CUERNAVACA,
Mor., (apro).- Un juez federal dictó la formal prisión al general
Leopoldo Díaz Pérez, exjefe de la 24 Zona Militar, luego de considerar
que también es responsable de la tortura y muerte de Jethro Ramsés
Sánchez Santana, ocurrida en mayo de 2011.
Héctor Sánchez, padre
de la víctima, exigió al Poder Judicial castigar al general al igual que
a 11 policías federales implicados en la muerte de su hijo, y lamentó
que el militar de alto rango no esté en la cárcel al contar con una
suspensión provisional que evita su detención.
En mayo de 2011, la
policía de Cuernavaca detuvo a Jethro Sánchez y Horacio Cervantes
durante la feria de ciudad. Jethro, según los elementos de seguridad,
habría presumido ser parte de una organización criminal, así que fue
entregado a la Policía Federal (PF).
Más tarde, soldados del Ejército se llevaron a los jóvenes, sin embargo, Horacio fue liberado poco después.
Otra
fue la suerte de Jethro, quien fue torturado y asesinado en los
cuarteles militares y, para ocultar los hechos, los elementos del
Ejército exhumaron clandestinamente el cuerpo del joven en Atlixco,
Puebla.
Durante meses el general Leopoldo Díaz Pérez defendió a
los soldados del 21 Batallón de Infantería y negó ante tribunales
civiles y autoridades estatales haber llevado al joven de 27 años a la
base militar.
También rechazó públicamente la existencia de los
vehículos y números de matrícula donde los elementos castrenses
trasladaron a Jethro.
Ante la presión de organizaciones defensoras
de derechos humanos, las autoridades procesaron a los militares José
Guadalupe Orizaga Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, así como a
José Guadalupe Arias Agredano.
Y el 27 de octubre pasado el juez
primero de distrito ordenó la captura del coronel Marco Antonio
Legorreta. Además, sobre 11 policías federales aún pesan órdenes de
detención.
El juez procesa penalmente al general Leopoldo Díaz por
delitos cometidos por servidores públicos, aunque el mando castrense
enfrenta la acusación en libertad, al contar con un amparo provisional
que evita cualquier “orden de retención, citación, comparecencia y
aprehensión”.
Cipriano Sotelo Salgado, abogado de la familia de
Jethro, explicó que el general tendrá que acudir al juzgado federal a
firmar el libro de gobierno hasta que concluya el juicio penal.
La investigación
La
implicación de militares en la desaparición forzada obligó a que la
Procuraduría General de la República (PGR) entregara la investigación
AP/PGR/SIEDO/312/V a la justicia militar.
Entonces, la Policía
Federal Militar realizó inspecciones en los talleres de carpintería y
herrería en los cuarteles castrenses y detuvo a dos soldados, a quienes
trasladó al Campo Militar número 1.
Ahí confesaron la forma en que
murió el joven y el lugar donde lo enterraron. A los dos elementos los
procesaron por los delitos de tortura, homicidio calificado e inhumación
clandestina.
/29 de noviembre de 2013)
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