Tres meses después de su relanzamiento en Chiapas, en agosto
pasado, el Congreso Nacional Indígena realizó a principios de noviembre
su primera asamblea en San Lorenzo Azqueltán, una comunidad de
tepehuanos y wixáritari que lleva años solicitando a las autoridades la
restitución de sus tierras invadidas por pequeños propietarios. Los
asistentes a ese encuentro no sólo avalaron su demanda, sino que incluso
reconocieron la autonomía de la comunidad. “Ya es tiempo de luchar
contra los ganaderos mestizos que nos han despojado por décadas”, remató
don José Aguilar Márquez, un tepehuano de 70 años.
VILLA GUERRERO, JAL.– Los invasores son una mortificación para la
comunidad de San Lorenzo Azqueltán, ubicada en este municipio, afirma
don José Aguilar Márquez.
Tiene más de 70 años y es uno de los tepehuanos más antiguos en el
Cañón de Bolaños. Es el único en la región que aún porta el traje
tradicional –calzón de cuero encima de camisa y pantalón de manta– y ha
sido testigo, dice, de la forma en que su pueblo ha sido despojado de
sus tierras a punta de cuerazos y engaños.
“Ya es tiempo de luchar contra los ganaderos mestizos que nos han
despojado por décadas –suspira don José–. Ya viví mucho. Si me matan,
pues me muero; si no me matan, de todos modos me voy a morir.”
Don José participó en la primera asamblea del Congreso Nacional
Indígena (CNI) región Occidente –el sábado 9 y el domingo 10–, espacio
que se reactiva después de la celebración de la Cátedra Tata Juan Chávez
Alonso, realizada el 17 y 18 de agosto pasado en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.
El relanzamiento del CNI se realizó precisamente en el pueblo de don
José con el propósito de fortalecer su lucha por la recuperación del
territorio. Sus habitantes piden la restitución de 45 mil de las 94 mil
hectáreas que aparecen en el título virreinal de 1777.
Durante el encuentro se realizó una ceremonia de reconocimiento al
Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de esta comunidad habitada por
tepehuanos y wixáritari, estos últimos llegaron a la región a mediados
del siglo XX.
El sábado 9 por la mañana comenzaron a llegar delegados de pueblos
indígenas de Michoacán, Puebla y Jalisco, donde los anfitriones los
recibieron con caldo de bagre del río Bolaños que atraviesa el
territorio de Azqueltán.
Don José recordó que a estas tierras llegaron los primeros pobladores
tepehuanos provenientes de lo que hoy es conocido como Durango y
Zacatecas. El 23 de abril de 1777 la comunidad de San Lorenzo recibió de
la corona española su título virreinal que reconocía 94 mil hectáreas.
Casi dos siglos más tarde, en 1954, la propia Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) refrendó la validez del documento. Sin embargo,
seis años después se determinó restituir sólo 8 mil 336 hectáreas,
aunque nunca se concluyó el trámite, con lo cual no se reconoció
legalmente la posesión.
Las actuales autoridades autónomas de San Lorenzo sostienen que aun
cuando la demanda es antigua, hace apenas un año interpusieron un juicio
para solicitar la restitución de su territorio y demandar la expulsión
de los pequeños propietarios que actualmente lo habitan.
Su participación en la Cátedra Tata Juan Chávez, en Chiapas, los
marcó, dicen, en el sentido de seguir reflexionando qué significa la
autonomía para San Lorenzo.
Los invasores se inventaron mil y un formas para despojar a los
indígenas, como escrituras apócrifas de compra-venta, entre ellas una
que data de 1900, cuando se pagaron 80 pesos por 50 hectáreas.
Lo más común es que los compradores le dijeran amablemente a los
ejidatarios: “Mira, traigo unas cobijitas. ¿No le quieres llevar a tus
hijos, para que no pasen frío?”; o “Llévate estos duraznitos o esta
carnita, nosotros estamos para ayudarlos”. Luego, los mestizos se
cobraban “a la mala”, invadiendo más y más tierras, asegura don José.
“Y así ha sido la historia. Puros engaños; asesinados o colgados,
pero el problema se pone cada día más grave. Una familia es la de los
Sánchez; Leandro tuvo a Josefa y ahora sus hijos y sus nietos siguen
yendo y, con tijeras, mochan el alambrado de nuestra gente y acaban con
su siembra. Es muy grave porque nomás andan viendo cómo largarnos de
nuestras tierras”, reflexiona.
Los pequeños propietarios y un par de habitantes de la comunidad
comenzaron a decir que el gobierno federal los organizó como ejido de
San Lorenzo de Azqueltán y los había dotado de mil 100 hectáreas. Sin
embargo, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI)
revisó el mosaico del Registro Agrario Nacional en 2011 y no aparece
ningún núcleo con ese nombre. Por otro lado, después de la reforma al
artículo 27 constitucional en 1992, ya no existe la creación de ejidos,
pues en teoría ya no hay tierras para repartir.
