MÉXICO,
D.F., (apro).- Primero fue Human Rights Watch (HRW), luego la Oficina
de Washington en América Latina (Wola) y ahora Amnistía Internacional
(AI) la que no ve ningún avance concreto en la contención de
trasgresiones a las garantías individuales durante el primer año de
gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de las reformas al marco legal.
Palabras
más, palabras menos, AI coincidió con HRW y Wola en que si bien se
palpan progresos en el terreno legal, eso no ha logrado tener ninguna
incidencia en la realidad.
“Los avances positivos como la
publicación de la Ley General de Víctimas, la creación de una Unidad
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría
General de la República y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos
Humanos, no han tenido impacto real en la situación en el país”,
puntualiza.
En 2013, agrega, abusos graves como desapariciones
forzadas, feminicidios, abusos contra personas migrantes y ataques
contra personas defensores de derechos humanos y periodistas han
continuado, amparados por la impunidad.
Sobre los casos de
brutalidad policiaca contra manifestantes y las detenciones arbitrarias,
Amnistía Internacional aseguró que han ido en aumento y no se han dado
pasos concretos para modificar la estrategia de seguridad de la
administración de Felipe Calderón.
“Poner fin a los graves abusos a
los derechos humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los
cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones
coordinadas, recursos adecuados y un diálogo efectivo con la sociedad
civil. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda
política”, subrayó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
El
organismo internacional destacó que a pesar de los compromisos que se
hicieron desde el inicio del actual gobierno en materia de derechos
humanos, Peña Nieto “ha fallado en demostrar que los derechos humanos
son su prioridad y, por el contrario, parecería que más bien constituyen
una cuestión accesoria limitada a compromisos que no se traducen en
acciones efectivas”.
Remató:
“La actual administración ha
dejado pasar numerosas oportunidades para demostrar su compromiso (a
favor de los derechos humanos). La sociedad mexicana, y en especial las
víctimas, no esperarán por siempre. Si la actual administración aspira a
restablecer la confianza (…) debe tomar medidas inmediatamente”.
El
pasado martes 26, el director para las Americas de HRW, José Miguel
Vivanco, envió una carta a Peña Nieto en la que le dice que su gobierno
no ha mostrado avances significativos “en la investigación de abusos del
pasado” y, peor aún, que los abusos contra la población civil no han
cesado.
“A casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de
derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente
retórico”, subrayó.
Un día después WOLA se pronunció en el mismo
sentido. Dijo que hay muy pocos avances y se sigue cometiendo una enorme
cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad.
En
un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, WOLA recordó que
al asumir el cargo de presidente, Peña Nieto prometió reducir la
violencia y combatir los delitos que más afectan a la población, pero
hasta ahora, apuntó, los resultados han sido decepcionantes.
Destacó
que tras una ligera caída en septiembre de este año, los homicidios
relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre.
“La
violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el
secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha
provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de autodefensa”,
destacaron Meyer y Bogas en el escrito.
/29 de noviembre de 2013)
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