ofensiva contra México, al que se montaron
El País o incluso el expresidente Felipe González.
Lozoya
sufrió un trato similar en junio pasado cuando llevó –a través de Carlos
Morales, director de Pemex Exploración y Producción— la propuesta
argentina que consistía en indemnizar a Repsol con acciones de Vaca
Muerta y participar en una sociedad en la que además de YPF también
entraría Pemex.
Entonces se consideró una oferta trampa, pero
ahora, salvo matices, la oferta no es muy distinta de que aceptó esta
misma semana por el consejo de administración de Repsol, solo que hoy
están garantizados los 5 mil millones de dólares en bonos soberanos
argentinos.
En junio fue “insuficiente” y hoy fue aceptada por el
consejo, con el mensaje pues a decir de algunos medios españoles, desde
La Moncloa se advirtió que es un asunto de Estado.
El rechazo que
Pemex sufrió en junio pasado, explican algunos conocedores, fue tomado
mal por Lozoya. Lo dejó en mal ante Peña Nieto, en momentos en que se
discutía la presentación de la reforma energética –que presuntamente
será aprobada en el Congreso de México en este mes de diciembre— y
cuando iniciaba su plan de internacionalización de Pemex.
No le salió la jugada inicial.
Por
ello no es extraño la dureza con que Lozoya ha tratado a Brufau, a
quien criticó por tener una retribución “de ocho millones de dólares
teniendo resultados significativamente menores que el resto de sus
competidores”.
En una de sus respuestas a los legisladores en su
reciente comparecencia, advirtió que “desde que la administración actual
de Repsol ha tomado las riendas de la empresa, el retorno de la acción
ha sido de cero, mientras que para un promedio de las empresas europeas
de exploración y producción ha sido de 87%”.
Por eso Pemex votó en
contra del punto de acuerdo en el que el consejo de Repsol aprobó la
estrategia y la gestión del equipo de dirección” de la petrolera
hispana.
No obstante, Lozoya fue uno de los que impulsó la vía de
la negociación, entre otras cosas, porque Pemex tiene interés en entrar a
una sociedad con YPF para la explotación del megayacimiento de Vaca
Muerta, pese a que oficialmente se niega esa posibilidad.
Un día
después del acuerdo aceptado por el consejo de Repsol, Pemex anunció que
destrababa la compra del 51% del astillero Hijos de J. Barrera, con lo
cual se abre la posibilidad de que en Galicia se construyan los floteles
que Pemex requiere para su operación.
Otro actor que zanjó el
camino a un acuerdo fue Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de
CaixaBank, que posee el 12,9% del capital de Repsol, siendo su principal
accionista.
Fainé se reunió en noviembre de 2012 y en febrero de
este año con la presidenta argentina, para discutir una posible salida
negociada, pero fue rechazada junto con la propuesta argentina que llevó
Pemex en junio.
Sin embargo, hay otros actores que tuvieron menos
protagonismo público, como fue el caso de la embajada de Estados Unidos
en Madrid, con el embajador James Costos, que presionó al gobierno
español para que se llegara a un acuerdo.
Su participación resultó
determinante debido a que una empresa estadunidense, Chevron, ya tiene
firmado un acuerdo con YPF para realizar inversiones en el
megayacimiento de Vaca Muerta.
No ha sido una inversión ajena a la
polémica, después que New York Times publicara un extenso artículo en
el que alude a funcionarios argentinos vinculados al sector petrolero
que dijeron que el acuerdo Chevron-YPF “escudará” a la compañía
americana de pérdidas financieras relacionadas con un cambio en los
vientos políticos”.
Y sostenía que Chevron podrá abandonar las
operaciones en Argentina “sin pagar penalidades” y continuar recibiendo
“beneficios netos por el 50% de la producción de los pozos iniciales a
perpetuidad”.
Frente a todo este entramado, la presidencia de
Brufau en Repsol parece estar en su momento más bajo, con lo cual será
difícil que pueda gestionar el acuerdo completo con el gobierno
argentino.
Está claro que no jugó bien sus cartas en la estrategia
de confrontación con Kirchner ante los tribunales internacionales y se
quedó fuera de foco en la firma de la paz.
El portal vozpopuli.com
dio a conocer que mientras en Argentina se tejía el preacuerdo que da
salida a la crisis, Brufau acudía como patrocinador de una cena de
famosos en la fundación catalana Lluita contra el Sida para salir del
desplante del gobierno argentino y de los principales accionistas de
Repsol.
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