Vamos a seguir luchando
El comisariado ejidal autónomo Ramiro Márquez y su secretario
Catarino Aguilar Márquez consideran que eso es parte de la embestida
gubernamental para frenar su lucha y comenzar un proceso de
privatización de la región, así como la legitimación de nuevas
invasiones en Azqueltán.
Según Aguilar Márquez, en el pueblo hay dos grupos: el de los
pequeños propietarios y el de los que luchan por recuperar sus predios.
“Los que estamos en la lucha –dice– sabemos que esto es genuino. También
sabemos que la intención (del gobierno) es desaparecernos y vender toda
la sierra en millones. Nos tienen amenazados de que nos van a correr y
la gente ya no se anima a veces ni a sembrar su cuamil.
“Pero hemos entendido que debemos unirnos porque somos descendientes
de gente que lucha; esta amenaza de echarnos es lo que nos une de nuevo.
Por eso decidimos en julio pasado convertirnos en una comunidad
indígena autónoma. Vamos a seguir luchando porque vamos a seguir
viviendo. Nuestro amor es por la tierra.”
Las comunidades wixáritari de Santa Catarina y San Sebastián
Teponahuaxtlán, vecinas de San Lorenzo, ya reconocieron incluso a las
autoridades agrarias autónomas. Saben también cuáles son las historias
de desprecio y despojo.
“Hace poco más de un año comenzaron a pensar qué hacer; algunos no
descartan incluso levantarse en armas. A eso llega uno, porque el
gobierno no apoya y más bien a uno como indígena lo quieren acabar, a
nosotros que lo único que tenemos es la tierra, es justo lo que nos
despojan. Lo que nos queda es ganar la lucha o morir en la lucha, pero
dignamente”, dice el entrevistado.
En el encuentro del CNI también expusieron los casos de los nahuas de
Tuxpan, Jalisco, cuyo principal problema es el despojo para la siembra
de aguacates; de la explotación de hierro en Ayotitlán, donde las
trasnacionales y los grupos del crimen organizado que ahí operan se
benefician de la exportación del mineral hacia China.
“Nos han tenido con el zapato en el buche. Y sí, allá se sienten las
intimidaciones; pero si hubiéramos aflojado ya nos hubieran corrido. Así
que no hay que humillarnos. Vamos a seguir peleando por lo nuestro”,
comentó Indalecio, primo del nahua Celedonio Monroy, quien fue
secuestrado por un comando armado en octubre de 2012.
Salvador Torres, del municipio michoacano de Cherán, compartió la
lucha de su pueblo contra los talamontes, que se conoció el 15 de abril
de 2011, cando se hizo pública, aunque data de hace años. Aquel día,
según Torres, “sentimos que como pueblo volvimos a nacer”.
En esa primera asamblea plenaria, los participantes pidieron que se
respete el derecho inalienable de modificar sus formas de gobierno en un
marco de autonomía y en ejercicio de su libre determinación.
Asimismo
manifestaron su respaldo a las autoridades autónomas de la comunidad
wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltan y pidieron el cese del
despojo de sus bienes comunales reconocidos desde 1777.
“Los intereses capitalistas que amenazan y afectan nuestros
territorios se han coludido con grupos del crimen organizado, nacional e
internacional, con los diferentes órdenes y niveles de gobierno
conformando un fenómeno complejo que se dota de formas legales e
ilegales para despojarnos de nuestros recursos y nuestros territorio”,
indica el documento que suscribieron.
Asimismo, exigen la presentación de Celedonio Monroy y el cese a los
hostigamientos contra Gaudencio Mancilla, ambos comuneros de Ayotitlán,
en la región Costa Sur de Jalisco, así como el respeto a los procesos de
autogobierno y autonomía de Cherán.
Por último, el pronunciamiento advierte que seguirán fortaleciendo su
organización para la libre determinación en un marco de autonomía, así
como para oponerse y resistir a la guerra de exterminio que los
intereses “nacionales y extranjeros han emprendido en nuestra contra”.
El CNI surgió el 12 de octubre de 1996 y la región
Centro-Occidente-Pacífico había sido la más activa en el país. En marzo
de 2011 se realizó la última reunión, en Nurío, Michoacán, y fue hasta
la Cátedra Tata Juan Chávez, en agosto pasado, que se anunció su
reactivación y una nueva regionalización. La de occidente incluye a los
pueblos indígenas de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas,
Querétaro y Durango.
La Segunda Reunión Plenaria de la Región Occidente se realizará en
Bancos de San Hipólito, Durango en una fecha aún por determinar.
/ 28 de noviembre de 2013)
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